*Por Ana Elena Obando, Asesora Legal de Equality Now para América Latina y el Caribe, y Milena Páramo, Coordinadora Regional de CLADEM.

En una región con algunas de las tasas más altas de violencia de género y feminicidios en el mundo, fuerzas regresivas siguen impulsando cambios legislativos que erosionan las protecciones legales para las mujeres, al tiempo que recortan los presupuestos destinados a garantizar sus derechos. 

Treinta años de la Convención de Belém do Pará

En medio de este panorama preocupante, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer es una herramienta poderosa para contrarrestar los intentos de retroceso de los derechos de las mujeres.

Adoptada en 1994, hace exactos 30 años, la Convención de Belém do Pará, como se la conoce más ampliamente, es un tratado regional integral que reconoce la violencia contra la mujer como una violación de los derechos humanos y establece las obligaciones de los Estados de actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar los actos de violencia contra la mujer.

Así los países se comprometen a desarrollar leyes, políticas y medidas para lograr los objetivos de la Convención, con el establecimiento de mecanismos judiciales y administrativos para garantizar el acceso a la justicia y la reparación para las sobrevivientes de todas las formas de violencia basada en género.

Pero ante el creciente riesgo para los derechos de las mujeres, debido al ascenso de movimientos ultraconservadores, es vital que todos los gobiernos de América Latina y el Caribe reafirmen su compromiso con este tratado vinculante.

Su plena implementación no solo implica mantener las protecciones legales existentes, sino también fortalecer las leyes para garantizar un apoyo integral a las sobrevivientes y un acceso real a la justicia.

Los derechos de las mujeres están en riesgo en diversos países

El crecimiento del poder político e influencia de grupos ultraconservadores viene poniendo en peligro derechos humanos ya conquistados en países de LAC. Estos grupos utilizan discursos de odio y miedo que atentan contra los derechos, impulsan políticas discriminatorias que refuerzan los roles de género tradicionales y se oponen a las medidas de igualdad de género.

Por ejemplo, en Bolivia, la Ley para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia (Ley 348) está en peligro. Entre las reformas propuestas a la Ley 348 está la de obligar a la presunta víctima de violencia sexual a declarar en una sala con un espejo unidireccional, con un perito y un fiscal observando y luego juzgando la veracidad de su testimonio, el cual, también tendría que ser corroborado por “otros medios de prueba”.

Los senadores y senadoras que defienden el proyecto de ley afirman incorrectamente que la mayoría de las denuncias por violencia sexual son falsas y que la Ley 348 es “antihombres”. Las defensoras de los derechos de las mujeres han expresado su profunda preocupación por la manera en que este proyecto socavaría la eficacia de la ley y supondría un importante retroceso en el acceso a la justicia para las sobrevivientes de violencia sexual.

Los representantes del poder legislativo en Uruguay presentaron este año un proyecto de ley para enmendar la Ley sobre Violencia Basada en Género contra las Mujeres (Ley 19.580). Los defensores del proyecto argumentan que quieren evitar “denuncias falsas” y que la ley actual socava el principio de inocencia y el derecho al debido proceso. También expresan que el testimonio de la presunta víctima tiene demasiado peso judicial, y que las medidas cautelares que involucran acciones legales o restricciones impuestas al presunto agresor durante la investigación y el proceso legal son excesivamente duras.

En junio, políticos de extrema derecha en el Congreso de mayoría conservadora de Brasil intentaron acelerar la legislación que busca equiparar el aborto después de las 22 semanas de embarazo con el homicidio y establecer penas de prisión de seis a veinte años.

El ya conocido como el ‘Proyecto de Ley de Violación’, sería aplicable en casos donde actualmente se permite el aborto, por ejemplo, cuando el embarazo es resultado de una violación, o cuando la vida de la madre está en riesgo. Mientras tanto, el delito de violación tiene una pena de prisión menor, de seis a diez años. Tras la protesta pública generalizada que levantó esta propuesta, el debate sobre el proyecto se ha pospuesto hasta agosto.

Mientras tanto en Argentina, bajo el nuevo gobierno de Javier Milei, los derechos de las mujeres están siendo socavados en múltiples frentes. Esto incluye el cierre del Ministerio de la Mujer y severos recortes presupuestarios a las políticas de violencia de género, lo que afecta significativamente la capacidad del Estado para proteger a las mujeres.

En República Dominicana, el Senado está cerca de aprobar un proyecto de ley sumamente controvertido para un nuevo Código Penal. Este proyecto mantiene la prohibición total del aborto en el país y reduce las penas por violencia sexual conyugal, etiquetándola como "actividad sexual no consensuada". La criminalización del aborto es incompatible con las obligaciones internacionales de derechos humanos de la República Dominicana.

Los ejemplos anteriores violan las obligaciones legales de los Estados de LAC bajo la Convención de Belém do Pará, que establece que no pueden retroceder en el progreso realizado para garantizar el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia.

La plena Implementación de la Convención de Belém do Pará es urgente

Con base en la Convención, numerosos países de LAC han implementado una serie de leyes y programas progresistas, y han fortalecido las instituciones para abordar la violencia contra las mujeres. Esto se discutió durante la IX Conferencia de Estados Parte en junio de 2024, cuando representantes estatales, representantes de Naciones Unidas, legisladores/as y la sociedad civil se reunieron para celebrar el aniversario de la Convención y evaluar los logros y desafíos.

A pesar de los avances, la violencia contra las mujeres y las niñas sigue siendo devastadora. La prevalencia del feminicidio, la violencia sexual, la trata y la explotación sexual son alarmantes indicadores de esta realidad.

Las organizaciones feministas y de mujeres seguirán resistiendo la ola ultra-conservadora que amenaza los derechos humanos. Legisladores y responsables de políticas deben actuar respetando el Estado de Derecho, resistiendo esfuerzos regresivos para derogar leyes de protección, recortar presupuestos de género, desmantelar mecanismos de igualdad y socavar compromisos internacionales de derechos de las mujeres.

Establecer la Convención de Belém do Pará como un pilar de las agendas políticas y garantizar su implementación inmediata es crucial para que mujeres, adolescentes y niñas disfruten de vidas libres de violencia de género en la región.

Crédito de la foto: Jacqueline Staforelli (Creative Commons)

*Este artículo se publicó originalmente en El Desconcierto