Este 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM) – El Salvador- expresa su preocupación por la situación de violencia contra las mujeres y niñas y hace un llamado al Estado Salvadoreño para que cumpla con las obligaciones de respeto, protección y garantía de derechos.

De acuerdo con el Informe exhaustivo nacional Beijing +30 del año 2024, el Estado de El Salvador, reconoce los compromisos adquiridos a partir de la legislación nacional e internacional en materia de Derechos de las Mujeres y de reportar avances concretos en relación con la igualdad de género y empoderamiento de las mujeres, reduciendo en el año 2022 el índice de desigualdad de género, el cual abarca dimensiones relacionadas con salud, educación, participación política y laboral, que se miden a partir de la tasa de mortalidad materna y la tasa de fecundidad en adolescentes; la culminación de la educación básica; la ocupación de escaños en la Asamblea Legislativa mediante las cuales se identifican las desigualdades entre mujeres y hombres. Este informe, reportó que entre 2019 y 2022, la tasa de feminicidios se redujo en un 53.3% por cada 100.000 mujeres y la continuidad del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU) como ente rector en materia de políticas públicas de igualdad y derechos de las mujeres.

A pesar de lo anterior, desde los últimos años, se evidencia un difícil acceso a información pública que incluye datos estadísticos actualizados y verificados sobre la violencia contra las mujeres, que permitan analizar crítica y objetivamente la situación de violencia a partir de información proporcionada por las instituciones vinculadas a la prestación de servicios esenciales. 

Reportes periodísticos dan cuenta de 33 feminicidios en lo que va del año 2024 , ocurridos en su mayoría por exparejas, estos hechos ponen en evidencia que la violencia contra las mujeres afecta a todas las mujeres sin importar su nivel académico, posición económica, u otra condición social, al contar entre sus víctimas a mujeres abogadas, médicas, políticas, entre otras. Estos hechos pasan casi desapercibidos a nivel mediático, sin posicionamiento institucional oficial que desde la sensibilización e información, aporte para la deconstrucción de patrones socioculturales de violencia contra las mujeres y niñas. 

En cuanto a la violencia sexual y los embarazos en niñas y adolescentes, los periódicos reportan que durante el primer semestre del año se registraron 4,000 niñas y adolescentes embarazadas en El Salvador, en 2022 la cifra fue de más de 10,000 y para 2023 superó los 8,000 embarazos , estos embarazos suponen una alarmante violencia sexual en los diferentes ámbitos en que se desenvuelven las niñas y adolescentes, especialmente de entornos protectores como la familia y la escuela. 

Lo anterior, evidencia que las violencias contra las mujeres siguen en aumento, sin contar con medidas contundentes que propongan cambios estructurales para prevenirla y erradicarla, compromiso que debe ser sistemático, coherente y sostenido.

Instamos al Estado Salvadoreño y a sus funcionarios y funcionarias, a cumplir con su compromiso de respetar y garantizar el goce efectivo de los derechos de las mujeres en todo su ciclo de vida, adoptando medidas afirmativas y efectivas que prevengan la violencia y que aporten en la reparación integral del daño, incluyendo la garantía de no repetición y la incorporación de victimarios en programas para la deconstrucción de masculinidades hegemónicas; así como, asegurar una institucionalidad sensible y funcional con enfoque de derechos humanos y género. 

Exigimos el cumplimiento de los estándares de protección de Derechos Humanos, y que de acuerdo con Relatoría Especial sobre la violencia contra la mujer de las Naciones Unidas, los Estados, deben adoptar medidas para cumplir con sus obligaciones internacionales de debida diligencia en cuanto a prevención. En tal sentido, el Estado Salvadoreño debe: asegurar garantías constitucionales sobre la igualdad de la mujer; verificar la existencia y aplicabilidad de leyes nacionales y sanciones administrativas que proporcionen reparación adecuada a las mujeres víctimas de la violencia, en los diferentes ámbitos; proponer y ejecutar políticas o planes de acción que se ocupen de la cuestión de la violencia contra la mujer; sensibilización del sistema de justicia penal y la policía en cuanto a cuestiones de género, accesibilidad y disponibilidad de servicios de apoyo; promover  medidas para aumentar la sensibilización y modificar las políticas discriminatorias en la esfera de la educación y en los medios de información, y reunión de datos y elaboración de estadísticas sobre la violencia contra la mujer.

¡Por un Estado que cumpla con los derechos humanos de las mujeres!

25 de noviembre, 2024

www.cladem.org; correo electrónico: clademelsalvador@gmail.com