Cladem informó al Comité CEDAW que hizo el Estado Uruguayo sobre este delito

La coalición integrada por Cladem, Iniciativas Sanitarias, Colectiva Mujeres, Instituto Afrodescendiente de Investigación, Estudio y Desarrollo reportó al Comité CEDAW en 2023 Revisión periódica a Uruguay:

Nuestro país cuenta con herramientas de política pública para enfrentar el fenómeno de la trata sexual, sin embargo, la respuesta desde el Estado es insuficiente en los territorios. La insuficiencia de esas respuestas llevó a la formación del colectivo feminista “¿Dónde están nuestras gurisas?” en el año 2018 (DENG), en apoyo a madres de mujeres desaparecidas y que hoy tiene alcance nacional. [1]

Algunas cifras:

El colectivo DENG registró 280 casos entre principios de 2018 y agosto de 2022, de esos, 243 mujeres desaparecieron de manera intermitente o por períodos cortos, un fenómeno que es recurrente y ha sido detectado por las organizaciones de sociedad civil que trabajan en territorio[2] 20 aparecieron muertas y 17 siguen desaparecidas.

A diciembre de 2022 se denunció la desaparición de 40 jóvenes por causas relacionadas con la trata o la explotación sexual.[3]

Pedimos al Comité que Recomiende a Uruguay:

1. Que el Estado actúe con debida diligencia recibiendo las denuncias de desapariciones sin estereotipos discriminatorios.
2. Que el Estado implemente registros confiables y útiles para la investigación en casos de jóvenes desaparecidas.
3. Que el Estado proceda a la investigación de manera seria, imparcial y sostenida hasta encontrarlas, articulando con organismos de búsqueda e investigación de crimen organizado.
4. Que el Estado implemente alertas tempranas para la búsqueda, articulando con sociedad civil con trayectoria en la temática.

El Comité, preocupado por la violencia de género, advirtió:

• El número limitado de medidas para prevenir, enjuiciar y sancionar debidamente a los autores del delito de trata de personas, en particular de mujeres y niñas, con fines de explotación sexual y trabajo forzoso en el Estado parte, así como el mayor riesgo de ser víctimas de la trata que corren las mujeres afrodescendientes, las mujeres transgénero y las migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo en las zonas fronterizas;
• La limitada aplicación de un proceso formal para la detección temprana de las víctimas de la trata y para su remisión a los servicios apropiados.

Recomendó:

                       22. Estado parte que:

1. Asigne recursos humanos, técnicos y financieros adecuados para la implementación de la Ley Nº 19.643 y para el Consejo Nacional para la Prevención y Combate a la Trata y la Explotación de Personas, a fin de asegurar el seguimiento y la evaluación efectivos de las leyes y políticas contra la trata en el Estado parte;
2.  Refuerce la capacitación de jueces, fiscales, agentes de policía y otros funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, personal de control de fronteras y proveedores de atención de salud para asegurar la detección de las víctimas de la trata, incluidas las mujeres que ejercen la prostitución, y su remisión a los servicios de protección y rehabilitación adecuados, así como para garantizar que los autores sean efectivamente investigados, procesados y condenados adecuadamente;
3. Vele por que las mujeres y niñas víctimas de la trata tengan acceso adecuado a los servicios de apoyo a las víctimas en todo el Estado parte, incluidos refugios, servicios de asesoramiento, programas de reintegración y permisos de residencia temporal, así como acceso efectivo a los procedimientos de determinación de la condición de refugiado para quienes necesiten protección internacional, independientemente de su capacidad o voluntad de cooperar con las fiscalías;
4. Mejore la capacidad para la pronta identificación y remisión de las víctimas de la trata, en particular mediante la adopción de directrices para los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y para el personal de respuesta de primera línea apoyado por el Gobierno.

En resumen, Uruguay cuenta con herramientas para enfrentar el crimen de Trata, sus causas y consecuencias, con especial atención a mujeres, niñas y adolescentes afrodescendientes, migrantes y en situación de pobreza. Sin embargo, no adopta medidas preventivas como registros adecuados de desapariciones y seguimiento de las mismas. Las cifras diferentes desde el Estado muestran que no se atiende, focaliza el problema, tampoco se responde articuladamente.

No hay protocolos para alertas tempranas en caso de desapariciones.

Los organismos estatales de protección muestran fallos graves en la protección de adolescentes. Como consecuencia, ocurren casos de adolescentes muertas por violencia sexual y embarazos. Un caso notorio fue el de una adolescente muerta al parir en junio 2024.

No destina presupuestos que efectivamente se usen para estos cometidos.

Ha cerrado el diálogo y trabajo con organizaciones de sociedad civil expertas y con trayectoria.

La falta de capacitación y deshumanización de los servicios de atención, sin controles y sanciones a funcionariado, genera impunidad.

¿Por qué es importante que el Estado registre, investigue, no abandone las denuncias de desapariciones, sin discriminación?

Porque la discriminación por condición de migrante, adolescente y responsable que responde a las víctimas y sus familias, obstaculiza el acceso a la justicia y asegura a los tratantes y explotadores que no serán castigados.

Accede al Informe Alternativo enviado al Comité de Expertas CEDAW: https://cladem.org/biblioteca/informe-alternativo-cedaw--uruguay 

[1]https://dondeestannuestrasgurisas.org/nosotras/

[2]Informe Dueños de personas, personas con dueño de la asociación civil El Paso, 2020

[3]https://www.m24.com.uy/no-hay-una-partida-especifica-del-mides-para-luchar-contra-la-trata-con-fines-de-explotacion-sexual-pese-a-que-ley-lo-preve-reclama-colectivo/