El Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres - CLADEM, red feminista en la que participan 15 países de la región se adhiere al comunicado de uno de sus países miembros CLADEM Panamá en relación a la reciente Ley 406  sobre el contrato minero , tal como indican las organizaciones feministas en el texto que a continuación señalamos 

Las organizaciones y colectivas feministas, mujeres feministas independientes y activistas de derechos humanos, que integran la RED NACIONAL FEMINISTA DE PANAMÁ, en formación, manifestamos al país, al Gobierno Nacional, a la Asamblea Nacional de Diputados y Diputadas y a la comunidad internacional nuestra firme oposición a la reciente firma del Contrato de Concesión Minera entre el Estado (Gobierno Nacional) y la Empresa Minera Panamá S.A. (antes Minera Petaquilla S.A.) que fue aprobado por la Asamblea Nacional, sancionado por el Presidente Laurentino Cortizo Cohen y promulgado en Gaceta Oficial, en tiempo récord, menos de 4 días, para comprometer nuestro corredor biológico a la mayor contaminación y depredación ambiental.

La Ley 9 de 26 de febrero de 1997, promulgada en la Gaceta Oficial 23235 de 28 de febrero de 1997, aprobó el Contrato de Concesión Minera celebrado entre el Estado panameño y Minera Petaquilla, S.A., hoy Minera Panamá, S.A., contrato que fue declarado INCONSTITUCIONAL por el pleno de la Corte Suprema de Justicia bajo Resolución del 21 de diciembre de 2017, y no es hasta diciembre de 2021 que se promulga en Gaceta Oficial. De allí, manteniéndose al margen de la ilegalidad y haciendo caso omiso como bien señala el propio Ministerio de Comercio e Industrias a través de la Resolución 2022-234 de 19 de diciembre de 2022, es indicativo de que dicha Empresa elude sus responsabilidades e incumple con la normativa nacional y actúa bajo amenazas e intimidación lesionando nuestra soberanía, nuestro territorio y la seguridad nacional, vulnerando nuestros derechos ciudadanos y constitucionales.

Nos sumamos a las voces de protesta y a las acciones que distintos gremios profesionales, docentes y otros han manifestado a partir del lunes 22 de octubre de 2023, como un derecho humano irrefutable de protesta y a la contundencia de la voluntad popular que rechaza de forma categórica este nefasto contrato que lesiona los intereses de la República de Panamá y condena a la presente y futuras generaciones al mayor daño ambiental y ecológico, a la contaminación de nuestros recursos y a menoscabar y poner en peligro nuestra biodiversidad y nuestra cuenca hídrica, daños que son irreparables e irreversibles. Por lo tanto, exigimos la derogación de la Ley 406 de 20 de octubre de 2023 que aprueba este contrato de concesión minera y que fue publicado en la Gaceta Oficial 29894-A de 20 de octubre de 2023 y que se declare moratoria minera en todo el territorio de la República de Panamá.

A través de este contrato ilegal, inconsulto, inconstitucional y perjudicial para el Estado panameño se otorgan derechos exclusivos para explorar, extraer, explotar, beneficiar, procesar, refinar, transportar, vender y comercializar el mineral metálico cobre, y además, sus minerales asociados en los corregimientos de Coclé del Norte, Nueva Esperanza y San Juan de Turbe, distritos de Ornar Torrijos Herrera y Donoso, provincia de Colón y que pueden ser extensivos a otras comunidades. Este atentado contra nuestro país representa una clara y abierta carta para la destrucción de los medios de vida, especialmente del acceso al agua de calidad y a la agricultura familiar, así como la lesión permanente a nuestras cuencas hidrográficas (corredor Mesoamericano y Canal de Panamá) y todo lo que conlleva la ausencia de agua para la salud de las mujeres, su familia, alimentación y cuidado.

Señalamos a la minería y todas sus actividades conexas no sólo como una industria altamente contaminante de suelo, fuentes de agua vitales, de aire, ecosistemas y biodiversidad sino que además atentan contra la seguridad y bienestar de niñas y mujeres en ocasiones expuestas a hombres ajenos a la zona, antros y prácticas sin ningún tipo de control, y que han sido denunciados en reiteradas ocasiones sin que a la fecha, con la celeridad de la firma de este Contrato entreguista, se haya propugnado por el bienestar de las mujeres y niñas principales víctimas de cualquier manifestación de violencia en dicha zona.

Por último, condenamos la desigualdad y la exclusión social que gobierno tras gobierno mantiene a las poblaciones rurales, campesinas e indígenas como factor de vulnerabilidad ante la entrada de los proyectos extractivos mineros que aprovechan las necesidades de estas poblaciones y exigimos que la Asamblea Nacional y el Presidente de la República con ese mismo ímpetu y con la rapidez que han demostrado en sus intereses por contar con una actividad altamente contaminante como es la minería a cielo abierto, aprueben de forma inmediata y sin ningún tipo de demora los proyectos de ley para la protección y tutela judicial efectiva de las víctimas de abuso sexual, sobre el debate de los acuerdos de pena, el marco regulatorio de esterilización, las manifestaciones de violencia que cada día cobran las víctimas de mujeres y niñas a las que el sistema actual les sigue fallando, la imprescriptibilidad de los delitos sexuales cuando las víctimas son menores de edad, reformas penales sustanciales para evitar la impunidad de los agresores sexuales y maltratadores de este país.

La red CLADEM sigue de cerca los acontecimientos y espera que a corto plazo se pueda llegar a soluciones en favor  su población en general  y sobre todo las mujeres que serán altamente afectadas tal como ha sucedido en experiencia similares sobre proyectos mineros  en la región y el mundo