El 8 de octubre, CLADEM El Salvador presentó su Informe Alternativo ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Comité CEDAW). Esta iniciativa forma parte de las actividades de monitoreo que nuestra red realiza para evaluar el cumplimiento de los Estados respecto a las obligaciones establecidas en la Convención CEDAW.

En El Salvador no existe ningún mecanismo estatal para monitorear las recomendaciones del Comité CEDAW ni de otros Órganos de Tratado. Ante esta carencia, las organizaciones de la sociedad civil asumimos esta tarea, enfrentando múltiples dificultades, entre ellas, la notable dispersión de la información sobre las acciones del Estado en materia de derechos de las mujeres.

Para CLADEM resulta fundamental señalar tanto las amenazas como las “deudas pendientes” que el Estado salvadoreño tiene con las mujeres. En este contexto, el Informe subraya la implementación del “Estado de Excepción” hace dos años, justificado como una medida contra la violencia de las pandillas. Esta política ha conllevado la suspensión de garantías constitucionales, afectando tanto a la ciudadanía como a la labor de las organizaciones sociales y de derechos humanos que operan en el país.

Nuestro Informe Alternativo examina las acciones que el Estado salvadoreño reportó al Comité CEDAW en julio de 2021. Estas acciones, lejos de representar avances, reflejan retrocesos significativos respecto a los compromisos establecidos por la Convención. Entre los aspectos más preocupantes se encuentran la prohibición de la educación integral en sexualidad y la consecuente eliminación de materiales informativos sobre derechos sexuales y reproductivos tanto en el sistema educativo como en el de salud, además de la prohibición del uso de la categoría “género”. A esto se suma la reducción de comisiones legislativas a partir del 1 de mayo de este año y la desintegración de la Comisión de la Mujer y la Igualdad de Género.

Hemos constatado también retrocesos en el acceso a la justicia para casos de violencia sexual, feminicidio y otras formas de violencia contra las mujeres, así como una evidente falta de voluntad política para incorporar principios de igualdad y no discriminación en las normativas ministeriales que permitan, por ejemplo, alcanzar la equidad de género en el ámbito laboral. Además, observamos que los objetivos de la Política Nacional de Corresponsabilidad de los Cuidados 2022-2030, que busca involucrar a más actores, especialmente a los hombres, en las tareas de cuidado –una responsabilidad que recae mayoritariamente en las mujeres– no se están cumpliendo.

Nuestro informe también subraya que “El Salvador es uno de los países con las leyes más severas contra el aborto, ya que prohíbe toda forma de interrupción, sin excepción, incluso cuando está en riesgo la vida de la madre o si el embarazo es resultado de una violación, incesto o involucra a una menor de edad”. En las últimas décadas, “al menos 180 mujeres salvadoreñas han sido procesadas o encarceladas por el delito de aborto o por asesinato agravado, según la legislación actual”.