Organizaciones presentan Informe Alternativo sobre la situación de derechos de las mujeres en Argentina ante el Comité CEDAW
06 de Enero 2026
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El Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM), junto a Católicas por el Derecho a Decidir, ACDH, AMADH, la Colectiva Feminista Federal y otras organizaciones de la sociedad civil, presentaron un informe alternativo ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) de Naciones Unidas, documentando el grave deterioro de las políticas públicas de género en Argentina. El documento, presentado para el 92° período de sesiones del Comité CEDAW, identifica retrocesos significativos en múltiples áreas:
Desmantelamiento institucional y presupuestario
El informe documenta la eliminación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad en diciembre de 2023 y un recorte presupuestario del 89% en políticas de género entre 2023 y 2026. Programas esenciales como el Programa Acompañar, la Línea 144 y el Sistema Integrado de Casos de Violencia por Motivos de Género (SICVG) han sido desmantelados o gravemente debilitados.
Violencia de género: cifras alarmantes
En 2024 se registraron 247 víctimas letales de violencia de género, según datos de la Corte Suprema de Justicia. El análisis interseccional revela una situación crítica para mujeres trans y travestis, cuya tasa de femicidios es doce veces superior a la general. El informe destaca fallas estructurales en las medidas de protección, que con frecuencia resultan tardías, insuficientes o ineficaces.
Poblaciones en situación de especial vulnerabilidad
El documento presta especial atención a los impactos diferenciados sobre:
- Mujeres indígenas: La derogación de la prórroga de la Ley 26.160 aumenta riesgos de desalojos y pérdida territorial, con criminalización de lideresas indígenas.
- Mujeres migrantes y refugiadas: Las reformas migratorias adoptan un enfoque de seguridad en lugar de derechos humanos, restringiendo acceso a salud y aumentando riesgos de expulsión.
- Mujeres con discapacidad: La Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad fue suspendida por el Poder Ejecutivo, privando de medidas urgentes.
- Adultas mayores: Enfrentan jubilaciones insuficientes con pérdida de poder adquisitivo por desigualdades acumuladas.
Salud sexual y reproductiva: acceso restringido
El presupuesto del Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva sufrió una reducción del 86% en 2024. Se interrumpió la compra y distribución nacional de insumos para la interrupción del embarazo, y persisten prácticas de criminalización de emergencias obstétricas. El Plan ENIA, que había logrado reducir el embarazo adolescente en 58%, fue desfinanciado en un 85%.
Violencia institucional y acceso a la justicia
El informe denuncia el uso del falso Síndrome de Alienación Parental (SAP) en procesos judiciales, que desacredita denuncias de violencia y abuso sexual, estigmatiza a las mujeres y desprotege a niñas, niños y adolescentes. Documenta casos paradigmáticos como el de Paola Ortiz, condenada a prisión perpetua tras una emergencia obstétrica en contexto de extrema vulnerabilidad.
Violencia política y digital
Una investigación reciente muestra que el 82,4% de mujeres en política ha sufrido violencia de manera reiterada, con un incremento del 91,2% desde el inicio del actual gobierno. La violencia digital también constituye una problemática creciente sin diagnósticos integrales ni datos oficiales suficientes.
Precarización laboral y económica
Persisten brechas estructurales: las mujeres presentan mayor desocupación (7,4% frente a 5,9% de varones), mayor informalidad y menores ingresos. El 70% de los hogares monomarentales debió recurrir a endeudamiento para cubrir necesidades básicas en 2023, mientras el 56% de las madres no recibe cuota alimentaria.
Recomendaciones urgentes
- Restituir y fortalecer los Mecanismos de Adelanto para las Mujeres con presupuesto suficiente
- Recuperar el etiquetado presupuestario con enfoque de género
- Restablecer sistemas de información como el SICVG
- Prohibir expresamente el uso del falso SAP en procesos judiciales
- Revertir reformas regresivas en materia migratoria y refugio
- Garantizar implementación federal de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo
- Implementar políticas integrales contra la trata y explotación sexual
- Desarrollar un sistema integral de cuidados
Las organizaciones enfatizan que, si bien Argentina cuenta con marcos normativos avanzados, se verifican retrocesos materiales e institucionales que comprometen la debida diligencia estatal, la no discriminación y la igualdad sustantiva exigida por la CEDAW. Las organizaciones quedan a disposición del Comité CEDAW para ampliar la información y participar del diálogo constructivo con el Estado argentino durante el proceso de evaluación.
Organizaciones firmantes: CLADEM, Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos (ACDH), Asociación de Mujeres Argentinas por los Derechos Humanos (AMADH), Católicas por el Derecho a Decidir (CDD), Colectiva Feminista Federal por la Democracia y los DDHH, Ciudades Feministas (CISCSA), AEVAS, Asociación Civil Incidencia Feminista, Mesa Nacional contra el abuso sexual a niños, niñas y adolescentes, Asociación Lola Mora, Feministas sin Fronteras.
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