En 2016, el Comité de América Latina y El Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer - CLADEM llevó adelante una Campaña Regional tendiente a mostrar la magnitud y el impacto de los embarazos infantiles (ocurridos en niñas menores de 15 años) en los 15 países de América Latina donde la red hace presencia.
El interés y la preocupación por esta realidad que afecta a miles de niñas en nuestra región provino del caso Mainumby2 una niña indígena paraguaya de 11 años (en 2015) que resultó embarazada producto de sucesivas violaciones por parte de su padrastro. La niña acudió al hospital en compañía de su madre con intensos dolores abdominales y allí no solo corroboraron que los mismos provenían de un embarazo de alto riesgo, sino que la niña de 1,39 metros y 34 kilos sufría de desnutrición y anemia.
El CLADEM junto con Amnistía Internacional presentaron el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para solicitar una Medida Cautelar ante la gravedad, urgencia y la amenaza de daño irreparable para la niña. La Comisión la otorgó3 para instar al país a permitir el aborto, que fue el curso de acción que la niña y su familia solicitaron, y que el hospital había acreditado.
El caso Mainumby impulsó a la red CLADEM a trabajar en la región en varias direcciones sobre esta problemática. En primer lugar, dar a conocer la magnitud y alcance de los embarazos de niñas menores de 15 años en cada país, lo cual implicó acciones para lograr que los estados publicaran los datos desagregados por grupos quinquenales de edad adolescente. En segundo lugar, generar conciencia en la opinión pública para esta problemática alcanzara interés público, no solo por los riesgos de morbilidad y mortalidad materna y perinatal, sino por los impactos en el desarrollo integral de las niñas, además de las consecuencias sociales y económicas sobre las familias y la comunidad que genera que las niñas se conviertan en madres. Finalmente, trabajar para lograr masa crítica tendiente a propiciar modificaciones legales para habilitar la interrupción voluntaria del embarazo en los países con prohibiciones totales a la práctica y ampliación en el abordaje de esta cuestión en países con causales restringidas en la ley y en la práctica.
Además de lo antedicho, el CLADEM destaca que las violencias implicadas en los Embarazos y maternidades infantiles forzadas constituyen un contínuum de violaciones de los derechos humanos de las niñas, consistente en al menos i) el abuso y la violación sexual, lo cual viola su libertad sexual, ii) la obligación de llevar a término embarazos que ellas no buscaron ni desearon y iii) que se les niegue, dificulte, demore y obstaculice su derecho a interrumpirlo, convirtiéndolas en madres por obligación4.
A continuación, presentamos una mirada de la cantidad de nacimientos de madres menores de 15 años en Colombia en el periodo que va de 2008 a 2018.
En 2008, el total de nacimientos de niñas menores de 15 años fue de 6944 y al final del periodo el total se redujo a 5442 nacimientos, lo que representa una reducción del 21,6%. Entre 2014 y 2016 se marca la mayor caída de estos nacimientos (de 6593 a 5551).
Los departamentos en dónde más se producen maternidades infantiles forzadas son Antioquia, Bolívar, Valle del Cauca, Córdoba, Magdalena. Aunque el orden varía según año, Antioquia lidera la lista en todo el periodo. La Ciudad de Bogotá, es el segundo territorio (no departamento), después de Antioquia en cantidad de nacimientos.
Los departamentos de la costa atlántica, seguidos de la costa pacífica aportan más de la mitad de los embarazos infantiles forzados (MIF)
Colombia tiene 1102 municipios distribuidos en 32 departamentos y es en las cabeceras municipales donde se presentan más nacidos vivos de menores de 15 años. En 2018, la ciudad de Medellín es la que más aporta, seguida de Bogotá, Cali, Cartagena y Riohacha
En otra oportunidad revisaremos el comportamiento de las tasas de fecundidad de esta misma población en el mismo periodo. A priori, las tasas de este grupo suelen valorarse como poco significativas, pero lo que quisimos empezar por mostrar los datos absolutos porque estos se traducen en vidas de niñas que de algún modo se suspenden o se rompen por efecto de violencias que la familia, la sociedad y el Estado no pudieron impedir.
Podemos expresar la magnitud de esta problemática de esta manera, en 2008 un promedio de 19 niñas por día en Colombia atravesaron una experiencia como la de la niña Mainymby. Diez años después, 15 menores de 15 años en promedio por día se convertían en madres. Ciertamente hubo una disminución pero mínima si se valora el daño físico, psicológico y emocional que viven tantas niñas por día.
La Sentencia C 876 de 2011 de la Corte Constitucional de Colombia y el Código Penal establecen que las relaciones sexuales con menores de 14 años son un delito. Otro desafío que presenta Colombia además de reducir a mayor velocidad los valores absolutos y relativos de esta problemática es avanzar con las investigaciones tendientes a procesar a los perpetradores de la violencia sexual que viven las niñas. Según la Corte, cada nacimiento en estas edades presupone un delito, por lo que presume la existencia de hechos abusivos y violentos contra menores que vulneran su integridad.
Para el MESECVI, la normativa penal en la región reconoce que los abusos sexuales de niñas menores de 13, 14 y 15 años (según país) constituye un delito, por lo que todo embarazo de estas menores debe considerarse no consentido y, por tanto, producto de violencia sexual, excepto en los casos donde las relaciones sexuales son entre pares. (MESECVI, 2016)
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