Evaluar el progreso hacia la igualdad de género en una región donde persisten profundas brechas de desigualdad entre mujeres y hombres, pero también entre distintos grupos de mujeres, ha requerido articular procesos de contraloría social y seguimiento para la rendición de cuentas, donde los movimientos feministas han desempeñado un papel fundamental.

De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la reducción de la pobreza por ingresos de los hogares en América Latina y el Caribe (ALC) se ha estancado desde 2012. No obstante, este organismo afirma que existe una tendencia creciente a la sobrerrepresentación de mujeres en los hogares en situación de pobreza e indigencia. Al respecto, el Índice de Género de los ODS 2019 de Equal Measures 2030 (EM2030), que mide el desempeño de 129 países en 51 temas relacionados con la igualdad de género, identifica que ALC es la segunda región con el desempeño más bajo respecto de la proporción de la población que vive por debajo del umbral nacional de pobreza (indicador 1a), donde Guatemala (59.3%), Honduras (64.3%) y México (43.6%) presentan un puntaje particularmente bajo.

Ello impacta en mayor medida a las niñas y las mujeres, como lo señala la CEPAL y los hallazgos del indicador complementario propuesto por el Índice sobre las bajas tasas de mujeres que reportan capacidad para comprar alimentos suficientes para ellas y sus familias, principalmente en República Dominicana (40.1%), Jamaica (38.1%) y Venezuela (18%).

Si bien el Índice brinda un panorama a nivel nacional a partir de los datos disponibles para todos los países donde se realizó la medición, trabajar con esta herramienta permite hacer un desglose de los indicadores propuestos para analizar los contextos subnacionales y locales, identificando las brechas de información, lo cual resulta particularmente importante para nuestra región ya que es necesario develar las realidades de las mujeres indígenas, afrodescendientes, con discapacidad, niñas, adolescentes y jóvenes, entre otras, para contribuir al fortalecimiento de planes y programas interseccionales que reconozcan la diversidad cultural, étnica, racial, sexual, intergeneracional y social de América Latina y el Caribe (ALC).

Uno de los temas que particularmente ocupa al Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM) – socia de EM2030 – son los embarazos y maternidades infantiles forzadas. En 2016, el CLADEM realizó un balance regional sobre este tema, síntoma de la desigualdad de género en América Latina y el Caribe. El balance reveló la dificultad de contar con datos homologados y desagregados por edad de todos los embarazos, abortos y partos entre las niñas menores de 14 años en la región, lo cual redunda en un obstáculo para atender de manera integral este fenómeno y por consiguiente, para el cumplimento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Uno de los indicadores contenidos en el Índice es la tasa de fecundidad en adolescentes entre 15 y 19 años para medir el desempeño del ODS 3 (salud y bienestar). El balance regional del CLADEM, suma a estos hallazgos aportando datos adicionales sobre la maternidad infantil forzada, que en 2012, mostraban que 60,690 niñas menores de 14 años se convirtieron en madres en 12 países de la región; cifras que no se han reducido en los últimos años y en algunos países, han aumentado.

La evidencia indica que a pesar de los compromisos establecidos a nivel internacional, las medidas para prevenir y eliminar la discriminación y las violencias contra las niñas, garantizando su acceso a servicios integrales de salud y a la justicia, no han sido eficaces o no se han implementado adecuadamente. Aunado a ello, el Índice reitera el deficiente desempeño de los países de América Latina y el Caribe en relación con el acceso al aborto legal (indicador 5c) y seguro, fundamental para el ejercicio de los derechos de las mujeres y las niñas. Al respecto, 16 de ellos obtuvieron un puntaje de 50 o menos, lo que representa una calificación reprobatoria.

El Índice también revela que América Latina y el Caribe es la región con el puntaje más bajo en el mundo respecto de los indicadores relacionados con la seguridad física de las mujeres (ya sea seguridad caminando por la noche, percepciones de la violencia en la pareja, asesinatos de mujeres, o estabilidad del estado), con un desempeño deficiente en la reducción de la violencia feminicida/femicida.

Dicha violencia se agrava en los contextos de violencia generalizada, de conflictos políticos y sociales que enfrentan muchos de nuestros países, particularmente Guatemala, Honduras, Nicaragua y Venezuela, lo cual nos exige colaborar con los estados para implementar medidas integrales urgentes para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas.

En ambos casos los datos y la información generada a partir del uso de las herramientas desarrolladas por EM2030 brindan elementos para visibilizar dónde hemos avanzado, dónde ha habido o existen riesgos de retroceso y qué retos persisten, a fin de fortalecer las acciones de incidencia política a nivel local, nacional, regional e internacional a favor de los derechos de las mujeres y niñas de América Latina y el Caribe.