Lima, Bogotá, Washington, D.C. 26 de junio de 2024. El lunes 24 de junio, la Corte Suprema de Chile ordenó ampliar la extradición contra Alberto Fujimori por  delitos, que por las características de su comisión configuran crímenes de lesa humanidad,  en perjuicio de Mamérita Mestanza, Celia Ramos Durand y otras víctimas del caso de "Esterilizaciones forzadas". 

Celia Ramos y Mamérita Mestanza fallecieron debido a complicaciones derivadas de la política de esterilizaciones forzadas ejecutada mediante el "Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar" en la dictadura de Fujimori. Desde Demus estudio para la defensa de los derechos de la mujer, el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM), la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), el Centro de Derechos Reproductivos (CDR) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), organizaciones representantes de las víctimas en los casos de Celia Ramos y de Mamérita Mestanza, manifestamos que esta decisión implica un avance en la investigación y juicio de estos crímenes. 

Este programa fue una iniciativa aplicada entre 1996 y el año 2001 en Perú que tenía como objetivo disminuir la tasa de fecundidad en Perú. Como parte del plan, se establecieron cuotas de “anticoncepción quirúrgicas” al año e incentivos dirigidos a reclutar a mujeres para someterse a la esterilización. Para cumplir con las cuotas establecidas, se recurrió al uso de amenazas, presiones indebidas, hostigamiento, desinformación, entre otros mecanismos para coaccionar a mujeres para someterlas a estas cirugías, especialmente a jóvenes y de zonas marginadas de Perú. Se estima que hubo 272,028 esterilizaciones de mujeres en Perú durante el gobierno de Alberto Fujimori.

En su decisión, la Corte Suprema de Chile describió las esterilizaciones forzadas ocurridas durante el gobierno de Alberto Fujimori como “(...) un acto de crueldad extrema y de desprecio por la dignidad de la persona humana, lesivo de valores esenciales que la humanidad ha reconocido para cada ser humano”. En relación a la responsabilidad de Alberto Fujimori en estos hechos, la Corte concluyó que “Existen presunciones fundadas o indicios razonables” de que Fujimori “(...) impulsó una agresiva Política de Planificación Familiar que tenía por objeto aplicar preferentemente y de manera masiva un sistema de anticoncepción quirúrgica respecto de mujeres de estratos socioeconómicos bajos, de zonas rurales, o urbano marginales y de pueblos indígenas, a través de la imposición de metas, cuotas de captación de pacientes, incentivos y sanciones a funcionarios de salud. De ello resultaron prácticas que pasaron por alto el debido consentimiento informado de quienes eran sometidas a dicha técnica”. 

En su razonamiento, la Corte Suprema de Chile también destacó el carácter de imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad como una norma imperativa de derecho internacional general (ius cogens) y normas consuetudinarias, tal como ha sido reconocido en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y diversos tribunales constitucionales de la región. Por ello, determinó que los casos de esterilizaciones forzadas y las otras cuatro causas en las que concedió la ampliación de la extradición de Alberto Fujimori son “conductas intolerables, que no pueden permanecer en la impunidad, sino que deben ser investigadas, juzgadas y sancionadas, sin que importe o sea un impedimento el tiempo en que se hayan cometido”. 

Asimismo, cabe destacar que la decisión de la Corte Suprema de Chile consideró como evidencia la prueba presentada en el marco de los casos de Mamérita Mestanza conocido ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) y el informe de fondo de esta misma Comisión en el caso de Celia Ramos vs. Perú. Este último se encuentra actualmente en trámite ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.