¡EL ESTADO SALVADOREÑO DEBE GARANTIZAR EL DERECHO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA!

El Salvador-, este 25 de noviembre, Día Internacional y Nacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, manifiesta su preocupación por la situación de violencia hacia las mujeres en todo su ciclo de vida, reconociendo que subsisten prácticas sociales, culturales e institucionales que naturalizan la violencia desde la niñez y adolescencia y se refuerzan a lo largo de la vida hasta, inclusive, acabar con la vida de las mujeres.

La violencia contra las mujeres no cesa, pese a los esfuerzos por implementar una jurisdicción especializada para una vida libre de violencia y discriminación hacia las mujeres, ya que la misma crea condiciones para el acceso a la justicia y posible sanción de los agresores, más no para la prevención, atención y reparación del daño a las víctimas y sobrevivientes de violencia. 

En El Salvador, en el periodo comprendido entre el año 2019-2022, ocurrieron 93.593 hechos de Violencia contra las mujeres, entre los cuales se encuentran homicidios y feminicidios, violencia sexual, física, patrimonial, laboral, psicológica y económica, trata de personas y otros delitos contemplados en la Ley Especial Integral para una vida libre de violencia para las mujeres, reportando un promedio anual de 23.398 hechos denunciados, que no incluyen aquellos que quedan en el silencio y bajo la impunidad. (Ministerio de Justicia y Seguridad Pública. Informe de Hechos, Estado y Situación de la Violencia contra las Mujeres El Salvador, 2022).

De acuerdo con la tipificación que realiza la Fiscalía General de la República, en el año 2022, 71 mujeres fueron asesinadas de forma violenta, de las cuales 53 (74.6 %) ocurrieron motivados por la misoginia, es decir, odio o desprecio por ser mujeres; siendo las principales afectadas las mujeres jóvenes y adultas. No obstante, se ha reportado la disminución de la violencia feminicida; mientras que se reportó un preocupante aumento de la violencia patrimonial, laboral y psicológica en un 14.6 % respecto a 2021; mientras que los casos reportados de violencia laboral y psicológica incrementaron en un 36.2 % y 45.2 %, respectivamente. 

En cuanto a los embarazos en niñas y adolescentes, se tiene que en su mayoría se trata de embarazos forzados en los que ha mediado la violencia sexual ejercida por familiares o conocidos de las niñas y adolescentes víctimas, quienes frenan su proyecto de vida frente a este acto de tortura. En el primer trimestre del 2023, el Ministerio de Salud registró 33 niñas entre 9 y 11 años que dieron a luz, de los cuales el 69% procede de zonas rurales (Alianza para la salud sexual y salud reproductiva de El Salvador).

El Consejo de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia (Conapina), reporta del 1 de enero al 31 de octubre del presente año: 15.729 vulneraciones a derechos de niñas y adolescentes mujeres (59% del total); de este total, 2.535 se refieren a embarazos en niñas y adolescentes. Durante los años 2021 y 2022 recibió 6.630 hechos de violencia sexual hacia niñas, niños y adolescentes; del total de estas vulneraciones, el 94.44% se trataba de víctimas niñas y adolescentes mujeres que incluía 749 embarazos en niñas y adolescentes mujeres, 51 violaciones, 608 abusos sexuales y 113 agresiones sexuales. El reporte de embarazos en niñas y adolescentes no es coincidente con datos del MINSAL, que únicamente registra la cantidad de niñas y adolescentes que dan a luz no habiendo cumplido la mayoría de edad, quedando invisible los partos de mujeres que habiendo cumplido dieciocho años de edad, fueron violadas siendo adolescentes. (Consejo de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia -CONAPINA- Observatorio de Derechos de Primera Infancia, Niñez y Adolescencia en El Salvador, 2023)

En general, la violencia hacia las mujeres sigue ocurriendo en todos los ámbitos, siendo reforzada por patrones socioculturales y prácticas familiares, sociales e institucionales que la justifican y omiten tomar acción para prevenirla y erradicarla; mientras que subsiste la desconfianza de las víctimas en los sistemas de justicia e instituciones, aunado a las limitantes económicas, de distancia y otras que dificultan la denuncia y prosecución de los procesos judiciales y administrativos que tutelan sus derechos.

Por todo lo anterior, CLADEM hace un llamado a las instituciones del Estado, principalmente al ente rector en materia de derechos de las mujeres, y a las instituciones del Sistema de Justicia, a visibilizar la situación de violencia contra las mujeres y tomar acciones urgentes y afirmativas para prevenirla, erradicarla y sancionar a los agresores, asegurando reparaciones efectivas del daño a las víctimas.

Ningún acto de violencia contra niñas, adolescentes y mujeres debe quedar impune y la sociedad debe aprender a indignarse y a no tolerarla; solo así podremos salir de esta pandemia que significa la violencia de género y feminicida.