El Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM El Salvador) presentó ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) de Naciones Unidas un informe alternativo en el que documenta una profunda regresión en la protección de los derechos de las mujeres salvadoreñas. El documento fue elaborado en consulta con organizaciones feministas y del movimiento de mujeres, y contrasta lo declarado por el Estado en su informe periódico de 2021 con la realidad verificada en terreno.

El informe abarca seis áreas críticas: acceso a la justicia, mecanismos institucionales para el adelanto de la mujer, violencia de género, educación, empleo y salud sexual y reproductiva. En todos ellos, CLADEM identifica retrocesos concretos atribuibles a decisiones adoptadas por la actual administración, en lo que la organización describe como una alineación con "la tendencia regional del antifeminismo y anti-derechos".

Cifras que evidencian la impunidad

El desmantelamiento del ISDEMU

Uno de los hallazgos más graves del informe es la neutralización del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU), históricamente el ente rector de la política nacional de la mujer. Según CLADEM, el ISDEMU ha sido excluido de las principales acciones de la actual gestión de gobierno, incluido el Plan de Control Territorial —la política de seguridad insignia del presidente Nayib Bukele—, que el informe describe como "ciego al género". Además, la disolución en julio de 2022 de la Dirección General de Estadística y Censos (DIGESTYC), que contaba con una Gerencia de Estadísticas de Género, dejó al país sin un sistema robusto de producción de datos desagregados sobre violencia contra las mujeres.

"El ISDEMU es ahora un ente ausente de las principales acciones de la actual gestión de gobierno. El Plan de Control Territorial es ciego al género." Informe alternativo CLADEM El Salvador ante el Comité CEDAW, 2024

A esto se suma la supresión de la Comisión de la Mujer y la Igualdad de Género en la Asamblea Legislativa a partir del 1 de mayo de 2024, absorbida por una nueva Comisión de Niñez e Integración Social con un mandato mucho más amplio y difuso. Para CLADEM, estas medidas revelan una desjerarquización sistemática de los mecanismos institucionales de adelanto de las mujeres, en contradicción con las obligaciones asumidas por el Estado en virtud de la CEDAW.

La prohibición de la educación sexual: un retroceso sin precedentes

El 28 de febrero de 2024, el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología emitió el Memorándum 07-2024, mediante el cual ordenó excluir del sistema educativo todo contenido relacionado con la llamada "ideología de género". La medida afectó materiales, libros de texto, guías metodológicas, sitios web, objetos multimedia y documentación administrativa. El incumplimiento de esta disposición conllevaría sanciones que podrían derivar en el cese de funciones del personal docente.

Quedaron sin efecto el programa de Educación Integral de la Sexualidad (EIS) que formó a 290 docentes en 2019 y la Estrategia Nacional Intersectorial de Prevención del Embarazo en Niñas y Adolescentes (ENIPENA 2017–2027), que había logrado reducir las inscripciones maternas de adolescentes de 24.912 en 2013 a 12.848 en 2021. En paralelo, el Ministerio de Salud ordenó retirar materiales sobre diversidad sexual de las unidades de salud e incluso de sus redes sociales.

El informe advierte que esta regresión en educación y salud pone en riesgo décadas de avances en la prevención del embarazo adolescente. En 2022 se registraron 10.352 embarazos en niñas y adolescentes, 496 de ellos en menores de 14 años.

Acceso a la justicia: un sistema que no protege

CLADEM documenta fallas estructurales en el sistema de justicia salvadoreño que impiden a las mujeres acceder a una tutela efectiva. Los datos son contundentes: entre 2017 y 2022, la Fiscalía recibió 16.091 denuncias por violencia contra las mujeres, pero solo el 37,1% llegó a los tribunales. Muchos casos concluyen en conciliaciones o salidas alternas que, según el informe, "no benefician en nada a las víctimas". El informe señala casos en que intentos de feminicidio fueron calificados como lesiones para reducir las penas y aplicar la suspensión condicional, dejando al agresor en el mismo domicilio que la víctima.

El Estado de Excepción vigente desde 2022 agrava este panorama al limitar la transparencia y la disponibilidad de información pública, lo que dificulta el monitoreo de los hechos de violencia contra mujeres, adolescentes y niñas.

Aborto: criminalización total y mujeres encarceladas

El Salvador mantiene una de las legislaciones más restrictivas del mundo en materia de aborto: la interrupción está prohibida en toda circunstancia, sin excepciones por riesgo para la vida de la madre, violación, incesto o malformaciones fetales. En octubre de 2021, la Asamblea Legislativa rechazó una nueva iniciativa de reforma con 73 votos en contra de 84 posibles. El Centro para la Igualdad de la Mujer (ELA) registra que al menos 180 mujeres salvadoreñas han sido procesadas o encarceladas en las últimas décadas por aborto u homicidio agravado vinculado a emergencias obstétricas.

El informe menciona el caso de Teodora Vásquez, condenada a 30 años de prisión por sufrir una emergencia obstétrica y cuya pena fue conmutada en 2018. Su historia visibilizó la situación de las denominadas "Las17+", mujeres criminalizadas por emergencias obstétricas o abortos espontáneos, cuyo movimiento continúa exigiendo justicia. Organizaciones provida y religiosas han llegado a presionar para impedir la exhibición de un documental sobre sus casos.

Brecha laboral y feminización de la pobreza

En el ámbito laboral, el informe señala que 1,3 millones de mujeres forman parte de la población económicamente inactiva, y que 748.219 de ellas —el 57%— realizan trabajo doméstico sin ninguna remuneración. La brecha salarial persiste: los hombres ganan en promedio $89,65 más al mes que las mujeres. La Política Nacional de Corresponsabilidad de los Cuidados 2022–2030 existe en papel, pero CLADEM constata que no se están implementando acciones concretas, situación agravada por la marginación del ISDEMU como ente rector. Además, el anuncio presidencial de una política de "medicina amarga" —interpretada como despidos en el sector público— amenaza con profundizar la feminización de la pobreza, especialmente entre vendedoras ambulantes desplazadas del centro histórico de la capital.

Un llamado urgente al Comité

CLADEM El Salvador insta al Comité CEDAW a solicitar al Estado información detallada y actualizada sobre el estado de la Ley Procesal de Igualdad, los resultados de la política de persecución penal en materia de violencia, las alternativas previstas ante la eliminación de la educación sexual integral, el estatus de la ENIPENA, el proceso de ratificación del Convenio 189 de la OIT sobre trabajo doméstico decente, y las medidas adoptadas ante la criminalización del aborto y las emergencias obstétricas.

El informe concluye que, si bien El Salvador contaba con avances normativos e institucionales reconocidos internacionalmente, las decisiones adoptadas desde 2022 representan un retroceso sistemático que compromete el cumplimiento efectivo de la Convención y agrava la vulnerabilidad estructural de las mujeres salvadoreñas.

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