La Campaña Mundial por la Igualdad en el Derecho de Familia (GCEFL) organizó este evento con el apoyo del Gobierno de Zambia, las Oficinas Gubernamentales de Suecia, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Discriminación contra las Mujeres y las Niñas, ONU Mujeres y el Comité Coordinador de la GCEFL, CLADEM entre Ellas.

En la jornada, las panelistas se refirieron a la oposición global a los derechos de las mujeres, el auge del discurso de los " valores familiares" en la región LAC y su impacto en la igualdad. Se destacó la reforma del derecho de familia y la construcción de movimientos como estrategias clave para enfrentar la movilización de grupos anti-derechos.

A continuación, las reflexiones de Tamara Amoroso, integrante del Consejo Directivo de CLADEM. 

El auge de los "Valores Familiares" en la región LAC y su impacto en las mujeres y niñas –La Dra. Tamara Amoroso Gonsalves, CLADEM

Hoy, en un mundo cada vez más desigual, el 30º aniversario de la Declaración y Plataforma de Acción de Pekín nos encuentra enfrentando desigualdades sociales persistentes y sistémicas, exacerbadas por la crisis de los sistemas democráticos y el avance de grupos ultraconservadores y fascistas. Esto significa que, además de combatir las desigualdades sociales y materiales, enfrentamos una batalla discursiva que intenta reforzar roles de género tradicionales para las mujeres, amenazando los avances logrados en las últimas décadas.

Esto se hace explícito en cuestiones relacionadas con el derecho de familia y los derechos sexuales y reproductivos. Las desigualdades persistentes en el trabajo doméstico no remunerado y de cuidado y el impacto de las leyes familiares discriminatorias, incluida la alienación parental y los impedimentos a los derechos sexuales y reproductivos, no son cuestiones aisladas: están profundamente interconectadas con la violencia de género, las disparidades económicas y la discriminación institucional que afectan desproporcionadamente a las mujeres y comunidades marginadas en todo el mundo.

Este escenario global se intensifica en sociedades profundamente desiguales, como las de América Latina y el Caribe, donde el avance del neoliberalismo ha profundizado brechas

sociales en contextos fuertemente influenciados por valores patriarcales y tradiciones cristianas conservadoras. Otro desafío para la igualdad de género en la región es la fragilidad de los estados democráticos. Tras un pasado reciente marcado por dictaduras y gobiernos autoritarios, muchos países enfrentan ahora el avance de movimientos anti-derechos y anti-género, que, aunque adoptan formas distintas en cada país, comparten estrategias y objetivos comunes.

Estas alianzas reúnen a grupos políticos y sociales ultraconservadores, junto con sectores fundamentalistas de distintas tradiciones religiosas —principalmente Católica, Evangélica y Neopentecostal—, respaldados por sectores de la élite económica más concentrada. Su objetivo central ha sido revertir los avances en derechos humanos, feministas, sociales y de la diversidad. Han ganado poder político y representación parlamentaria en varios países, desde donde impulsan estrategias para restringir especialmente los derechos de las mujeres y de la comunidad LGBT, utilizando la noción de "Ideología de Género" Como herramienta de movilización social y política.

Durante décadas, las mujeres han cargado con el peso del trabajo doméstico y de cuidado sin remuneración. Aunque se han logrado avances hacia la igualdad de género, este trabajo sigue siendo invisibilizado, no reconocido y desigualmente distribuido. A nivel global, las mujeres realizan tres veces más trabajo de cuidado no remunerado que los hombres, lo que limita su acceso a la educación, la autonomía económica y la participación política. La pandemia de COVID-19 agravó esta Crisis: el cierre de escuelas y la presión sobre los sistemas de salud obligaron a muchas mujeres a abandonar el mercado laboral. El modelo económico actual continúa explotando este trabajo como si fuera un recurso inagotable, cuando en realidad es un pilar esencial de nuestras sociedades.

Al mismo tiempo, movimientos ultraconservadores han reaccionado estratégicamente contra la igualdad de género, instrumentalizando el derecho de familia. Han promovido el uso de la figura de la alienación parental en los tribunales como herramienta para castigar a mujeres que denuncian violencia doméstica o abuso infantil. Bajo el argumento de proteger los derechos parentales, manipulan los sistemas legales para quitar la custodia a madres protectoras, silenciar a sobrevivientes y proteger a los agresores.

En Brasil, por ejemplo, en el 70 % de los casos de alienación parental las madres son señaladas como alienantes, obligando a niños y niñas a volver con sus agresores y reproduciendo violencia institucional. Esta problemática se expande a nivel global, especialmente con la aplicación de la Convención de La Haya sin perspectiva de género.

Simultáneamente, el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva, particularmente al aborto, ha sido severamente restringido debido a la presión de estos mismos grupos. En

América Latina y el Caribe, las niñas víctimas de violación enfrentan enormes obstáculos para acceder a abortos legales. En Brasil, donde el aborto solo está permitido en circunstancias limitadas, el cierre de clínicas, el acoso a profesionales de la salud y la Campaña Mundial por la Igualdad en el Derecho de Familia (GCEFL) organizó este evento con el apoyo consecuencia, muchos jóvenes sobrevivientes de violación son forzadas a la maternidad, perpetuando ciclos de pobreza y trauma. Estas barreras sistémicas constituyen una forma de violencia institucional, violan derechos humanos fundamentales y contravienen internacionales como la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra y la Convención sobre los Derechos del Niño, además de dificultar la implementación de la Declaración y Plataforma de Acción de Pekín.

Las consecuencias de estos retrocesos legales y políticos trascienden los casos individuales: refuerzan narrativas extremistas que amenazan con desmantelar por completo la justicia de género. Para construir un mundo más justo y equitativo, es urgente:

·   Reconocer y redistribuir el trabajo de cuidado no remunerado mediante políticas integrales, incluyendo guarderías públicas financiadas por el estado y licencias familiares remunerados.

· Derogar las leyes de alienación parental que criminalizan a las madres protectoras y garantizar que los sistemas de Justicia adopten enfoques sensibles al género.

·   Garantizar el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluido el aborto, especialmente para sobrevivientes de violación.

·   Responsabilizar a los gobiernos por resistir los ataques ultraconservadores al derecho de familia y a los derechos reproductivos. 

Debemos actuar de inmediato para frenar los retrocesos, proteger los derechos conquistados con tanto esfuerzo y construir un futuro donde la Justicia Prevalezca.