Panamá ha suscrito una serie de convenciones y tratados internacionales como El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966); la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial (1965), la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (1979), y, finalmente, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (2006). Estos tratados y pactos se convierten en leyes nacionales para la protección de todas las personas en igualdad de condiciones, lo que debe garantizar el pleno cumplimiento por el estado panameño de lo

fundamentado en estos documentos.

En la práctica, la realidad es diferente. En la capital del país, se observa la presencia de personas a menudo denominadas “sin techo” o “sin hogar”. Mujeres y hombres que han perdido su hogar o carecen de un espacio habitacional que les proporcione apoyo y protección. Esta falta de seguridad puede deberse a la ausencia de una red de apoyo, ya sea familiar o estatal, que garantice su

bienestar y acompañamiento.

Las personas en condición de calle pueden presentar diversas situaciones, trastornos mentales, adicciones, discapacidades, y otras circunstancias que hacen que la intervención para atender y dar respuesta a cada caso sea interdisciplinaria, y precisa de una acción concertada entre las instituciones que velan por el cumplimiento de los convenios antes mencionados.

El no cumplimiento de lo pactado por las instituciones que deben velar por estos temas, lleva a consecuencias nefastas como lo que le ocurrió a una joven panameña afrodescendiente llamada Rosa Rose, señalada como una persona en condición de calle con discapacidad cognitiva, el sábado 20 de julio en la madrugada.

En el sector de Ojo de Agua, en San Miguelito, Rosa Rose fue rociada con gasolina e incendiada mientras dormía en un puesto de venta. A ella le habían dicho que no querían verla durmiendo allí. Una semana después murió en el Hospital Santo Tomás con quemaduras en el 80% de su cuerpo, tal como reveló una entrevista de Telemetro Reporta a su madre.

Este hecho atroz revela una alarmante falta de seguimiento en la protección de los sectores más vulnerables de la población. Además, posee características de tortura y puede ser catalogado como un acto de odio, con claros elementos de discriminación y racismo. Parece tener la intención de transmitir el mensaje de que las personas en la situación de Rosa Rose no son reconocidas como

seres humanos dignos de derechos y respeto.

Demandamos justicia para Rosa Rose y exigimos que se tomen medidas efectivas para colocar en la agenda nacional la necesidad de acción por parte de las entidades responsables, como el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de la Mujer y los municipios. Es imperativo que estos organismos implementen los acuerdos y convenios que el país ha firmado y ratificado, comprometiéndose a no dejar a nadie atrás. Exigimos intervenciones firmes que promuevan y protejan los derechos humanos de todas las personas, garantizando igualdad de condiciones y sin discriminación.

La autora es trabajadora social e integrante del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer