El Comité de América Latina y El Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM) participa de las diferentes acciones de movilización que se realizan este 8 de marzo en nuestra región para elevar preocupaciones por la persistencia de distintas formas de discriminación y violencia hacia niñas y mujeres -el femi(ni)cidio entre ellas-, las brechas de género en el mundo del trabajo y otros espacios de la vida social, y los retrocesos en la agenda de derechos de las mujeres producidos por la emergencia progresiva de gobiernos y discursos de derecha.
Según CEPAL al menos 4.473 mujeres fueron víctimas de feminicidio en 29 países de nuestra región en 2021, y en 10 países de los que reportan datos sobre esta realidad, las tasas de femi(ni)cidio se mantuvieron iguales o superiores a 1 caso por cada 100.000 mujeres entre 2019 y 2021: Argentina, Bolivia, Brasil, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Paraguay, República Dominicana y Uruguay.
La violencia sexual contra niñas y mujeres continua siendo un problema subestimado y subregistrado en nuestra región, por lo que no se puede dimensionar completamente la magnitud de esta realidad, pero que deja graves y profundas secuelas en las víctimas. El embarazo y la maternidad infantil forzada es una de las consecuencias de la violencia sexual entre las niñas menores de 15 años.
CLADEM manifiesta su profunda preocupación por el avance de los gobiernos y discursos de derecha, las crisis institucionales, la corrupción, los discursos de odio, y los altos niveles de violencia social y urbana en nuestra región. En estos contextos se están produciendo retrocesos en los derechos conquistados por las mujeres y feministas y una mayor desigualdad social, que a su vez se vuelve en caldo de cultivo de mayor violencia.
En este 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, el CLADEM reafirma su compromiso con la lucha por la igualdad de género y la defensa de los derechos de todas las mujeres, niñas y adolescentes en América Latina y el Caribe y exige a los Estados,
- Respuestas estatales robustas y contundentes para prevenir la violencia contra niñas y mujeres y mayor compromiso con la obligación de garantizar una vida libre de violencia y discriminación contra las mujeres y las niñas.
- La vigencia de sistemas democráticos y republicanos. La ciudadanía de las mujeres se ve amenazada cuando se fracturan el Estado de derecho laico.
- Respetar y garantizar el derecho de las mujeres a la autonomía sobre sus cuerpos y el acceso al aborto seguro, legal y gratuito.
- Políticas públicas para garantizar la autonomía económica de las mujeres.
- Implementación de medidas para el cese de la explotación y discriminación de las mujeres en el trabajo, empleo, salud, seguridad social, entre otros ámbitos.
8 de marzo de 2024