América Latina sigue siendo una de las regiones más peligrosas para ser mujer. Según la CEPAL, en 2023, más de 4,500 mujeres fueron víctimas de feminicidio, lo que equivale a 12 asesinatos por razón de género por día. A nivel mundial, 14 de los 25 países con las tasas más altas de feminicidios están en nuestra región. 

Esta realidad se ve agravada por la falta de acceso a justicia: más del 95% de los casos de violencia contra las mujeres quedan en la impunidad, lo cual contribuye a normalizar la violencia y perpetuar el desamparo de las víctimas y sus familias. 

 La violencia sexual también persiste como una grave forma de agresión contra las mujeres. En países como Perú, 8 de cada 10 víctimas de violencia sexual son niñas o adolescentes. En El Salvador, las cifras muestran que una mujer es víctima de violación cada tres horas. Las sobrevivientes enfrentan barreras estructurales para acceder a justicia, incluida la revictimización en los sistemas judiciales. En Bolivia, entre enero y octubre 2024, la Fiscalía General ha recibido la denuncia en promedio de 10 casos al día por delitos sexuales contra niñas y adolescentes. 

 A todo lo anterior se suma la creciente violencia digital, que afecta principalmente a las mujeres defensoras de derechos humanos y periodistas, limitando sus derechos a la expresión y participación pública. 

 La violencia política de género está en ascenso en la región, especialmente contra mujeres lideresas, activistas y defensoras de derechos humanos. En México, se documentaron más de 100 casos de violencia política contra mujeres durante las elecciones de 2023, incluyendo amenazas, agresiones físicas y asesinatos. 

Esta violencia busca desalentar la participación política y perpetuar la exclusión de las mujeres de los espacios de poder. En contextos de conflicto social, las mujeres que defienden derechos territoriales y ambientales también son blanco de violencia, con agresiones que van desde campañas de difamación hasta asesinatos. 

Según Global Witness, América Latina concentra el 75% de los asesinatos de defensoras ambientales a nivel global, con una creciente invisibilización de la violencia específica que padecen las mujeres. 

Las democracias en América Latina y el Caribe enfrentan amenazas crecientes debido al auge de gobiernos autoritarios, el debilitamiento de las instituciones y la creciente desigualdad social. 

La restricción de derechos fundamentales como la libertad de expresión, la criminalización de la protesta social y la violencia política contra lideresas y defensoras de derechos humanos limitan la participación ciudadana, especialmente la de las mujeres. 

Estas dinámicas perpetúan la exclusión, erosionan los avances en igualdad de género y profundizan las deudas históricas de los Estados con las mujeres, poniendo en riesgo los pilares fundamentales de una sociedad democrática. 

 En este contexto, en este Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, CLADEM exige a los Estados de América Latina y el Caribe: 

 1. Adoptar medidas efectivas para erradicar la violencia feminicida y sexual, garantizando sistemas judiciales accesibles, sensibles al género y libres de impunidad. 

 2. Proteger a las mujeres en la política y la defensa de derechos humanos, implementando mecanismos de seguridad y sanción ante cualquier forma de violencia política de género. 

 3. Cumplir con los compromisos internacionales, signados en la Convención de Belém do Pará, la CEDAW, el Consenso de Montevideo, para garantizar los derechos sexuales, reproductivos y de acceso a una vida libre de violencia. 

 4. Asignar presupuestos suficientes para políticas públicas que aseguren la igualdad de género y eliminen la violencia contra las mujeres en todos los ámbitos. 

Hoy #25DeNoviembre reafirmamos nuestro compromiso con la construcción de una región libre de violencia, donde la igualdad de género y los derechos humanos de las mujeres sean una realidad. Reafirmamos nuestro compromiso con la democracia, sistema dentro del cual es posible el ejercicio de los derechos y libertades.