Parte de la concepción de que la violencia contra las mujeres privadas de libertad consiste en el incumplimiento de condiciones mínimas de atención durante el encierro, el no respeto a los Derechos Humanos previstos en los compromisos internacionales ratificados por el Estado uruguayo, especialmente las convenciones referidas a las mujeres y el incumplimiento de la normativa penitenciaria nacional. Además, se considera violencia contra las mujeres privadas de libertad toda forma de discriminación en la atención y en el trato resultante de patrones culturales basados en la desigualdad de género y el sexismo. Como afirma Carmen Antony, “(…) la prisión es para la mujer doblemente estigmatizadora y dolorosa si se tiene en cuenta el rol que la sociedad le ha asignado”.