Este artículo lleva a cabo un análisis de la jurisprudencia del Comité contra la Tortura, centrándose en sus comunicaciones individuales que abordan los casos de violación y abuso sexual perpetrados tanto por agentes del Estado como por agentes no estatales. Se presta especial atención al deber del Estado frente a situaciones de violaciones masivas, además de destacar la integración sistemática de la perspectiva de género en las Observaciones Finales, en el Comentario General N°2 y en el informe emitido por el Relator Especial de la ONU sobre la tortura en el año 2008. Para la elaboración de este trabajo, contamos con la invaluable colaboración de Mariana Duarte, quien en su momento fue la responsable del Programa de Violencia contra la Mujer de la Organización Mundial contra la Tortura.