La situación de subordinación de las mujeres en el hogar y fuera de él, la violencia que se ejerce contra ellas y la situación de marginalidad por razones adicionales de raza, idioma, opción sexual o ubicación geográfica están siendo cada vez más presentes en la agenda pública y reconocidas por el Estado, el mundo académico y la sociedad peruanas. Por otra parte, los avances logrados por las mujeres en el ámbito político y profesional, su creciente incorporación y participación en el mercado de trabajo y su presencia en los medios de comunicación dan la impresión de que efectivamente se están verificando avances en la condición de la mujer. Sin embargo, un análisis detallado de los compromisos asumidos por el Estado peruano con relación a la vigencia de los derechos de las mujeres revela más bien un estancamiento y hasta retrocesos; independientemente de los logros alcanzados en áreas específicas. El instrumento para medir tales avances es la Convención de las Naciones Unidas para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (cuyas siglas en inglés son CEDAW), el más relevante instrumento internacional sobre los derechos humanos de la mujer. Esta Convención fue adoptada en 1979 y aprobada y ratificada por Perú en 1982.
