En octubre de 1994, MZ, una mujer en Cochabamba, Bolivia, fue violada por el hijo de los dueños de la casa que alquilaba. La pena inicial de 5 años de prisión para el agresor la llevó a apelar, pero los jueces decidieron absolverlo de manera arbitraria y discriminatoria, dejando impune la violación.

En noviembre de 2000, se denunció el caso ante la CIDH/OEA, que lo consideró admisible en octubre de 2001. Tras varios intentos de negociación, en marzo de 2008 se logró un Acuerdo de Solución Amistosa. En el acuerdo, el Estado reconoció su responsabilidad internacional en el caso y se comprometió a tomar medidas para dar a conocer el acuerdo públicamente y realizar programas educativos sobre derechos humanos y género para el sistema judicial en Bolivia. También se acordó proporcionar recursos para la edición de manuales sobre el tratamiento de víctimas de violencia sexual y la creación de unidades especializadas para atender a víctimas de violencia sexual y realizar estudios técnicos sobre la investigación de delitos sexuales, entre otras medidas.