En la pequeña población de El Espinillo, ubicada a 400 kilómetros de Resistencia y 1.400 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ocurrió una violación en octubre de 2003, detrás del templo católico, con testigos y un juicio que resultó en una absolución de los imputados. Este caso, calificado como "paradigmáticamente aberrante" por el Ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación, involucró una conducta censurable de funcionarios provinciales.

El Instituto de Género, Derecho y Desarrollo de Rosario (INSGENAR) y el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM) se enteraron del caso y contactaron a la familia de la niña violentada. Juntos decidieron presentar el caso ante Naciones Unidas, evidenciando la vulneración del derecho de acceso a la justicia.

La comunicación al Comité de Derechos Humanos fue admitida, dando inicio a un proceso que aún está en curso. Tras seis años, la víctima, conocida como LNP, retomó sus estudios, cuenta con el apoyo de su familia y el respeto de quienes la conocieron. Aunque aún no comprende completamente la importancia de su denuncia, su decisión de exigir justicia ha tenido un impacto significativo en Argentina.