LMR, una joven con una discapacidad mental de 19 años, quedó embarazada como resultado de abusos sexuales perpetrados por un tío, quien fue procesado y detenido por dicho delito. Su madre, al darse cuenta del embarazo en el Hospital de Guernica, solicitó un aborto legal, pero la solicitud fue denegada, y LMR fue derivada al Hospital San Martín de La Plata. La interrupción legal del embarazo fue aconsejada por un Comité de Bioética y estaba respaldada por el artículo 86 del Código Penal. Sin embargo, antes de que la intervención pudiera llevarse a cabo, una jueza de Menores de La Plata, Inés Siro, emitió una orden que prohibía todos los procedimientos médicos sobre LMR, desencadenando un largo proceso legal para evitar el aborto legal solicitado por la familia.

El caso pasó por diferentes instancias judiciales hasta llegar a la Corte Suprema de Justicia de Buenos Aires, que ratificó la constitucionalidad del artículo 86 del Código Penal y aclaró que no se requería autorización judicial para realizar un aborto que era legal según la legislación nacional. A pesar de esta sentencia, el Hospital San Martín se negó a realizar el aborto, alegando que el embarazo estaba muy avanzado. La familia de LMR finalmente tuvo que recurrir a una clínica privada en el circuito clandestino para llevar a cabo la interrupción del embarazo, debido a las presiones y objeciones de conciencia institucionales en el hospital.

Fue así que CLADEM colaboró con dos organizaciones locales de Argentina, el Instituto de Género, Derecho y Desarrollo de Rosario (INSGENAR) y la Asociación Católicas por el Derecho a Decidir de Córdoba (CDD), junto con una activista afiliada a la Central de Trabajadores Argentinos (CTA). Juntas, actuaron como co-peticionarias de la familia de LMR que demandó al Estado argentino por la negación del acceso a la interrupción de un embarazo, un derecho garantizado por la ley.