En el año 2001, una joven de 17 años y embarazada de 14 semanas, se sometió a una ecografía en un hospital público en Lima, donde se confirmó que el feto tenía anencefalia, una anomalía que representaba riesgos graves para su vida. Después de consultar con su médico, KLL optó por interrumpir el embarazo y se sometió a los exámenes médicos necesarios para confirmar la condición del feto.

Profesionales en asistencia social y psiquiatría evaluaron su caso y recomendaron la interrupción del embarazo como la mejor opción. Sin embargo, cuando KLL y su madre se presentaron en el hospital para la intervención, el director les informó que no podían llevarla a cabo debido a restricciones legales.

Como resultado, KLL tuvo que llevar el embarazo hasta casi su término, dando a luz a una niña anencefálica que sobrevivió solo 4 días. Durante ese tiempo, KLL tuvo que cuidar de su hija, lo que tuvo un impacto devastador en su salud mental, sumiéndola en una profunda depresión.

Posteriormente, KLL presentó una denuncia ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (CDH/ONU) a través de la representación de DEMUS, CRLP (ahora CRR) y CLADEM. La denuncia se basó en la violación de varios derechos fundamentales, incluyendo el derecho a un recurso efectivo, la igualdad de género, el derecho a la vida, la prohibición de tratos crueles e inhumanos, la privacidad, las medidas de protección para menores y la igualdad ante la ley, de acuerdo con diversos artículos del Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos.

En octubre de 2005, el Comité emitió un dictamen en el que estableció que el Estado tenía la obligación de proporcionar a KLL un recurso efectivo que incluyera una compensación por las violaciones de sus derechos, además de tomar medidas para evitar situaciones similares en el futuro. El Comité fundamentó su decisión en el sufrimiento y las secuelas psicológicas severas que KLL experimentó, especialmente debido a su condición de menor de edad, al no recibir el beneficio del aborto terapéutico. También resaltó la negativa arbitraria de las autoridades a permitir que KLL tomara decisiones sobre su embarazo y la falta de atención especializada necesaria durante y después de su embarazo debido a su edad.