El presente informe, elaborado para presentar al Comité que examina la acción de gobierno en relación a la Convención contra toda forma de discriminación hacia la mujer (CEDAW), trata de poner en foco algunos puntos que se consideran críticos en el marco del rol del estado argentino en relación a la discriminación por razones de género; aunque se incluyen también algunas iniciativas de la sociedad civil que se consideran de interés. Tanto para el Comité como para Argentina, esta sesión es complementaria de la realizada en agosto 2002, en ocasión del V Informe del Estado Argentino. Recordemos que en esa ocasión el Comité no interrogó exhaustivamente al Estado, tomando en cuenta la envergadura y lo reciente de la crisis, y citó al Estado a una nueva reunión dos años después, es decir a mediados de 2004. Consecuentemente, la información aquí vertida debe comprenderse como una actualización al Contrainforme que las ONGs abajo firmantes presentaron en su oportunidad (agosto 2002) [2], y no podrá comprenderse en su totalidad sin el aporte del documento precedente.