Camila, una niña de las sierras peruanas, tenía 13 años cuando quedó embarazada como consecuencia de las violaciones a las que fue sometida por su padre.

Camila manifestó en reiteradas oportunidades que no quería continuar con el embarazo mientras su estado de salud mental se fue agravando. Sin embargo, no le informaron de su derecho a solicitar el aborto terapéutico.

Por el contrario, el personal médico insistió en organizar controles prenatales regulares ignorando el estado de Camila. En un par de oportunidades, cuando la niña no acudía a los controles prenatales, el personal médico se personó varias en su casa, en ocasiones acompañado de agentes de policía, para presionarla a que continuara con el embarazo, lo que provocó su estigmatización y acoso en su familia y comunidad y la obligó a abandonar la escuela y, más tarde, su pueblo.

Finalmente Camila tuvo un aborto espontáneo y la representante del Ministerio Público tomó conocimiento de los hechos y, basándose únicamente en una entrevista previa realizada a Camila meses atrás, en la cual ella expresó su deseo de no querer tener al niño, decidió denunciarla por el delito de "autoaborto", que en la legislación peruana lleva consigo la pena más severa para casos de aborto. Inexplicablemente, Camila fue considerada una "adolescente infractora" y se llevaron a cabo diligencias que la revictimizaron aún más, Camila pasó de ser víctima a ser victimaria, siendo perseguida por el sistema de justicia.

Camila llevó su caso ante el CDN denunciando al estado de Perú. Por su parte la Red Clacai acompaño a camila presentando este amicus curiae que busca que se reconozca el derecho de las niñas y adolescentes a acceder a una interrupción legal del embarazo de modo seguro, dado el grave riesgo para su salud física y mental.