República Dominicana

Coordinación Nacional:

 Indiana Jiménez Guerrero y  Orlidy Inoa Lazala

Contexto Nacional

República Dominicana pasó de ser una economía agroindustrial a una centrada en servicios en las últimas décadas, estos cambios no se han reflejado en la mejoría del acceso de las mujeres a los recursos ni a las riquezas generadas por el crecimiento que en las últimas décadas ha exhibido la región.

La violencia de género contra la mujer, tanto en el ámbito de la familia como en el entorno social, es un fenómeno alarmante, donde a pesar de contar con una legislación que desde hace más de diez años la tipifica y sanciona, ocurre con alta frecuencia. El Feminicidio, como última manifestación de las violencias contra la mujer, muestra aumento en los últimos años.

La mujer dominicana preserva un escaso nivel de acceso en condiciones de igualdad con los hombres en todos los niveles, evidenciándose principalmente en las condiciones de pobreza. A pesar de que existe un Plan Nacional de Igualdad de Género (PLANEG 2007-2017) con el objetivo de implementar “políticas públicas que propicien y promuevan la equidad entre hombres y mujeres”, éste no ha logrado ser implementado, por la ausencia de las partidas presupuestarias necesarias en cada institución y ministerio involucrado para su real puesta en marcha.

En materia Laboral, el Estado carece de políticas públicas que fomenten la generación de empleo femenino y que propicien la conciliación de la vida laboral y familiar, de manera que sea el Estado y no la mujer, quien asuma las labores de cuidado (hijos/as, vejez, etc.). Por esta razón, a pesar de que las mujeres han superado a los hombres el ámbito educativo (constituyendo el 62.2% de la matrícula universitaria), continúan siendo el grueso de la población desempleada.

República Dominicana continúa siendo uno de los pocos países en el mundo que penaliza la interrupción de embarazo en toda circunstancia y mantiene una alta tasa de mortalidad materna. El 17 de setiembre del 2009, el Congreso Nacional, reunido en Asamblea Nacional Revisora, aprobó el artículo 30 en la Nueva Constitución que estable el derecho a la vida como inviolable desde la concepción hasta la muerte. La aprobación de éste artículo ha sido con el marcado interés de prohibir la aprobación en el Código Penal de despenalización del aborto por las causales como peligro de la vida de la mujer, cuando el embarazo es producto de una violación sexual o de un incesto. Con esta medida el Estado viola compromisos internacionales como la CEDAW, el PIDESC y el PIDCIP al no responder a la grave situación de mortalidad materna.

Indiana Jiménez Guerrero y  Orlidy Inoa Lazala

Coordinación Nacional

 

 

 

 

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