El sueño de construir democracias reales, que ofrezcan las mismas oportunidades de acceso a los bienes y recursos a mujeres y varones, está presente en los reclamos de miles de mujeres en la región y en el mandato de los grupos y organizaciones que trabajan por la igualdad y la no discriminación.

Hay una conciencia creciente de que las democracias formales, tan trabajosamente obtenidas en las últimas décadas, deben consolidarse con gobiernos más transparentes, con un reparto más igualitario de los recursos y la erradicación de la discriminación.

En la década de los 80, la mayoría de nuestros países formalizó su conexión con el sistema universal y regional de derechos humanos, ratificando numerosos tratados internacionales, que obligan a los Estados a promover, respetar y concretar un amplio catálogo de derechos a favor de sus habitantes. Entre esos tratados, se incluyen los que consagran los derechos económicos, sociales y culturales, cuya implementación enfrenta serios problemas, tanto de orden teórico como práctico.

En la Conferencia Mundial de Derechos Humanos de Viena, en junio de 1993, se emitió una Declaración y un Plan de Acción que declara la indivisibilidad, interconexión e interdependencia de todos los derechos humanos. Eso significa que no hay categorías para los derechos. Todos son igualmente importantes y no pueden gozarse plenamente los unos sin los otros. Una sociedad donde se pueda votar pero que no ofrezca oportunidades de trabajo, vivienda, educación y acceso a la salud; la posibilidad de crecer y vivir en un ambiente sano, con agua potable, aire respirable y calles seguras; donde las mujeres puedan circular sin temor a ser violadas, no es una democracia real.