La incorporación de garantías para la igualdad entre mujeres y hombres en el sistema universal y regional de derechos humanos, ha constituido sin lugar a duda un importante avance. La mayoría de los instrumentos y mecanismos de DESC de las mujeres fueron conquistados luego de una sostenida lucha de los movimientos de mujeres, feministas, organizaciones y redes que trabajamos por la defensa de los derechos de la mujer. A pesar de que la comunidad internacional reconoció en Viena que “todos los derechos humanos son universales, indivisibles e interdependientes y están relacionados entre sí”3 todavía persiste un reconocimiento y legitimación mayor de los derechos civiles y políticos, por sobre los derechos económicos, sociales y culturales. En el contexto de globalización económica y de implementación de políticas de ajuste neoliberal4 en América Latina y el Caribe, las políticas sociales destinadas a garantizar el acceso a los DESC son cada vez más focalizadas, restrictivas, rompen con el principio de universalidad y tienden a ser trasladadas al sector privado.

 

El papel del Estado para garantizar el goce de los DESC está cada vez más desdibujado al supeditar su cumplimiento a la “disponibilidad presupuestaria” como una excusa para no garantizarlos. Pero basta mirar la composición de los presupuestos públicos para constatar que el problema no es precisamente la disponibilidad de los recursos; sino que la respuesta estatal a la cuestión social no está en la misma jerarquía de prioridades que el pago de la deuda externa, gastos en seguridad y otros.