El compromiso por la seguridad pública ciudadana en la región debe partir de reconocer las diversidades de los y las sujetos de derechos, considerados en su universalidad y diversidad simultáneamente. Las políticas públicas sobre seguridad deben elaborarse de manera participativa con la ciudadanía sin ningún tipo de exclusiones, incorporando específicamente las visiones de quienes se encuentran en situación de mayor riesgo para su vida y su integridad, como las mujeres y otros colectivos sociales. Rechazamos las concepciones tradicionales de seguridad pública, cuyos ejes centrales son el control de armas, el terrorismo, el crimen organizado y el narcotráfico, con su cohorte de militarización y criminalización creciente en muchos países de la región. En cambio, no se ha prestado la suficiente atención a los riesgos a los que están sometidas las mujeres, tanto en el espacio público como privado; la violencia doméstica, familiar, institucional, obstétrica, mediática, reproductiva y social que se ejerce contra ellas por razones de género en toda la región. Los distritos con población en situación de pobreza son arbitrariamente calificados de peligrosos y sufren la violencia policial, en particular sus mujeres.
