Las organizaciones de derechos humanos de diferentes países abajo firmantes, nos dirigimos a ustedes para expresar nuestra gran preocupación frente a la criminalización de la actividad judicial del Juez Baltasar Garzón.
El Juez Baltasar Garzón Real ha sido condenado en única instancia (y, por tanto, vulnerando el Convenio Europeo de Derechos Humanos) el 9 de febrero de 2012, por la Sala Segunda del Tribunal Supremo de España a la pena de 11 años de inhabilitación para el ejercicio del cargo de juez, con pérdida definitiva de su función judicial . Este procedimiento fue abierto por la investigación que realizó en el enominado caso de corrupción política «Gürtel» que involucra a miembros del Partido Popular. Garzón fue condenado por haber ordenado la interceptación de las comunicaciones de los detenidos que habrían seguido delinquiendo desde la cárcel con el apoyo de algunos de sus abogados.
Como organizaciones de derechos humanos, consideramos que la confidencialidad de la relación entre abogado y cliente es un principio fundamental pero notamos que en casos similares, otros jueces españoles nunca fueron enjuiciados, al ser cuestiones concernientes al régimen procesal interno del caso.
El Fiscal solicitó su absolución. El Tribunal Supremo negó la práctica de pruebas solicitadas por
la defensa del juez Garzón, así como negó las recusaciones planteadas contra algunos de los magistrados que no eran garantía de independencia e imparcialidad frente al juzgamiento.
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