El Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM) es una organización no gubernamental con 20 años de actuación, cuyo objetivo es articular y fortalecer los esfuerzos de personas, grupos, movimientos y organizaciones en los países de la región para la promoción, vigilancia y defensa de los derechos humanos interdependientes e integrales de las mujeres en una perspectiva feminista y socio-jurídica de género, interconectando los planos nacional, regional e internacional. Con representación en 15 países, la oficina regional de CLADEM encuéntrase en Lima, Perú. Las áreas estratégicas de intervención en CLADEM son la formación, el monitoreo y el litigio internacional en materia de derechos humanos de las mujeres. Desde el CLADEM se pretende contribuir al proceso de reflexión y diálogo sobre el funcionamiento del Sistema Interamericano de Derecho Humanos (SIDH), específicamente en relación a la reforma del Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH). Consideramos positivo el hecho de que dentro de la agenda del Consejo Permanente de la OEA y de los Estados miembros se haya incluido el diálogo sobre el funcionamiento del SIDH. Visto tratarnos de una red con organizaciones por los derechos humanos de las mujeres en Latino América y el Caribe, y como usuarias del SIDH, tenemos interés en conocer y participar de los debates que se lleven a cabo en materia de reforma del mismo, esperando que siga en permanente y profundizado diálogo las convocatorias para los aportes desde la sociedad civil. No cabe duda que el fortalecimiento del SIDH es central para promover y garantizar la tutela y protección de los derechos humanos en la región, proteger el derecho y la respuesta efectiva a las personas y grupos en situaciones de mayor vulnerabilidad, y fortalecer la democracia. Los mecanismos y medidas que fortalezcan el rol del sistema de protección de manera cumpla oportuna y eficazmente el fin para el cual está constituido, es central para el cumplimiento del fin referido a la prevalencia de la persona como fin y sentido mismo de la protección reconocida en los instrumentos internacionales y la protección de las personas víctimas de violaciones de derechos humanos imputables a los Estados.
