Declaración de CLADEM Uruguay Sobre los Femicidios Ocurridos en nuestro País

Todas las semanas nos encontramos con la noticia de que asesinaron a otra mujer. Esta semana fueron tres las víctimas de femicidios. La mayoría de ellas murieron a manos de sus parejas, exparejas o familiares directos. El espacio privado es el más peligroso, en el que nos encontramos más desprotegidas y menos cuidadas. La violencia de género hacia las mujeres es un fenómeno complejo y multicausal y las respuestas también son complejas. No desconocemos los pasos que se han dado desde el Estado durante estos años para intentar prevenir y erradicarlo, pero no han sido suficientes. Si estos hechos han seguido ocurriendo con esta frecuencia y saña, es porque el Estado no ha sabido dar respuestas oportunas, apropiadas y efectivas a la violencia contra las mujeres. Hoy entendemos que estamos frente a una emergencia en la que no se puede esperar más para que esas respuestas lleguen. La total implementación de la ley No 19.580 de Violencia basada en Género hacia las Mujeres, con el presupuesto adecuado para ello, es un imperativo legal, ético y político para cualquier partido político que gane las próximas elecciones. Esta ley aborda la prevención de esas violencias, incluidas las que se ejercen hacia niños, niñas y adolescentes, pero la emergencia que estamos viviendo en el día a día exige empezar hoy mismo con acciones efectivas para cambiar esos estereotipos machistas y adultocéntricos que campean en la sociedad uruguaya. Las mujeres y las niñas no somos objetos de placer para los varones, somos sujetas de derechos, personas con derecho a una vida libre de violencia y a desarrollar proyectos de vida propios y autónomos. El Estado tiene la obligación de garantizarlo. El Estado sabe que la mayoría de las mujeres, por el solo hecho de serlo, no están seguras en sus hogares ni en otros espacios. Cuando una mujer denuncia violencia y pide protección, el riesgo es enorme. No somos ciudadanas de segunda, tenemos derecho a la protección de nuestra vida e integridad física y psíquica por parte del Estado, tanto en el ámbito público como en el privado. Eso no está pasando. Debe haber suficientes dispositivos electrónicos de protección, no es posible que haya mujeres en “lista de espera”. No es posible que jueces y juezas no cumplan a cabalidad la ley No. 19.580. Si un agresor no obedece la prohibición de acercamiento, comete un delito. No es posible que el Sistema Judicial no proteja desde el primer momento a la niñez en riesgo de vulneración de sus derechos o con sus derechos vulnerados. No es posible que el sistema de salud no ponga más empeño y capacitación para detectar las situaciones de abuso y maltrato de niños, niñas y adolescentes y de violencia hacia las mujeres. La pregunta que desde el sector Salud se hace a las mujeres en la consulta respecto a si sufren violencia de género, se formula, en general, de forma irónica o como una formalidad ridícula. El sistema educativo tiene que estar mejor capacitado para educar en una vida libre de violencia basada en género y generaciones, así como en detectar y denunciar las situaciones de maltrato y abuso que sufren los niños y niñas. Es imprescindible para la prevención de situaciones como las que se han producido y las que permanecen invisibilizadas y silenciadas. La educación sexual integral debe ser, de una vez por todas, implementada con seriedad y responsabilidad por el sistema educativo. No más gestos formales o leyes sin cumplir, solo el conocimiento cabal de sus derechos, de su sexualidad, del imprescindible respeto de su cuerpo por parte de los demás, permitirá a la niñez protegerse de los abusos que sufren permanentemente.