Panamá

Coordinación Nacional:

 Carmen Antony, Zagrario Pérez y Adelina Ortega.

Contexto Nacional

Panamá vive en los últimos años un incremento dramático de los índices de casos de violencia intrafamiliar y muerte de mujeres. Los mecanismos existentes para la protección de las víctimas han resultado ser ineficientes, dando como resultado que la mayoría de las mujeres que mueren a causa de la violencia doméstica se encontraban en medio de un proceso por haber denunciado dicho delito y aún con las medidas de protección dictadas a favor de ellas no es posible evitar un fatal desenlace.

El Estado panameño sólo cuenta con un albergue para alojar a las mujeres que huyen de sus hogares víctimas de la violencia intrafamiliar pero existen quejas por la situación deplorable del mismo que atentan contra la dignidad humana, al grado que las mujeres prefieren no permanecer en él, lo que aumenta el riesgo para ellas y sus hijos. (1)

El femicidio no está tipificado como un delito y por tanto, no existe una política prevención conforme con los pregonados avances en igualdad de género, por lo que este fenómeno va en aumento en nuestra sociedad.

Pese a la existencia de la Ley 4 de 1999 por la cual se instituye la igualdad de oportunidades para las mujeres y su reglamentación, la falta de educación para la igualdad, dirigida a la población en general, limita los alcances de las medidas para la igualdad real que intentan ponerse en práctica.

La discriminación de la cual es objeto la mujer en el ámbito laboral, se ve reflejada en la dificultad del acceso al empleo digno y en el pago de menores salarios por igual trabajo realizado. A pesar que las mujeres poseen mayor nivel educativo que los hombres. En la actualidad, es una práctica usual exigir a la mujer pruebas de embarazo (conocidas comercialmente prueba de ortho) como requisito para el acceso al empleo, práctica que es constitucionalmente e internacionalmente prohibida por tratados internacionales por ser violatoria de los derechos humanos de las mujeres.

La explotación sexual comercial afecta mayoritariamente a mujeres, niñas, niños y adolescentes, sin embargo con el nuevo Código de Penal que entró a regir en Panamá en el año 2008, se ha dado la eliminación del delito de proxenetismo, lo que significa un retroceso en la lucha contra este tipo de esclavitud moderna. Adicional a ello, Panamá no ha desarrollado la normativa necesaria para la implementación de la educación integral en sexualidad y salud sexual y reproductiva, lo que favorece la situación de vulnerabilidad para la comisión de actos de abuso y explotación sexual comercial. (2)

(1) CLADEM Panamá. Informe Alternativo situación de Derechos Humanos de las mujeres en el Panamá. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, marzo de 2008.

(2)Ídem.

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