El Estado paraguayo finalmente ha cumplido con su obligación de presentar los informes oficiales relativos a la aplicación de la Convención para la Eliminación de la Discriminación Racial (CEDR), aunque con más de siete años de retraso y brindado información incompleta, lo que dificulta la evaluación del cumplimiento de sus obligaciones en virtud de ese tratado. El informe se ha concentrado en detallar una iniciativa de legislación relativa a la discriminación, impulsada desde la sociedad civil organizada y trabada desde hace más de cuatro años en el Parlamento: el proyecto de Ley contra toda forma de discriminación incluye por primera vez en la historia del país una definición de la discriminación, incluida la racial; mecanismos de protección, sanción y reparación ante actos de discriminación e instituciones responsables de su aplicación. El Estado no ha brindado información sobre los pasos y acciones tendientes a asegurar la aprobación y aplicación de este proyecto de ley. Además, el Estado paraguayo ha concentrado la información en dos grupos de población sensibles a la discriminación racial: los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes, pero no ha incluido información relativa a otras comunidades y grupos étnicos, nacionales y religiosos, por lo que el informe adolece de falencias significativas para presentar las realidades de discriminación racial en el país.
