Resumen

En octubre de 1994 MZ, una mujer de 30 años, soltera, fue violada sexualmente en su domicilio en la ciudad de Cochabamba, Bolivia, por el hijo de los dueños de la casa que rentaba. La escasa pena impuesta en primera instancia (5 años de prisión) la llevó a apelar la decisión, para que el autor del hecho fuera sancionado con una pena mayor, que guardara proporción con el daño causado; pero los jueces que resolvieron el recurso de apelación tomaron la arbitraria y discriminatoria decisión de absolverlo, dejando impune la violación sexual de la que MZ había sido víctima. Bajo última instancia de la justicia, se dicta decisión violatoria del derecho a la no discriminación y al debido proceso legal, que contiene razonamientos y consideraciones basadas en valoraciones discriminatorias y sesgadas de la prueba.

En noviembre de 2000, la Oficina Jurídica de la Mujer, CEJIL y CLADEM denuncian el caso a la CIDH/OEA, el mismo que fue declarado admisible en octubre de 2001. En junio de 2002, la ONG Equality Now presenta un Amicus Curiae en el caso ante la CIDH. Luego de muchos intentos de negociaciones, en 11 de marzo de 2008, bajo propuesta anteriormente presentada por las copeticionarias, se logra un Acuerdo de Solución Amistosa en el 131º período de sesiones de la CIDH, firmado posteriormente en 21 de julio de 2008 en Bolivia, en un evento público en el cual el Estado reconoce su responsabilidad internacional en el caso, ilustrando la situación de muchas mujeres víctimas de violencia sexual, que han sido discriminadas por el sistema de justicia y se les han violado los derechos protegidos por la Convención de Belém do Pará y la Convención Americana, en particular el derecho de todas las mujeres a una vida libre de violencia y la obligación del Estado de actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra las mujeres.

El Estado reconoce la responsabilidad internacional y se compromete a adoptar medidas para dar publicidad y difusión al acuerdo de solución amistosa en los medios y a los públicos especificados, así como implementar, en los plazos establecidos, una serie de medidas relacionadas con programas pedagógicos de promoción y protección de los derechos humanos, con enfoque de género a la judicatura de Bolivia; previsión económica para la edición de manuales sobre el tratamiento de víctimas de violencia sexual, como una campaña de concientización de los derechos de las mujeres, de los cuales serán dotadas las instituciones de justicia y policía; la creación de unidades especializadas para la atención de víctimas de violencia sexual y para el desarrollo de estudios científicos-técnicos sobre la investigación de delitos contra la libertad sexual, entre otras medidas.

 

Principales actuaciones

 

Impacto en medios de comunicación