La Ley Provincial N° 7.546/09, el 18 de Diciembre de 2008, publicada en el Boletín Oficial de Salta el 06 de Enero de 2009 y promulgada por Decreto N° 5.986, mediante el expediente 91-20.973/08, establece la obligatoriedad de la enseñanza religiosa católica en las escuelas públicas del Estado, dentro de los horarios de clase la cual tergiversa el mandato constitucional de la Libertad de Culto, descompensando el equilibrio en el sistema educativo que se da en el seno de las escuelas, debiendo resolver la importante temática de qué hacer con los niño/as que no profesan el culto católico, sin contemplar la existencia de otras 44 religiones o credos reconocidos oficialmente en la provincia.

El Estado, a través del Ministerio de Educación y demás organismos del Estado, al implementar la obligatoriedad de la Nueva Ley no incluyeron en la currícula la enseñanza de todas las religiones o credos a las que pertenecen los alumnos/as que concurren a las distintas escuelas públicas.

Esta norma ha generado múltiples actos discriminatorios entre los alumno/as pertenecientes al culto católico y los que no pertenecían a dicho culto. También entre los profesores de religión católica y los padres y madres de los niños/as a los que no se les respetaban sus creencias religiosas. Esto se traduce en una relación de preeminencia en la que participan ciertos sectores que prestan su conformidad para que estas prácticas discriminatorias se reproduzcan a lo largo y a lo ancho de la provincia de Salta.

Quienes discriminan brindan un trato diferencial o inferior en cuanto a los derechos de las minorías, ya sea por su color de piel, etnia, sexo, edad, ideología o religión. Se discrimina por una visión distorsionada de la esencia de la humanidad, y quienes discriminan se atribuyen características superiores para juzgar respecto de los individuos, por cualidades que no hacen a la esencia de éstos.