En junio de 1999, el marido de Jessica Gonzáles, de quien estaba separada, secuestró a sus tres hijas, en violación de una orden de alejamiento dictada por motivos de violencia doméstica. La Sra. Gonzáles llamó y se encontró con la policía en numerosas ocasiones para denunciar el secuestro y la violación de la orden de alejamiento. Sus llamadas fueron ignoradas. Casi diez horas después de su primera llamada, el marido llegó a la comisaría y abrió fuego contra la misma. La policía disparó en respuesta y mató al marido, descubriendo los cuerpos sin vida de sus hijas (de 7, 8 y 10 años) en la parte posterior de su camioneta. La Sra. Gonzáles interpuso demanda contra la policía, pero en junio de 2005 la Corte Suprema de EE.UU. declaró que la víctima carecía de un derecho constitucional para exigir el cumplimiento de la orden de alejamiento por la policía. En diciembre de 2005, por medio de abogados de la Unión Americana para las Libertades Civiles, la Sra. Gonzáles presentó una petición ante la CIDH/ OEA, alegando violación de sus derechos humanos bajo los artículos I, II, V, VI, VII, IX, XVIII, y XXIV de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.

El 6 de julio de 2007, abogados de la firma Allen & Overy LLP presentan un memorial de Amicus Curiae en el caso, en nombre de 29 organizaciones y redes internacionales y nacionales de derechos humanos de mujeres y niños, entre las cuales se incluye al CLADEM. Sobre la base de datos estadísticos de países de la región, informes de distintos organismos y organizaciones, en especial valiéndose del informe de la CIDH sobre Acceso a la Justicia y sobre el caso Maria da Penha, el memorial establece su razonamiento sobre la base de estos argumentos: a) la prevalencia y la gravedad de la violencia doméstica en las Américas exige el reconocimiento del deber positivo de los Estados Miembros de proteger a las víctimas de ese tipo de violencia; b) los Estados Miembros de la OEA tienen el deber positivo de actuar con la debida diligencia para proteger a las víctimas de violencia doméstica en virtud de la Declaración Americana, la Convención Americana y la Convención de Belém do Pará; c) las reformas legislativas por sí solas son insuficientes para satisfacer el deber del Estado de actuar con la debida diligencia; y d) la expresión del estándar de la debida diligencia por parte de la CIDH redundará en beneficio de las víctimas de violencia doméstica y de sus defensores en las Américas. El 24 de julio de 2007, la CIDH emite el informe de admisibilidad del caso.