El Estado dominicano ha dado un importante paso de avance en el reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres al establecer en el art. 39 de la Constitución la igualdad ante la ley entre hombres y el compromiso estatal para erradicar las desigualdades y la discriminación de género. El mismo artículo obliga al Estado a promover y garantizar la participación equilibrada de ambos sexos en las candidaturas a los cargos de elección popular, en la administración de justicia y en los organismos de control del Estado. Si bien la legislación dominicana ha avanzado en términos de formulación de leyes, la sociedad dominicana preserva dentro de sus características distintivas prácticas culturales y costumbres basadas en la discriminación de la mujer, promovidas desde las instituciones estatales1 y, entre otros métodos, por los medios de comunicación, aunque no estén basadas en normas legales afectan directa o indirectamente el disfrute de sus derechos humanos. Como muestra de lo anterior cabe destacar el gran número de empleadas domésticas excluidas del disfrute de la seguridad social. De acuerdo a la Oficina Nacional de Estadísticas, el 5% de la Población Económicamente Activa se dedica a este tipo de labor, de las cuales el 96.5% está compuesto por mujeres2 . A pesar de los medios alternos que desde el sector sindical se han creado, el Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS) no contempla mecanismo de registro para este tipo de labor.

Descargar