El Paraguay se ha obligado en su Constitución y a través de varios instrumentos internacionales a garantizar la igualdad entre hombres y mujeres en diversos ámbitos. Asimismo, se han generado mecanismos institucionales estatales cuyos mandatos se vinculan con el cumplimiento de estas obligaciones, aun cuando el funcionamiento efectivo de los mismos debe ser analizado de manera particular y no general, dada la variabilidad de situaciones existentes. Pese a estos avances de carácter formal, persisten para las mujeres paraguayas tanto discriminaciones explícitas ante la ley como numerosos impedimentos para que las declaraciones de igualdad y la prohibición de discriminación por razones de sexo sean reales y efectivas, muchos de ellos relacionados con los derechos protegidos en el Pacto.

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