CLADEM en México

Desde el año 1998, en México el CLADEM ha trabajado de manera intermitente a través de contactos. A partir de marzo del 2003, ha consolidado su presencia a través de dos enlaces principales en Jalisco y en México DF.

Desde el año 2007 forma parte, junto con otras 43 organizaciones del país, del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio.

En Jalisco, ha conformado desde el año 2008, junto con otras organizaciones sociales, la Agenda Feminista Jalisco, que es una vinculación de una diversidad de mujeres y organizaciones feministas en el Estado.

Forma parte desde el 2009 del Foro Nacional por el Derecho a Decidir de las Mujeres, integrado por más de cincuenta organizaciones de mujeres y feministas en el país. Es desde el 2009, que consolida su presencia en otros estados del país como Guanajuato, Morelos y Tlaxcala; sentando así las bases para que en el año 2010 se consolide como un enlace nacional.

Principales actividades

2015

PRONUNCIAMIENTO: IV Encuentro Nacional Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México

Posicionamiento Político 25 de Noviembre 2015

Alerta de Género en Jalisco - Boletín de Prensa

Comunicado feministas frente al riesgo de ser mujer en México

Pronunciamiento 08 de marzo

2014

Informe Feminicidio en México

Boletin de Prensa - Presentación Informe sobre Feminicidio

Justicia, Verdad y Reparación ante la desaparición de los normalistas del Ayotzinapa, Guerrero (México)

CLADEM Jalisco Exige Justicia

2013

Incidencia: Violencia contra mujeres

Boletin de Prensa 9

Cifras alarmantes sobre feminicidio

Acoso y hostigamiento sexual

Pronunciamiendo 8 de marzo

Maternidad libre

Reforma código penal, Feminicidio

Visibilizando la violencia

Marcha en Jalisco

2012

8 de marzo, día internacional “de la mujer”, día para ¿celebrar?

Resulta realmente importante rescatar de la memoria histórica, cuáles son los hechos que marcan el surgimiento del 8 de marzo como día instituido para las mujeres. Las demandas históricas de las mujeres que sirven de sustento a este día son: El derecho al voto, las mejoras laborales y la paz.

Acerca del instituir el 8 de marzo como fecha que recuerde estas luchas de las mujeres, existen diferentes versiones. La más difundida es la historia de un incendio provocado por el propietario de una fábrica textil de Nueva York en 1857, donde habrían muerto quemadas las obreras que hacían una huelga en demanda de mejoras salariales. Sin embargo, otras versiones apuntan a que el incendio ni siquiera existió, ya que no hay pruebas documentales de que un evento de esas características se produjera ese año.

Según investigaciones realizadas por historiadoras feministas, indican que los acontecimientos de Nueva York en 1857, en realidad remiten a la realización de una marcha convocada en el mes de marzo por el sindicato de costureras de la compañía textil de Lower East Side, de Nueva York, que reclamaban una jornada laboral de sólo 10 horas.

En mayo de 1908 las mujeres del Partido Socialista Norteamericano, instauraron unas jornadas de reflexión y acción denominadas Woman’s Day para hacer campaña por el sufragio femenino y contra la esclavitud sexual.

En 1910 la dirigente comunista alemana Clara Zetkin propone en la Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas, reunida en Copenhague, proclamar el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, como una fecha para reivindicar los derechos de las mujeres, por lo que se celebra por primera vez en Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza al año siguiente con manifestaciones de mujeres en esos países, que exigieron el derecho al voto y a ocupar cargos públicos, el derecho al trabajo y a la no discriminación laboral.

El 25 de marzo de 1911, mueren más de 100 jóvenes trabajadoras en un incendio de la fábrica Triangle en la ciudad de Nueva York, lo que generó grandes cambios en la legislación laboral de los Estados Unidos, y en las conmemoraciones posteriores del Día Internacional de la Mujer, ya que se hizo referencia a las condiciones laborales que condujeron al a la tragedia. Este hecho es confundido y señalado como acontecido el 08 de marzo de 1857.

El ocho de marzo de 1917, previo a la revolución rusa, las mujeres de San Petersburgo, realizan una manifestación exigiendo el regreso de los combatientes en la guerra. Esta manifestación, es considerada por algunas historiadoras como el detonante de la Revolución Rusa. Cuatro días más tarde, el Zar abdica y el Gobierno Provisional otorga a las mujeres el derecho al voto.

Estos y otros acontecimientos llevaron a que en 1977, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamara al 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer, fecha simbólica que ha contribuido a que la conmemoración sea un punto de convergencia para reivindicar los derechos de “las mujeres” en el mundo, que han encontrado el espacio propicio en las cuatro conferencias mundiales sobre la mujer. En este avance y reconocimiento de derechos de las mujeres, ha sido crucial la participación del movimiento de mujeres en general y especialmente del movimiento feminista, quienes han impulsado los temas cruciales de la transversalización del género, el derecho a la igualdad, el acceso a la justicia y a una vida libre de violencia para las mujeres, entre otros.

Por tanto, el Día Internacional de las Mujeres, (porque no somos “la mujer”, sino una diversidad de mujeres”), es más que una ocasión para “celebrar”. Debe constituir una jornada de reflexión sobre los avances conseguidos si, pero sobre todo, debe ser una jornada de reclamo y de exigencia por realizar los cambios que sean necesarios para alcanzar la igualdad plena en todos los órdenes de la vida pública y privada y celebrar si, porque no, a las mujeres que han desempeñado una función extraordinaria en la historia de los derechos de la mujer, pero también aquellas que en la vida cotidiana luchan a brazo partido para ser reconocidas como humanas.

Como lo señalaba en un discurso pronunciado en el acto conmemorativo del Día Internacional de la Mujer en 1971 en la ciudad de México, la escritora Rosario Castellanos señaló que “…la mujer mexicana no se considera a sí misma- ni es considerada por los demás- como una mujer que ha alcanzado su realización si no ha sido fecundada en hijos, si no la ilumina el halo de la maternidad”.

Y hoy más que nunca viene a cuento esta reflexión de la brillante escritora y diplomática mexicana, cuando en el Congreso del Estado de Jalisco, una iniciativa popular que concibe a la mujer como un mero instrumento de reproducción, sirvió para hacer reformas constitucionales que constituyen retrocesos en los derechos de las mujeres. En esta fecha de conmemoración y celebración de las mujeres, un buen regalo sería realizar el reconocimiento pleno de las mujeres como seres humanas y realizar las reformas necesarias para el reconocimiento de este derecho humano fundamental. Reconocer las diversas violencias que ponen en riesgo y peligro a las mujeres, por un mundo de paz que permita la igualdad plena de las mujeres al concebirla no solo como objeto del derecho sino sujeta del mismo.

El 8 de marzo, no es un día de “celebración”, es un día de lucha, de reflexión, de acción y también de exigencia. No más un mundo sin nosotras. Los derechos sin las mujeres, no son derechos humanos

Pronunciamiento - Rechazamos enérgicamente cualquier forma de criminalización de la protesta social

La Agenda Feminista Jalisco, el Comité de América Latina y el Caribe para la defensa de los derechos de las Mujeres (CLADEM), la Red por los Derechos sexuales y reproductivos (DDESER Jalisco), Yocoyani, A.C, Amigos en el crucero, A.C. y las organizaciones y personas que a título individual suscribimos el presente pronunciamiento, rechazamos enérgicamente cualquier forma de criminalización de la protesta social y denunciamos las múltiples violaciones a los derechos humanos de las que fueron objeto las y los detenidos el pasado primero de diciembre en Guadalajara, Jalisco.

En la manifestación pacífica convocada por diversas organismos sociales el 1 de diciembre contra la imposición del Gobierno de Enrique Peña Nieto en la ciudad de Guadalajara, se suscitaron hechos considerados vandálicos realizados por gente provocadora que se infiltró en una marcha pacífica para desestabilizar la misma. Los elementos policíacos que acompañaban la marcha, nada hicieron para detener a los responsables en el momento adecuado, es decir cuando dañaban los edificios del PRI y Televisa, lo que manifiesta la incapacidad de la autoridad para actuar y la ausencia de protocolos de acción en situaciones críticas.

No se detuvo en el momento a los responsables de los daños ocasionados a los edificios del PRI en Jalisco ni de Televisa, a pesar de que se encontraban elementos policiacos y nada hicieron para detener a los responsables.

Fue hasta que se encontraban las y los jóvenes en las inmediaciones de la Expo en donde los cuerpos de seguridad de la policía de Guadalajara tendieron una trampa para encajonar a las y los manifestantes que seguían su marcha pacífica y se procedió a la realización de detenciones ilegales y a la represión, mediante el uso desproporcional de la fuerza pública sobre todo contra las mujeres, de este derecho ciudadano a expresarse y manifestarse libremente.

El grueso del contingente marchaba de manera pacífica, había familias, niñas, niños, mujeres embarazadas y solo un grupo pequeño de provocadores tiraron piedras y causaron los daños sin que ninguna autoridad interviniera para su detención de manera oportuna y efectiva.

En este contexto no podemos permitir que el Gobierno municipal de Guadalajara, viole los derechos humanos de las personas que de manera pacífica expresan su inconformidad y su rechazo ante cualquier acontecimiento, no podemos permitir que se detenga de manera arbitraria y mediante el uso de la fuerza a cualquier persona que siendo o no manifestante se encuentre en las inmediaciones de los hechos, no podemos permitir que se prive de la libertad a quienes no se les comprueben actos delictivos o vandálicos y tampoco podemos dejar de denunciar enérgicamente el uso de violencia de género que se utilizó en contra de las mujeres detenidas el 1 de diciembre, expresada en lenguaje sexista y lascivo contra ellas, en violencia sexual manifestada en toqueteos, agarrones e insinuaciones verbales de que han sido objeto.

Por lo tanto y con motivo de la represión ejercida por las autoridades del Estado de Jalisco contra manifestantes del 1 de diciembre en la Ciudad de Guadalajara, nos declaramos en contra y protestamos enérgicamente por:

1. las violaciones a los derechos humanos cometidos contra las y los manifestantes del 1 de diciembre en Guadalajara.

2. El uso de la fuerza física desproporcionada hacia las y los manifestantes y las personas que sin estar en las manifestaciones fueron detenidas.

3. Por el mensaje de represión que las nuevas autoridades y las fuerzas públicas han enviado con las detenciones de quienes tienen el derecho constitucional a manifestarse y a protestar.

4. Por no cubrir el protocolo legal para las personas detenidas hayan cometido o no los delitos de los que se les acusa.

5. Por ejercer violencia de género contra las mujeres detenidas al tratarlas de física y verbalmente de manera lasciva y violenta.

6. Repudiamos enérgicamente que criminalicen el derecho de la ciudadanía a la manifestación y a la protesta.

7. Por la inactividad, ausencia y complicidad de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco.

Exigimos:

1. Que sigan los procesos conforme a derecho y se libere de toda responsabilidad a quienes sólo hacían uso de su libre derecho a manifestarse.

2. Que se investigue la inclusión de personas extrañas al movimiento o a la protesta misma y que fungieron como provocadores, para que se deslinden responsabilidades y se señale directamente a quienes hayan sido responsables de esta provocación.

3. Que se investigue y castigue a los agentes policiacos que participaron durante y después de los hechos, incluyendo el Secretario de seguridad ciudadana de Guadalajara, quien dio la orden de reprimir a las y los manifestantes.

4. Que se respeten y garanticen los derechos de todas y todos los sujet@s a proceso.

Nos pronunciamos y expresamos un firme rechazo al uso desproporcionado de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad del municipio de Guadalajara y por los abusos en las detenciones de las y los manifestantes con la finalidad aparente de reprimir no sólo la comisión de delitos, sino el legítimo derecho a la protesta social que tenemos en el ejercicio pleno de nuestra ciudadanía. Rechazamos las múltiples violencias de género sufridas por las mujeres detenidas.

Nos solidarizamos con las y los presos políticos del 1º de diciembre del 2012 de la ciudad de México, que al igual que las y los de aquí, fueron víctimas de una redada indiscriminada de las fuerzas policiacas-represivas del gobierno del Distrito Federal, inmediatamente después de los hechos violentos considerados delictivos derivados de las expresiones de inconformidad por la forma como fue impuesto por los poderes fácticos de la nación mexicana Enrique Peña Nieto.

Organizaciones:
Agenda Feminista Jalisco (AFJ)

Comité de América Latina y el Caribe para la defensa de los derechos de las Mujeres (CLADEM)

Red por los derechos sexuales y reproductivos (DDESER Jalisco)

Yocoyani, A. C.

Amigos en el crucero, A.C.

Colectivo Bolivariano, Oaxaca. (MBP-M)

Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos”

Marcha de las Putas DF.

Movimiento de Caderas.

Observatorio de Violencia Social y de Género Puebla-UIA

Programa de Género y VIH

Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría SJ

U. Iberoamericana Puebla

Academia Morelense de Derechos Humanos,

Litigio estratégico e incidencia en derechos humanos a.c,

Comité organizador de la marcha de diversidad sexual, convergencia 8 de marzo. Morelos

JASS Mesoamérica

Coordinadora Regional

Modemmujer. AC.

Pacto Nacional por la vida, la libertad y los derechos de las mujeres

Red mesa de mujeres de Ciudad Juárez

Centro de Derechos Humanos de las Mujeres

Chihuahua, México

Colectivo de Reflexión Universitaria (CRU udg)

Colectivo Feminista Socialista ROSA CHILLANTE

Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC)

Comité de Familiares de Detenidos – Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”

Colectivo Ecologista Jalisco, A.C.

Feministas Socialistas

Colectivo ¡Queremos seguir vivas!

A título individual:
Alejandra Cartagena Jiménez >María Guadalupe Ramos Ponce

Fabiola Morales

Rossana Reguillo

Imelda Marrufo

Patricia Bedolla

Violeta Luna

Katia Díaz López

María Belem Salas Salazar.

Virginia Georgina López Osorio

María Elena Ramírez Avendaño

Nallely Ortiz Jiménez

Adriana Cruz Carrera.

Julia Escalante De Haro

Marusia López Cruz

Beatriz E Cavazos S.

Rosario González arias

Gabriela López Agüero

Edith López Hernández

Patricia García Guevara

Silvia Pérez Yescas

Marta Tagle

Minerva Valenzuela

Alma Gómez Caballero

Georgina Martínez Antúnez de Eunice Michel Díaz

Rosa María González Carranza

Claudia Martínez Medrano

Jaime Arias Amaral

Aimé Jezabel

Clara G. Meyra Segura

Norma Mogrovejo

Nadín Reyes Maldonado

Romina Martínez Velarde

Jorge Gastón Gutiérrez Rosete

Guadalupe Carmona

Eduardo Reyes Lara

Patricia Ortega

Verónica Marín

Gabriela Aguilar

Adelaida Salas

Sin “voluntad política” para acatar observaciones de CEDAW

Ya hay marco legal que permite garantizar derechos femeninos

México, DF.- Al Estado mexicano le falta voluntad política para cumplir las recientes recomendaciones del Comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), orientadas al respeto de los derechos de las mujeres, toda vez que el país ya cuenta con los mecanismos jurídicos necesarios para llevarlas a cabo.

Así lo informó en entrevista Patricia Bedolla, coordinadora nacional del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos Humanos de la Mujer (Cladem) en México, durante la “Mesa de discusión sobre las recomendaciones del Comité de la CEDAW”, que se realizó hoy en el Museo de la Mujer.

La activista indicó que el Estado mexicano sólo necesita “voluntad política” para cumplir los señalamientos emitidos por el Comité. “Si hay voluntad los problemas se resuelven” porque hay un marco legal adecuado luego de la aprobación de la reforma constitucional de Derechos Humanos (DH), entre otras leyes, explicó.

Bedolla apuntó que la administración entrante debe asumir este compromiso, pues está obligada por la Constitución.

Algunas de las recomendaciones del Comité de la CEDAW al Estado mexicano están encaminadas a erradicar la violencia contra las mujeres, así como la desaparición forzada y la trata de personas, delitos en los que ellas son las principales víctimas.

Las expertas del Comité, luego de que en julio pasado recibieron y analizaron dos reportes del Estado mexicano e informes “sombra” o alternos de organizaciones civiles, urgieron a las autoridades a cumplir con las recomendaciones.

Durante la mesa de discusión, Guadalupe Ramos, investigadora de la Universidad de Guadalajara y coordinadora de Cladem en Jalisco, expuso que los pendientes tienen que ver con la obligación del Estado de garantizar derechos mínimos de las mujeres para abatir la desigualdad de género.

Ramos recalcó que las observaciones finales del Comité de la CEDAW a México van dirigidas a que las mujeres vivan sin violencia, accedan a la participación política, educación y empleo digno, así como a gozar de salud sexual y reproductiva.

Patricia Bedolla destacó que durante la siguiente administración, las organizaciones civiles afrontarán el reto de empujar a las autoridades locales y federales a revertir las reformas que criminalizan el aborto en 17 estados del país, al haber estipulado la “protección de la vida desde la concepción-fecundación”.

Apuntó que hay estados como Morelos, donde se abre una “ventana de esperanza”, pues luego de que la entidad reformó su constitución local para penalizar la interrupción del embarazo, el nuevo gobernador Graco Ramírez “habla del derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo”.

Entre sus observaciones, el Comité de la CEDAW menciona que es preocupante que la salud de las mujeres se coloque en riesgo por la criminalización de la interrupción del embarazo derivada de las reformas a 17 constituciones locales, aun cuando las modificaciones no están en los códigos penales de esos estados.

Para hacer valer el derecho a decidir y el resto de las garantías fundamentales de las mujeres, la coordinadora nacional de Cladem en México anunció que la campaña “Ya es tiempo, ya es hora”, que comenzó a principios de este año, tendrá una segunda etapa en 2013.

La campaña consistirá en el monitoreo del cumplimiento de los DH de las mujeres y diálogo con autoridades para generar políticas favorables a los DH femeninos.

Fuente: http://www.yancuic.com/yancuic/noticia/10708

80% de mujeres asesinadas eran víctimas de violencia

Cladem indica que mujeres agredidas pueden pedir una orden de protección al Ministerio Público.

•No hay mecanismos para dar seguimiento a las denuncias; la ayuda que se les brinda se limita a acciones poco eficaces

Analy S. Nuño.- El Instituto Jalisciense de las Mujeres (IJM) atiende mensualmente alrededor de mil 200 solicitudes de asesoría, en su mayoría relacionadas con violencia intrafamiliar, sin embargo, la ayuda que brinda –al igual que otras instituciones que trabajan en el tema– se limita a acciones poco eficaces, de ahí la cifra advertida por el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) referente a que ocho de cada 10 mujeres que fueron asesinadas, previamente denunciaron la violencia de la que estaban siendo víctimas y solicitaron ayuda a diversas instituciones sin que éstas dieran respuesta.

De acuerdo con cifras del IJM, diariamente la dependencia atiende alrededor de 40 mujeres que en su mayoría sufren violencia intrafamiliar y acuden para solicitar apoyo; no obstante, el instituto poco hace para evitar que estas mujeres sigan siendo víctimas de su cónyuge o agresor, pues no tiene un sistema de atención integral para acompañar a la víctima una vez que denuncia su situación, prueba de ello es la Línea Mujer, servicio telefónico que sólo brinda apoyo psicológico momentáneamente, pero no da seguimiento al caso.

“Nosotros tenemos un promedio de 40 personas diarias que asisten, la mayoría de ellas por el tema de asesoramiento jurídico o psicológico, por cuestiones de violencia de género (…), finalmente pues se les da canalización, inclusive se les da asesoría por si quieren presentar alguna denuncia”, reconoció la presidente del IJM, María Elena Cruz Muñoz, quien refirió que la violencia que en mayor porcentaje sufren las mujeres que se acercan al instituto es emocional, seguida de violencia sexual, física y patrimonial.

Por ello, Guadalupe Ramos Ponce, del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (Cladem) recomienda que para evitar mayores riesgos, las mujeres que atraviesan por una situación de violencia y que están decididas a terminar con ésta deben tomar medidas de seguridad como crear una red de confianza con familiares y amigos que velen por su seguridad, pero primordialmente solicitar a un Ministerio Público una orden de protección para ella y sus familiares.

“Las órdenes de protección ya estaban en la norma jurídica desde hace tiempo pero ahora con la tipificación del feminicidio es que se amplía la temporalidad, antes eran de 72 horas, ahora pasan de ser mínimo de un mes a tres meses y estas órdenes de protección quien las debe otorgar es la autoridad, en este caso el Ministerio Público y en aquellos lugares donde no hay Ministerio Público puede ser el delegado o el sindico del ayuntamiento”, expuso.

No obstante, a consideración de Verónica Marín del colectivo Queremos Seguir Vivas, debido a que la violencia contra la mujer es socialmente aceptada, es difícil aceptar la situación y la necesidad de una orden de protección, razón por la cual se debe trabajar en la reeducación, para que la violencia se deje de “ver como normal” y que el Estado mexicano tome medidas reales y eficaces.

A decir de ambas activistas, las autoridades de Jalisco deben implementar medidas como la alerta de género ante el incremento en el número de homicidios dolosos contra mujeres, pero sobre todo debido a que el estado registra dos patrones muy específicos de feminicidios: cometido por parejas o ex parejas por la “pérdida de control sobre la mujer” y el relacionado con la aparición de cuerpos de mujeres jóvenes, golpeadas y desnudas en lugares públicos.

Fuente: http://www.lajornadajalisco.com.mx/2012/10/24/80-de-mujeres-asesinadas-eran-victimas-de-violencia/

Un sector mayoritario no puede ser grupo vulnerable

Asegura la representante del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (Cladem), Guadalupe Ramos Ponce, que la intención de integrar al Instituto Nacional de las Mujeres a la Secretaría de Desarrollo Social y catalogar a las mujeres como un grupo vulnerable sería un retroceso en materia de equidad en toda América Latina.

“Había una gran preocupación porque se sectorizara al instituto y el grave retroceso que significaba eso no solamente para México, sino para América Latina porque cualquier cosa o situación de retroceso, que ocurre en la región tiene repercusión en otros lados y por supuesto la preocupación en el país era mayor porque una vez que esto se cristalizara, largos años de lucha”, tendrían un revés, señaló.

Hace unos días se había dado el rumor de que a petición del presidente electo, el InMujeres sería fusionado a la Sedesol como una oficina más y al mismo tiempo catalogar a las mujeres en situación de violencia como un grupo vulnerable.

Dijo que en ese sentido los institutos tendrían un retroceso al no haber una política nacional para atender a este sector mayoritario de la sociedad y en especial a quienes padecen de la violencia la cual en algunos casos termina en homicidios.

Entonces esa “visión retrógrada de otra vez ubicarnos a las mujeres como grupo vulnerable, como grupo digno de asistencia y tutela, somos mujeres, somos ciudadanas y lo que exigimos es este ejercicio pleno” de su condición de ciudadanas.

Agregó que esperan que en Jalisco los cambios sean para mejorar y no para retroceder, porque desde su punto de vista hace falta a las féminas tener un mayor acceso a la justicia y en especial en los homicidios.

Por otra parte, dieron a conocer una serie de actividades en el marco del Día Internacional en Contra de la Violencia Hacia las Mujeres y que se celebra el 25 de noviembre.

Explicaron que en lo que va del año se han asesinado a 132 mujeres en la entidad y lo cual representa un incremento del 14% en relación al año pasado en donde se registraron 117 asesinatos.

Señalaron que les preocupa la violencia hacia las mujeres expresada en el asesinato, el cual tiene un incremento sustancial en los últimos cinco años y eso representa el extremo de la violencia, en el odio hacia las mujeres y en ocasiones ultrajado antes y después de darles muerte.

Explicaron entre diciembre de 2006 a junio de 2012 se registraron cuatro mil 112 asesinatos dolosos en mujeres en 13 estados, entre ellos Jalisco, con lo cual se ubica en el cuarto lugar.

Además de 2010 a junio de 2011, en ocho estados se tuvieron mil 235 mujeres asesinadas y en este rango también Jalisco se ubica en el cuarto lugar al tener 142 casos.

Finalmente, ante lo que consideran una lenta impartición de la justicia y aplicación de las leyes (aunque no tenga un reglamento) en especial el procurador de justicia, al mismo tiempo de que le piden que no fomente un patrón de impunidad de delitos, porque se convierte en una violencia institucional.

http://www.oem.com.mx/eloccidental/notas/n2782064.htm

2010

Demandan que se declare una alerta de género en #Jalisco

Las desapariciones de mujeres en Jalisco aumentaron de 178 en 2009 a 270 en lo que va de este año; esto es, 52 por ciento más, informó María Guadalupe Ramos Ponce, coordinadora en México del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (Cladem).

Pedro Haro Ocampo, coordinador del Área de Violencia Intrafamiliar y Delitos Sexuales de la Procuraduría General de Justicia del Estado, dijo que la mayoría de esos asesinatos han sido realizados por el crimen organizado.

Aproximadamente 90 por ciento ha sido parte de ello; si analizamos las cifras, sólo 10 por ciento ha sido por algún conocido, algún familiar, el que ha victimado a la mujer, declaró en entrevista radial.

Al presentar en Guadalajara elInforme de feminicidios 2010, realizado por Cladem y el Observatorio Nacional del Feminicidio, Ramos Ponce destacó que la violencia hacia las mujeres tuvo un incremento general de 78 por ciento en un año, cifra que supera la media nacional.

De enero al 15 de noviembre han sucedido 67 asesinatos dolosos contra mujeres. Cifra que muestra un incremento de 16 por ciento respecto de 2009, cuando se reportaron 58 asesinatos, detalló Ramos Ponce, quien agregó que hay poco avance en políticas para prevenir y erradicar la violencia hacia las mujeres en Jalisco, e hizo un llamado al Poder Ejecutivo estatal para que declare una alerta de género en el estado.

El Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM) y el Colectivo de Investigación, Desarrollo y Educación entre Mujeres dijeron que en los cinco años recientes en Veracruz se cometieron 309 homicidios de mujeres; sólo 80 fueron investigados y dictaminados, es decir, menos de 26 por ciento, y el resto nunca ameritó la conclusión de un expediente.

Los más sonados fueron los 11 crímenes que incluyeron abuso sexual cometidos entre 2007 y 2010 en los municipios de Isla y Juan Rodríguez Clara, en el sur del estado, donde ingresó el Ejército y la Secretaría de Seguridad Pública varios meses. Activistas del CIDEM lamentaron la desidia de la procuraduría veracruzana para emitir una alerta de género en la región.

Edda Arrez Rebolledo, directora del IVM, refirió que los 309 asesinatos de mujeres cometidos ubican a la entidad en el sexto lugar, tomando en cuenta la población femenina, que es mucha en comparación de otras entidades del país.

La mayoría de las víctimas sufrieron la agresión de algún familiar varón o de su pareja, y eso nos permite tener un panorama donde la violencia se ve normal, además de que no se denuncia, pero más allá debemos evitar la impunidad; ésa es una de las cuestiones que tenemos que erradicar.

Mayela García Ramírez, representante del CIDEM, expuso que de los 309 feminicidios, 226 permanecen sin castigar a los responsables de crímenes como homicidio, agresión y, en muchos casos, ultraje sexual de las víctimas.

Sociedad civil elabora propuestas sobre derechos civiles y políticos

Para acrecentar los temas presentados por el Comité de Derechos Civiles y Políticos al Estado de México, organizaciones de la sociedad civil prepararon, el mes pasado, una Lista de Temas a Tratar en el Examen del Quinto Informe Periódico de México. Enfocado en la situación de los derechos humanos de las mujeres, la idea del documento es ayudar al Comité durante el análisis de las políticas sobre los derechos civiles y políticos mexicanos.

Uno de los puntos abordados en el documento tiene que ver con la violencia contra las mujeres y con el trabajo realizado por la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Tráfico de Personas para Fines Sexuales. De acuerdo con la investigación, los trabajos de la Fiscalía están enfocados principalmente en el tráfico, dejando la violencia contra las mujeres un poco de lado.

“A pesar de que el Procurador General de la República transformó, en enero de 2008, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Relacionados con Actos de Violencia contra las Mujeres (Fevim) en Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Tráfico de Personas para Fines Sexuales (Fevimtra), cuya función es investigar y prevenir los delitos previstos en la Ley para Prevenir y Sancionar el Tráfico de Personas para Fines Sexuales, la realidad es que la Fevimtra carece de competencia para atraer y resolver casos de violencia contra las mujeres, tales como el feminicidio o las violaciones sexuales cometidas por agentes del Estado que dependen de gobiernos locales”, señala.

Otra cuestión destacada por las organizaciones que elaboraron la Lista se refiere a los asesinatos ocurridos en el país. Las entidades sociales firmantes del documento solicitan informaciones sobre los casos de feminicidio y desaparición de mujeres de México. De la misma manera, piden detalles sobre las investigaciones de denuncias de violaciones de derechos humanos contra las mujeres de la industria montadora en áreas de frontera.

Las organizaciones además solicitan más informaciones sobre la cuestión de defensores y defensoras de derechos humanos del país y sobre los derechos de las minorías, como los derechos de los indígenas, por ejemplo. “¿Existen iniciativas para asegurar la participación política de los pueblos indígenas en todos los niveles de gobierno?”, cuestionan.

Según el documento, informaciones del Comité señalan que las comunidades indígenas no fueron debidamente consultadas durante la reforma constitucional de 2001. La falta de acceso de los indígenas a la justicia también es un tema incluido en la Lista. “Las organizaciones que suscriben el presente documento consideran preocupante la problemática que afrontan las mujeres indígenas para tener acceso efectivo a la justicia”, destacan.

Además, el documento también pide informaciones sobre otros puntos, como: la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; la participación de las Fuerzas Armadas en el enfrentamiento al crimen organizado; el Código de Justicia Militar; entre otros.

La Lista de Temas fue elaborada por las siguientes organizaciones: Católicas por el Derecho de Decidir; Comité de América Latina y del Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem); Fundar, Centro de Análisis e Investigación; Grupo de Información en Reproducción Escogida (Gire) y Sin Fronteras.

El documento completo está disponible en: www.cladem.org

Traducción: Daniel Barrantes – barrantes.daniel@gmail.com
Fuente: http://site.adital.com.br/site/noticia.php?lang=ES&cat=75&cod=46671

Deficiente la procuración de justicia para mujeres en Jalisco

Letra muerta / El Occidental, 20 de mayo de 2010

Guadalajara, Jalisco.- Con base a un trabajo de investigación que el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (Cladem) realizó en Jalisco, se llegó a la conclusión de que en la entidad, la justicia para las mujeres es letra muerta, ya que no se ve reflejada la procuración de justicia para el género femenino, además de que no hay asesoría (como lo marca la ley) para que las afectadas presenten una denuncia de hechos por violencia intrafamiliar de forma adecuada, mencionó María Guadalupe Ramos Ponce, coordinadora del Cladem. Además, denunció que las mismas autoridades hacen que la víctima se desista de presentar tal querella.

En este estudio, y de acuerdo al INEGI, se refleja también que Jalisco alcanzó un número significativo a nivel nacional en la violencia contra las mujeres.

La violencia que viven las mujeres jaliscienses, ya sea de pareja comunitaria, laboral, familiar o escolar, alcanza un 78.5 por ciento entre mujeres mayores de 15 años, lo cual está por encima del promedio nacional que es de un 67 por ciento, “la violencia más frecuente es la que ejerce el propio marido o ex pareja, ya que alcanza un 52.8 por ciento; le sigue la violencia en la comunidad, con 48.4 por ciento; la violencia en el trabajo representa 36.1 por ciento; la familiar 22.7 y la escolar 20.7”, lo dio a conocer a su vez Luz Elena Rosas Hernández, quien es abogada integrante del Cladem.

Detalló que la desconfianza que las mujeres sienten hacia el sistema de justicia de Jalisco es significativa, ya que quienes han vivido algún tipo de violencia (de las que dejan secuelas físicas) deciden no emprender acciones legales en contra del agresor por desconocimiento, falta de orientación y sobre todo por desconfianza en las autoridades, ya que éstas no brindan seguimiento a los casos o porque al interponer la denuncia, se constata la ineficiencia que hay en el sistema judicial.

Aunque dijo que la ausencia de denuncias se debe también por miedo al agresor, por presiones sociales o familiares, se dijo que el 69.4 de las agresiones en Jalisco no son denunciadas, y sólo el 30.6 por ciento sí denuncian, “esto es altamente significativo porque refleja el nivel de impunidad que existe en relación con el tema de violencia contra las mujeres en Jalisco”, expresó Rosas Hernández.

Por su parte la coordinadora del Cladem, señaló que este organismo se encuentra preocupado por la seguridad de las mujeres en la entidad, ya que descubrió la violencia institucional que se vive al presentar denuncias, porque las autoridades no hacen nada, y que según algunos operadores de justicia, dicen que “estos casos dan flojera” porque argumentan que estos asuntos no llegarán a un término y porque no existe la estructura jurídica y social que permita que las mujeres que presenten sus denuncias alcancen la justicia.

Por lo que Ramos Ponce expresó, “a fin de que el acceso a la justicia sea real, es imprescindible la aplicación inmediata y efectiva de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en el Estado de Jalisco”, así como la aplicación de información veraz y eficiente que permita decidir a las mujeres sobre las opciones de atención que tienen.

Fuente: http://www.oem.com.mx/eloccidental/notas/n1641348.htm

Encuentro Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México

14-16 de octubre de 2010,Ciudad de México

Nosotras, más de sesenta defensoras de derechos humanos provenientes de veinte estados de la República Mexicana, de diversos sectores y movimientos socialesDECLARAMOS:

Que nuestro trabajo y compromiso con los derechos humanos sostiene, amplía y reconstruye la democracia, el estado de derecho y desarrolla oportunidades de vida digna para toda la sociedad. De manera particular, nuestra acción favorece la libertad, el acceso a la justicia, a la ciudadanía y la no discriminación de las mujeres. Por lo tanto, el Estado, la sociedad, el movimiento de derechos humanos y nuestras propias organizaciones, tienen que comprometerse con el reconocimiento, fortalecimiento y apoyo de nuestro aporte como defensoras de derechos humanos.

Que enfrentamos un Estado fallido que ha renunciado a su obligación de garantizar los derechos de la población y que de forma reiterada utiliza a las instituciones y recursos públicos para atacar, criminalizar y vulnerar la labor de las personas que defendemos los derechos humanos. En este contexto, han limitado el ejercicio de nuestra ciudadanía y agravado la cultura de machismo, misoginia y discriminación contra las mujeres la debilidad de la democracia y el estado de derecho, la impunidad y la corrupción, la agudización de la violencia contra las mujeres, la vulneración del carácter laico del Estado, las violaciones a los derechos humanos ocurridas desde la participación del Ejército en tareas de seguridad pública y la protección de intereses privados que violan derechos económicos sociales y culturales, entre otras cosas.

Que han aumentado el riesgo y los ataques contra las defensoras de derechos humanos de todo el país, siendo particularmente preocupante la situación de las defensoras en estados de la república como Chihuahua, Monterrey, Oaxaca, Chiapas y Guerrero; así como los reiterados y crecientes ataques contra defensoras de derechos humanos que denuncian casos de feminicidio, que dirigen y trabajan en los centros de refugio para mujeres que sufren violencia, que denuncian violaciones a derechos humanos por parte del ejército, que defienden la autonomía reproductiva de las mujeres, que defienden a las familiares de personas detenidas, perseguidas y desaparecidas por motivos políticos; las agresiones a periodistas, a defensoras indígenas y a activistas de la comunidad Lésbico, Gay Bisexual, Transexual y Transgénero.

Amenazas, allanamientos, difamación, violencia y tortura sexual, persecución judicial, ataques a nuestras familias, asesinato y ejecuciones extrajudiciales, son algunas de las formas en las que somos atacadas tanto por nuestro género, como por la labor que realizamos en la promoción y defensa de los derechos humanos. Estas agresiones provienen tanto de las autoridades federales y locales de los tres poderes del estado, como por parte de particulares y poderes fácticos que operan con la tolerancia o complicidad de las autoridades, tales como las redes de trata de mujeres y niñas, el narcotráfico, las empresas trasnacionales, las jerarquías religiosas y los grupos conservadores, los grupos paramilitares y los caciques locales.

El nivel de impunidad en el que permanecen los casos de agresión en contra nuestra es alarmante y sostiene la cultura de violencia contra las defensoras de derechos humanos. Frente a ello resulta urgente que el Estado mexicano asuma su responsabilidad de asegurar la seguridad, protección y apoyo a las defensoras.

Ello implica investigar y sancionar judicialmente a los responsables de las amenazas, actos de hostigamiento o atentados de los cuales hemos sido víctimas en tanto defensoras de derechos humanos. La sociedad por su parte y particularmente el movimiento de derechos humanos y nuestras propias organizaciones deben mejorar las condiciones en las que las defensoras realizamos nuestro trabajo, asegurando los recursos y apoyo necesario.

La gravedad de los ataques, y el alto riesgo en que desarrollamos nuestra labor ha llevado a decenas de defensoras a solicitar medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo estas medidas, a pesar de haber sido aceptadas por el gobierno mexicano, son deficientemente implementadas. Las autoridades que deben garantizar su aplicación imponen una burocracia excesiva e innecesaria, tienen poca coordinación entre las instancias federales y locales responsables, poco toman en cuenta nuestras necesidades específicas de protección y muchas veces obstaculizan su aplicación propiciando el desgaste y aumentando la vulnerabilidad de las defensoras. Denunciamos que a este Encuentro no pudo llegar nuestra compañera Margarita Guadalupe Martínez de la organización Enlace, Comunicación y Capacitación, A.C (Chiapas), quien cuenta con medidas cautelares desde marzo de este año, porque el Estado Mexicano no le garantizó la protección hasta la Ciudad de México.

El Estado mexicano debe respetar sus obligaciones en materia de protección a defensoras y derechos humanos de las mujeres. Ello implica dar cabal cumplimiento a las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre feminicidio en Ciudad Juárez y sobre la violación de mujeres indígenas por parte de militares en el estado de Guerrero. Cumplir con las observaciones del Comité de la CEDAW en materia de interrupción voluntaria del embarazo, que llevarían a eliminar cualquier normativa que limite el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo. Modificar la legislación actual para que sea la Jurisdicción civil la única competente para investigar, juzgar y sancionar a los militares que cometan violaciones a los derechos humanos y a las libertades fundamentales.

Las defensoras de derechos humanos en México somos un motor de transformación de la sociedad y una esperanza para el pleno ejercicio de los derechos y libertades fundamentales de todas y todos.

SUMEMOS TODAS LAS VOCES PARA RECONOCER Y PROTEGER EL QUEHACER Y LUCHAS DE LAS DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS EN MÉXICO

JUSTICIA, VERDAD Y REPARACIÓN INTEGRAL POR LOS ASESINATOS DE LAS DEFENSORAS DIGNA OCHOA, GRISELDA TIRADO, BETY CARIÑO Y JOSEFINA REYES

ATENTAMENTE

Laura Gutiérrez (MUGAC, Baja California, Tecate), Silvia Vázquez Camacho (Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos A.C., Baja California, Tijuana), Blanca Mesina (Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos A.C., Baja California, Tijuana), Blanca Isabel Martínez Bustos (Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios A.C., Coahuila, Saltillo), María Luisa García Andrade (Nuestras Hijas de Regreso a Casa A.C, Chihuahua, Ciudad Juárez), Ileana Espinoza (Red Mesa de Mujeres Chihuahua, Ciudad Juárez), Verónica Corchado (Pacto por la Cultura, Chihuahua, Ciudad Juárez), Imelda Marrufo (Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez A.C., Chihuahua, Ciudad Juárez), Emilia González (Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A. C., Chihuahua, Ciudad Juárez), Lucha Castro Rodríguez (Centro de Derechos de las Mujeres A.C. Chihuahua, Ciudad Juárez), Martha Graciela Ramos Carrasco (Mujeres por México en Chihuahua A.C., Chihuahua, Ciudad Juárez), Margarita Guadalupe Martínez Martínez (ENLACE, Comunicación y Capacitación, A.C., Chiapas), Martha Figueroa (Grupo de mujeres de San Cristóbal de las Casas A.C., Chiapas, San Cristobal), Diana Damián (Municipio Autónomo Zapatista, Chiapas), Ana Karen López Quintana (Tamaulipas Diversidad y VIHDA Trans A.C., Tamaulipas, Tampico), Alicia Leal Puertas (Alternativas Pacíficas A.C., Nuevo León, Monterrey), Consuelo Morales (Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C., Nuevo León, Monterrey), Angélica Araceli Reveles Soto (CLADEM-México, Jalisco, Guadalajara), Guadalupe López García (Lesbianas en Patlatonalli A. C., Jalisco, Guadalajara), Dora Ávila (Centro para los derechos de la Mujer Nääxwiin, Red Nacional de Promotoras y Asesoras Rurales, Oaxaca, Matías Romero), Beatriz Teresa Casas Arellanes (BARCA, Oaxaca), Emelia Ortiz García (Campaña “Si no están ellas no estamos todas”, Oaxaca, Región Triqui), Beatriz Hernández (Círculo Profesional para la Formación con Equidad de Género ¡Ndudxa Ndandi!, Oaxaca, Tlaxiaco), Edita Alavez Ruiz (UNOSJO, Mujeres Organizadas Yuubani, Oaxaca, Guelatao), Ana María Hernández (Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, Oaxaca), Theres Hoechli (Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, Oaxaca), Yessica Maya Sánchez (Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, Oaxaca), Nadia Altamirano Díaz (Comunicación e Información de la Mujer AC., Oaxaca), Leticia Burgos (Red Feminista Sonorense, Sonora, Ciudad Obregón), Sandra Peniche (Servicios Humanitarios en Salud Sexual y Reproductiva, Yucatán, Mérida), Espinoza Núñez (Zacatecas), Nora Isabel Bucio Nava (Comunicación e Información de la Mujer AC., Morelos, Cuernavaca), María del María del Montserrat Díaz (Colectivo Feminista de Xalapa A.C., Veracruz, Xalapa), Ofelia Cesareo Sánchez (Coordinadora Guerrense de Mujeres Indígenas y Afromexicana, Guerrero, Chilpancingo), Silvia Castillo Salgado (Instituto Guerrerense de Derechos Humanos A.C., Guerrero, Chilpancingo), Obtilia Eugenio Manuel (OPIM, Guerrero), Andrea Eugenio Manuel (OPIM, Guerrero), Soledad Eugenio (OPIM, Guerrero), Cristina Hardaga Fernández (Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Guerrero, Tlapa), Carolina Cantú (Coordinadora Guerrense de Mujeres Indígenas y Afromexicanas, Guerrero, Tlacopa), Georgina Vargas Vera (Centro de Derechos Humanos Victoria Díez A.C. Guanajuato, León), Verónica Cruz (Las Libres A.C. Guanajuato, León), María Trinidad Ramirez (Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, Estado de México, San Salvador Atenco), Martha Perez (Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, Estado de México, San Salvador Atenco), Clemencia Correa (D.F.), Yunuhen Rangel (Comunicación e Información de la Mujer AC., DF), Lucía Lagunes Huerta (Comunicación e Información de la Mujer , DF), Cirenia Celestino Ortega (Comunicación e Información de la Mujer , DF), Alejandra Ancheita Pagaza (Proyecto Derechos Económicos Sociales y Culturales, DF), Elga Aguilar (Comité Cerezo México, DF), Eréndira Cruz Villegas Fuentes (Incide Social, Frente de Protección a Periodistas, DF), Dolores González (Serapaz, DF), Tania Ramírez Hernández (HIJOS, DF), Josefina Chávez (Cuadernos Feministas, PRT, DF), Andrea de la Barrera Montppellier (Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez A.C., DF), Marusia López (Asociadas por lo Justo, D.F.), Andrea Medina Rosas (Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez A.C., D.F.), Orfe Castillo (D.F.), Laura García Coudurier (Sociedad Mexicana Pro Derechos de la Mujer AC, D.F.), Erika González (Sociedad Mexicana Pro Derechos de la Mujer AC, D.F.), Carmen Morales (Sociedad Mexicana Pro Derechos de la Mujer AC, D.F.), Alejandra González (Tlachinollan, D.F.), Irma Estrada Martinez (Tribunal Internacional de Conciencia, DF)

Contexto nacional

El Estado mexicano se ha incorporado al sistema universal de protección de los derechos humanos a través de la firma y ratificación de numerosos instrumentos internacionales. Asimismo, ha aceptado la competencia de distintos organismos y tribunales internacionales. Sin embargo, normativamente persisten obstáculos importantes para lograr la máxima eficacia de los derechos humanos y sus mecanismos de protección, de los que resaltan: las ratificaciones pendientes e incluso la ausencia de firma en algunas convenciones; la existencia de reservas substanciales a ciertos tratados (1) y la falta de armonización e implementación de los estándares internacionales. Por lo tanto, un compromiso pendiente es la evaluación de los mecanismos que permitan modificar la legislación federal, contemplando la homogeneidad en la armonización con las legislaciones estatales, de tal forma que se eviten interpretaciones o limitaciones para alcanzar un grado máximo de protección. (2)

El tratamiento jurídico que se le da a la violencia contra las mujeres a nivel federal y estatal, no corresponde al tratamiento que la CEDAW señala. En muchas ocasiones la legislación local es insuficiente e incluso contraria a las obligaciones internacionales de México, dejando desprotegidas a las mujeres, por ejemplo, el que la violación por el cónyuge, concubino o pareja no sea considerado delito grave y por tanto se persiga sólo por querella. (3) Por ello se afirma que los compromisos adquiridos por el Estado en relación a adecuar la legislación para erradicar la discriminación y violencia contra las mujeres, (4) han quedado inconclusos, pues aún cuando se cuenta con una Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que ha sido adoptada por 21 de las 32 entidades federativas de la República, es una legislación casi inaplicable ya que sólo tres estados cuentan con un reglamento al respecto.

Actualmente, el feminicidio es un tema sin resolver por parte del Estado mexicano que realiza acciones para ocultarlo a la comunidad internacional. En este contexto destacan la desaparición de instancias como la Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en Ciudad Juárez; hecho que se suma a la ineficacia de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA).

Destaca también la impunidad absoluta para los casos de tortura perpetrada en contra de mujeres detenidas. Ejemplo de esto son la violación y agresiones sexuales realizadas por cuerpos policíacos en el marco de la represión de manifestaciones públicas; la violación de mujeres indígenas por militares y la violación de mujeres detenidas por policías por ser consideradas sospechosas de un delito. Tales casos suelen permanecer en la impunidad a pesar de las recomendaciones de los mecanismos de la ONU.

Otra manifestación de violencia contra las mujeres es la trata de personas, fenómeno que provocó en 2007 la publicación de la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, cuyo reglamento ha sido publicado recientemente (27 de febrero del 2009). No existen bases de datos ni estadísticas adecuadas que permitan tener un panorama más claro de la problemática; tampoco existe una política de prevención con perspectiva de género o que brinde atención integral a las víctimas que en su mayoría son mujeres jóvenes y niñas.

Después de la reforma en materia de Interrupción Legal del embarazo (ILE), hecha por la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, en la cual se les otorga a las mujeres la libertad de decidir sobre su cuerpo y a partir del año 2007, en México se han venido dando otras reformas en las constituciones locales del interior del país. Hasta este momento aplicadas en 18 estados del país, sin embargo, en dichas reformas hay un grave retroceso conforme al artículo 6to. Considerando el derecho a la vida de las mujeres y su afectación por la criminalización del aborto. La violación a lo establecido en los artículos 1,2, 3 y 4 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer. Se criminaliza a las mujeres, incluso a quienes intentan embarazarse mediante métodos asistidos.

ALGUNAS CIFRAS

POBLACIÓN

Población en México

Por cada

mujeres

Por cada

hombres

EMPLEO

Población ocupada

%

Mujeres

La tasa de desocupación femenina subió de 3.4% en diciembre de 2007 a 4.6% en marzo de 2009, mientras que la tasa de desocupación masculina subió de 3.4 % a 4.9% en ese mismo periodo.

NIVEL DE POBREZA

Según el Informe sobre Desarrollo Humano de los Pueblos Indígenas de México 2006, once municipios del país se encuentran entre los más pobres del planeta. Todos con población mayoritariamente indígena, mantienen un índice de desarrollo humano similar al de los pueblos del sur del desierto africano del Sahara.

EDUCACIÓN

Según el INEGI, la tasa de alfabetismo de la población de 15 a 29 años en mujeres es de 97% y en hombres es de 97.1%. Mientras que la tasa de alfabetismo de la población de 30 a 64 años en mujeres 89.1% y en hombres es de 92.8%

CIFRAS Y PORCENTAJES DE CASOS DE VÍCTIMA DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

En México las cifras nacionales señalan que 67 de cada 100 mujeres de 15 años y más han padecido algún incidente de violencia ya sea en su relación de pareja, o en los espacios comunitario, laboral, familiar o escolar. La violencia más frecuente es la ejercida por el actual o último esposo o compañero, declarada por 43.2% de las mujeres; le sigue la violencia en la comunidad padecida por 39.7% de las mujeres; la violencia en el trabajo representa 29.9% de las mujeres asalariadas; la familiar 15.9% y la escolar 15.6%.

CIFRAS Y PORCENTAJE DE ATENCIÓN EN SALUD

Las mujeres concentran el 68.6 % del total de egresos hospitalarios en el año 2004, la mayor parte de estos se originaron por causas relacionadas con el proceso del parto. Las tres primeras causas de egreso hospitalario son: embarazo, parto y puerperio; las demás afecciones obstétricas directas; y el parto único espontáneo. En la morbilidad femenina destacan también los abortos, los traumatismos y envenenamientos, y las enfermedades del sistema circulatorio.

DERECHOS SEXUALES Y DERECHOS REPRODUCTIVOS

  • Desde que en abril de 2007 se despenalizó en Ciudad de México el aborto voluntario hasta las 12 semanas de gestación, poco más de 20.000 mujeres ejercieron ese derecho en centros de salud públicos. De ellas, 80% provenían de otros puntos del país.
  • Según estadísticas oficiales, 46,9% de las mujeres que solicitaron el servicio en la capital tenían entre 18 y 24 años, 21% entre 25 y 29 y el resto 30 años o más. Cerca de siete por ciento eran menores de edad.

VIVIENDA

Las mujeres representan el 50.7% de la población mexicana, es decir, son mayoría, sin embargo, de los 24,8 millones de hogares en México, corresponden a hombres 18’485.144 y a mujeres 5’521 213; mientras que los hombres jefes de hogar rentan el 12.8% de las casas, poseen el 78.9% de las casas propias; mientras que las mujeres jefas de hogar tienen la tenencia del 77.7% de las casas propias, 14.5% de las casas rentadas, es decir, hay un incremento en relación con las mujeres jefas de hogar en la tenencia de casas rentadas, y un decremento en las casas propias.

PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS MUJERES

En términos generales se puede decir que casi todos los partidos políticos han postulado alrededor de un 30% de mujeres como candidatas al Congreso de la Unión. No obstante, la composición por sexo de la actual Legislatura (LX) muestra que la participación femenina no alcanza 30%, y además ha disminuido su presencia respecto a la Legislatura anterior (LIX).

Las presidencias municipales ocupadas por mujeres apenas representan 3.5% a nivel nacional; 16 entidades federativas se ubican arriba de este porcentaje. Mientras que hay siete estados que no tienen ninguna presidenta municipal. Adicionalmente, la presencia de mujeres como gobernadoras de las entidades federativas ha sido mínima en la historia del país, actualmente sólo hay una gobernadora. Las mujeres como funcionarias en las dependencias de la administración pública federal tan sólo representan 27.4 %; en cambio en la Suprema Corte de Justicia de la Nación la participación femenina es de 37.7 por ciento.

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Liz Plácido

Vice Coordinadora
Alejandra Cartagena