México

Coordinación Nacional:

Nelly Martínez Echartea

Contexto Nacional

El Estado mexicano se ha incorporado al sistema universal de protección de los derechos humanos a través de la firma y ratificación de numerosos instrumentos internacionales. Asimismo, ha aceptado la competencia de distintos organismos y tribunales internacionales. Sin embargo, normativamente persisten obstáculos importantes para lograr la máxima eficacia de los derechos humanos y sus mecanismos de protección, de los que resaltan: las ratificaciones pendientes e incluso la ausencia de firma en algunas convenciones; la existencia de reservas substanciales a ciertos tratados (1) y la falta de armonización e implementación de los estándares internacionales. Por lo tanto, un compromiso pendiente es la evaluación de los mecanismos que permitan modificar la legislación federal, contemplando la homogeneidad en la armonización con las legislaciones estatales, de tal forma que se eviten interpretaciones o limitaciones para alcanzar un grado máximo de protección. (2)

El tratamiento jurídico que se le da a la violencia contra las mujeres a nivel federal y estatal, no corresponde al tratamiento que la CEDAW señala. En muchas ocasiones la legislación local es insuficiente e incluso contraria a las obligaciones internacionales de México, dejando desprotegidas a las mujeres, por ejemplo, el que la violación por el cónyuge, concubino o pareja no sea considerado delito grave y por tanto se persiga sólo por querella. (3) Por ello se afirma que los compromisos adquiridos por el Estado en relación a adecuar la legislación para erradicar la discriminación y violencia contra las mujeres, (4) han quedado inconclusos, pues aún cuando se cuenta con una Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que ha sido adoptada por 21 de las 32 entidades federativas de la República, es una legislación casi inaplicable ya que sólo tres estados cuentan con un reglamento al respecto.

Actualmente, el feminicidio es un tema sin resolver por parte del Estado mexicano que realiza acciones para ocultarlo a la comunidad internacional. En este contexto destacan la desaparición de instancias como la Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en Ciudad Juárez; hecho que se suma a la ineficacia de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA).

Destaca también la impunidad absoluta para los casos de tortura perpetrada en contra de mujeres detenidas. Ejemplo de esto son la violación y agresiones sexuales realizadas por cuerpos policíacos en el marco de la represión de manifestaciones públicas; la violación de mujeres indígenas por militares y la violación de mujeres detenidas por policías por ser consideradas sospechosas de un delito. Tales casos suelen permanecer en la impunidad a pesar de las recomendaciones de los mecanismos de la ONU.

Otra manifestación de violencia contra las mujeres es la trata de personas, fenómeno que provocó en 2007 la publicación de la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, cuyo reglamento ha sido publicado recientemente (27 de febrero del 2009). No existen bases de datos ni estadísticas adecuadas que permitan tener un panorama más claro de la problemática; tampoco existe una política de prevención con perspectiva de género o que brinde atención integral a las víctimas que en su mayoría son mujeres jóvenes y niñas.

Después de la reforma en materia de Interrupción Legal del embarazo (ILE), hecha por la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, en la cual se les otorga a las mujeres la libertad de decidir sobre su cuerpo y a partir del año 2007, en México se han venido dando otras reformas en las constituciones locales del interior del país. Hasta este momento aplicadas en 18 estados del país, sin embargo, en dichas reformas hay un grave retroceso conforme al artículo 6to. Considerando el derecho a la vida de las mujeres y su afectación por la criminalización del aborto. La violación a lo establecido en los artículos 1,2, 3 y 4 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer. Se criminaliza a las mujeres, incluso a quienes intentan embarazarse mediante métodos asistidos.

Nelly Martínez Echartea

Coordinadora Nacional

 

 

 

 

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