Alyne da Silva Pimentel, de 28 años, afrodescendiente, falleció el año 2002 durante el octavo mes de embarazo. Al sentirse mal acudió a una posta de salud en Río de Janeiro, falleciendo cinco días después por hemorragia interna, luego que el médico no dio el diagnóstico correcto en el tiempo y tampoco un acceso adecuado a servicios obstétricos de urgencia debido a la limitada disponibilidad de servicios de salud en su área.

En noviembre de 2007, la madre de Alyne, representada por el Centro de los Derechos Reproductivos y ADVOCACI, presentó una comunicación individual ante el Comité CEDAW.

En enero de 2010, el CLADEM presentó un Amicus Curiae haciendo notar que el caso de Alyne revelaba claramente violaciones al derecho a la vida, a la salud y a la igualdad y no discriminación. Se trata de un caso paradigmático para Brasil y para América Latina y el Caribe. En el escrito de Amicus se puso en evidencia que varios factores comunes pueden ser identificados como resultado de este patrón de violación de los derechos humanos de las mujeres en la región, incluyendo las altas tasas de mortalidad materna, el hecho de que las mujeres de los grupos socialmente excluidos se ven desproporcionadamente afectadas (pobres, jóvenes, negras, indígenas, rurales, etc.) y la falta de servicios apropiados y de calidad en salud materna.

El 17 de agosto de 2011, el Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer – CEDAW, emitió una resolución en la que señala los Estados tienen una obligación de derechos humanos de garantizar que todas las mujeres en sus países -independientemente de sus ingresos u origen racial- tengan acceso a servicios oportunos, no discriminatorios y adecuados de salud materna. Incluso cuando el Estado delega la prestación de servicios médicos en instituciones privadas, éste mantiene la responsabilidad directa sobre la prestación del servicio y tiene la obligación de regular y monitorear dichas instituciones.

De acuerdo a un estudio de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de 2005, se estimó que la tasa de mortalidad materna en América Latina y el Caribe fue de 130 muertes por 100 mil nacidos vivos. Ese mismo año, 15.000 mujeres murieron en la región como resultado de la mortalidad materna por causas prevenibles. Por lo tanto, el riesgo de que una mujer muera durante el parto o debido a complicaciones en el parto en América Latina es de 1 en 290.

En el año 2000, la Declaración del Milenio fue aprobada y los países se han comprometido con el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), como la reducción de la pobreza y la eliminación de la desigualdad entre hombres y mujeres. El quinto de los Objetivos de Desarrollo del Milenio es mejorar la salud materna y reducir la mortalidad materna en un 75% en 2015. Sin embargo, poco se ha avanzado en esta área hasta el momento.

La situación de la mortalidad materna en Brasil no es diferente de otros países de América Latina. Las fallas del sistema de salud incluyen la distribución desigual de recursos y personal poco calificado. Las disparidades regionales y los ingresos también afectan el riesgo de mortalidad materna de las mujeres, mientras que las desigualdades sociales se cruzan con la raza y el género influyen en el acceso a la educación, el empleo y la salud.

El caso de Alyne da Silva Pimentel ilustra las fallas en el sistema de salud en Brasil y representa las violaciones sistémicas del derecho a la vida y la salud de las mujeres. La decisión del Comité CEDAW es un precedente de gran relevancia en sistema internacional de protección a los derechos humanos, con particular impacto en las acciones que el Estado Brasileño y los demás Estados deberán emprender sobre la mortalidad materna y para eliminar toda forma de discriminación contra la mujer.