Comité de Derechos Humanos: Observaciones referidas a las mujeres y las niñas

No discriminación

10. Al Comité le preocupa la discriminación sufrida por las mujeres, la comunidad afrohondureña, los pueblos indígenas y las personas que viven en áreas rurales. El Comité también está preocupado por la insuficiente presencia de los pueblos indígenas y los afrohondureños en los órganos de representación política, así como en el Gobierno. El Comité está preocupado por la discriminación que sufren las personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales, incluyendo respecto a los derechos de las parejas del mismo sexo y la identidad de las personas transgénero (arts. 2, 3, 25, 26 y 27).

11. El Estado parte debería asegurar la protección plena contra la discriminación, incluyendo la discriminación sufrida por las mujeres, la comunidad afrohondureña y los pueblos indígenas, así como por orientación sexual e identidad de género. El Estado parte debería fortalecer el Instituto Nacional de la Mujer, particularmente por medio de un aumento de su partida presupuestaria, y la aplicación efectiva del II Plan de Igualdad y Equidad de Género, 2010-2022. Asimismo, debería asegurar el pleno reconocimiento de la igualdad de las parejas del mismo sexo y de la identidad de las personas transgénero y la protección plena contra los delitos de odio hacia las personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales. Debería también adoptar medidas que incrementen la presencia de los pueblos indígenas y los afrohondureños en la vida pública y política.

Igualdad de derechos entre hombres y mujeres

12. El Comité está preocupado por la limitada participación de la mujer en la vida política y pública, y en particular por el Reglamento de Aplicación del Principio de Paridad y del Mecanismo de Alternancia en la Participación Política de Mujeres y Hombres en los Procesos Electorales, el cual no garantiza la alternancia efectiva en los cargos de elección popular (arts. 2, 3, 25 y 26).

13. El Estado parte debería intensificar sus esfuerzos para aumentar la participación de las mujeres en la vida política y pública, incluyendo la adopción, de ser necesarias, de medidas especiales de carácter temporal para dar pleno efecto a las disposiciones del Pacto, y la modificación del Reglamento para asegurar una paridad efectiva.

Violencia contra la mujer

14. El Comité está preocupado por las elevadas tasas de violencia contra la mujer, incluyendo la violencia doméstica, y en particular por los centenares de muertes anuales por feminicidio, así como por la violencia contra las personas trabajadoras del sexo. Al Comité le preocupa también el extremadamente reducido número de enjuiciamientos y condenas impuestas por este tipo de violencia, lo que conduce a la impunidad de los autores (arts. 2, 3, 6, 7 y 26).

15. El Estado parte debería redoblar sus esfuerzos para prevenir, combatir y sancionar todos los actos de violencia contra la mujer y ofrecer asistencia y protección a las víctimas, incluyendo por medio de la adopción de una ley integral contra la violencia hacia las mujeres. El Estado debería también facilitar la presentación de denuncias por parte de las víctimas; asegurar que todos los hechos violentos sean investigados de manera pronta, exhaustiva e imparcial; que los autores sean enjuiciados y sancionados; y que las víctimas puedan obtener asistencia, medios de protección y una reparación integral.

Interrupción voluntaria del embarazo y derechos reproductivos

16. Si bien el Comité toma nota de los esfuerzos del Estado parte para combatir la mortalidad materna en general, está preocupado por el hecho de que toda interrupción voluntaria del embarazo es ilegal e incurre en penas de hasta diez años de prisión, con el resultado de una alta tasa de mortalidad debido a abortos inseguros; la prohibición absoluta de anticonceptivos de emergencia, incluso en los casos de violación e incesto; y las altas tasas de embarazo adolescente no deseado (arts. 3, 6, 7, 17 y 26).

17. El Estado parte debería modificar con carácter urgente su legislación para ayudar a las mujeres a evitar embarazos no deseados y asegurar que no deban recurrir a abortos clandestinos que pudieran poner en peligro sus vidas y salud. En este sentido, el Estado parte debería asegurar el acceso a un aborto legal y seguro incluyendo en los casos de amenaza a la vida o a la salud de la mujer, violación o incesto, y de feto inviable debido a anomalía, y considerar la descriminalización del aborto. El Estado parte debería eliminar la prohibición de la píldora anticonceptiva de emergencia. Debería también mantener estadísticas precisas sobre el impacto de las restricciones sobre el aborto y la píldora anticonceptiva de emergencia, sobre la vida y la salud de las mujeres y las niñas, y multiplicar los programas que aseguren el acceso pleno a la salud sexual y reproductiva, a los anticonceptivos y a la educación para sensibilizar a hombres y mujeres, y niños y niñas en todo el país.

    (…)

Desplazados internos

28. El Comité está preocupado por el alto número de desplazados internos debido a la situación de violencia en el Estado parte, y en particular por la situación de vulnerabilidad en que se encuentran las familias con niñas y niños, menores migrantes no acompañados, así como las mujeres víctimas de violencia doméstica y sexual que huyen debido a la impunidad de sus agresores. El Comité reconoce la labor de la Comisión Interinstitucional para la Protección de las Personas Desplazadas por la Violencia, a pesar de su reducida capacidad y marco de actuación (arts. 2, 12 y 26).

29. El Estado parte debería intensificar sus esfuerzos para prevenir los desplazamientos internos; asegurar que las víctimas reciban atención, asistencia y reparación integral, con especial atención a las necesidades de mujeres y niñas; y garantizar opciones seguras y viables para el retorno, la integración local o el reasentamiento en otras partes del país. Asimismo, el Estado parte debería reforzar el mandato y capacidad de la Comisión Interinstitucional, y dotarla de los recursos necesarios para que pueda desarrollar su labor con eficacia.

    (…)

Prohibición de la esclavitud y del trabajo forzoso y la trata de personas

36. El Comité da la bienvenida a las medidas adoptadas por el Estado parte para combatir las formas contemporáneas de esclavitud, el trabajo forzoso y la trata de personas. Sin embargo, el Comité nota con preocupación la información de que estos fenómenos persisten, incluyendo en los sectores maquilero, servicio doméstico y pesca mediante buceo, afectando de manera particular a las personas en situación de vulnerabilidad tales como las mujeres, las niñas y niños, las personas afrohondureñas e indígenas y las que viven en comunidades rurales. Asimismo, el Comité está preocupado por el fenómeno de la trata de personas, como por ejemplo con fines de explotación sexual, en particular en relación a niñas y niños (art. 8).

37. El Estado parte debería continuar e intensificar sus esfuerzos para prevenir, combatir y sancionar las formas contemporáneas de esclavitud, el trabajo forzoso y la trata de personas, así como identificar a las víctimas y proveerles reparación integral y medios de protección y asistencia adecuados. En este sentido, el Estado parte debería reforzar la capacidad de la Inspección General del Trabajo y aumentar su partida presupuestaria, así como adaptar la legislación nacional en materia de trata al Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Protocolo de Palermo).

[^551] CCPR/C/HND/CO/1, 13 de diciembre de 2006 [^552] Las recomendaciones se encuentran en negrita. [^553] CCPR/C/HND/CO/2, 22 de agosto de 2017 [^554] Las recomendaciones se encuentran en negrita.