CLADEM Denuncia el incumplimiento de los derechos humanos de las mujeres y hace una llamado a los Estados y a la comunidad internacional para prevenir, sancionar, erradicar y poner fin a las violencias contra las mujeres, los obstáculos para el acceso a la justicia, la educación sexista, la discriminación laboral y falta de ejercicio y goce de los derechos sexuales y reproductivos.

CLADEM (Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer), red feminista que trabaja por la promoción y defensa de los derechos humanos de las mujeres presente en Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, El Salvador, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana y Uruguay; en ocasión del 8 de Marzo: Día Internacional de la Mujer, DENUNCIA el incumplimiento de los derechos humanos de las mujeres y HACE UN LLAMADO a los Estados y a la comunidad internacional para prevenir, sancionar, erradicar y poner fin a:

– LAS VIOLENCIAS CONTRA LAS MUJERES: A pesar de los avances, persiste todo tipo de violencias contra las mujeres en América Latina, el Caribe y el mundo. El feminicidio/femicidio, la violencia sexual, la violencia sicológica, la violencia física, la violencia económica, la violencia institucional, siguen afectando la salud y vida de tantas mujeres ante la escasa respuesta de los Estados y la impunidad en los sistemas de justicia. Las leyes en la materia, en su mayoría, aún no responden a los estándares de la Convención Belén Do Pará. Las políticas son débiles y los presupuestos insuficientes. Las mujeres han sido y son las principales víctimas de los conflictos armados quienes, paralelamente al desarraigo, han soportado durante siglos la exclusión, la intolerancia, la discriminación basada en el género y la violación de sus derechos fundamentales. Muchas de ellas son objeto de violencia sexual, utilizada como arma de guerra. Más del 75% de las personas desplazadas son mujeres y niña/os, y en algunas poblaciones de refugiados esas cifras alcanzan el 90%.[1] Las mujeres tienen derecho a justicia por crímenes de lesa humanidad y a la reparación integral.

– LOS OBSTÁCULOS PARA EL ACCESO A LA JUSTICIA: Los obstáculos para el acceso a la justicia por parte de las mujeres persisten y se muestran difíciles de erradicar. Frente a las violaciones de derechos, los factores de raza, etnia, orientación sexual, posición social, etc. se convierten en motivos de mayor exclusión y discriminación en los sistemas de justicia. En algunos países, el poder judicial no cumple con los mandatos de los tratados internacionales, tales como el principio de no discriminación y de la debida diligencia, ya que tampoco han sido incorporado en su legislación nacional y escasamente invocan en las sentencias o resoluciones judiciales. La CIDH ha observado con especial preocupación la baja utilización del sistema de justicia por parte de las mujeres víctimas de violencia, el maltrato que pueden recibir tanto las víctimas como sus familiares al intentar acceder a recursos judiciales y su persistente desconfianza de que las instancias judiciales sean capaces de remediar los hechos perpetrados. Esta situación no solo propicia una sensación de inseguridad, indefensión y desconfianza en la administración de justicia por parte de las víctimas, sino que este contexto de impunidad perpetua la violencia contra las mujeres como un hecho aceptado en las sociedades americanas en menoscabo de sus derechos humanos”.

– DESIGUALDAD Y DISCRIMINACIÓN LABORAL: América Latina es la región más desigual del mundo y la pobreza tiene rostro de mujer. Todavía persisten obstáculos particulares para que las mujeres accedan al derecho a la vivienda y a la tierra. La creciente feminización del mercado del trabajo, debe estar preparada para implicar un avance en materia de igualdad sustantiva en el goce de estos derechos. La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ya señaló en su informe que “…a pesar de que hace décadas que se adoptan normas internacionales al respecto, persisten las desigualdades en forma de segregación por razón del género en la fuerza de trabajo, sueldos inferiores por trabajo de valor equivalente y otras condiciones contractuales menos favorables. Los países con economías en desarrollo y con economías desarrolladas están incorporando cada vez a más mujeres en el sector no estructurado; las niñas y las jóvenes migrantes son contratadas como trabajadoras domésticas y a veces no reciben remuneración o son explotadas para fines sexuales y viven en condiciones precarias y sin garantías legales”. La división sexual del trabajo sigue asignándonos a las mujeres el trabajo doméstico no remunerado y las tareas de cuidado que aunque socialmente necesario, no es registrado en el PIB y en las cuentas nacionales.

– LA EDUCACION SEXISTA Y DISCRIMINATORIA: Los Estados siguen sin cumplir con su obligación de asegurar el derecho a la educación para todas y todos. Muchas niñas indígenas y afrodescendientes siguen sin tener acceso a la escuela. El 8.8% de mujeres adultas son analfabetas. Los magros presupuestos para la educación y los bajos salarios de maestras y profesores atentan contra la calidad de la educación. La paridad entre los sexos en primaria y secundaria, era la Meta 4 para el 2005 y ningún país ha cumplido enteramente con la obligación de garantizar la educación gratuita, laica y universal, con una concepción no sexista y antidiscriminatoria. Las niñas y jóvenes de América Latina y el Caribe, siguen siendo escolarizadas bajo parámetros ciegos a las diferencias de género, perpetuando la discriminación contra la mitad de la humanidad. La educación no sexista y antidiscriminatoria es obligación de los Estados y una herramienta poderosa para combatir la violencia y ampliar la democracia en nuestra región. Defender y profundizar una educación laica y científica es parte de la obligación de los Estados de tutelar los derechos humanos de las niñas, jóvenes y mujeres de nuestra región.

– FALTA DE EJERCICIO Y GOCE DE LOS DERECHOS SEXUALES Y LOS DERECHOS REPRODUCTIVOS: En nuestra región siguen muriendo mujeres a causa de abortos provocados en condiciones de riesgo. La penalización del aborto y la falta de servicios de atención a la salud sexual y reproductiva son sus principales causas. La falta de educación sexual y de política integrales de salud siguen impidiendo el real ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos. La falta de discernimiento de lo político con lo religioso desde el Estado determina que la influencia de los fundamentalismos siga atentando contra los derechos sexuales y reproductivos y motivando la discriminación por orientación sexual e identidad de género, que llega hasta el asesinato.

¡Basta de desigualdad, discriminación y violencia hacia las mujeres en América Latina y el Caribe y el mundo!