CLADEM en Colombia

 

En el año 1989 el CLADEM establece un enlace en Colombia liderado por Martha Lucía Uribe. En el año 1990 se inician las coordinaciones con diversas organizaciones para pensar en un futuro CLADEM.

En la Asamblea del año 1992 sigue formando parte del grupo de enlaces, pues no había alcanzado el desarrollo de una articulación nacional, su participación fue a través de su enlace Norma Enríquez de la Casa de la Mujer. Durante estas reuniones Colombia fue designado como país integrante del segundo Comité para la Gestión de Decisiones, hecho que promovió un mejor intercambio con la Oficina Regional.

Finalmente, el 21 de marzo de 1996 se constituye como un CLADEM.

Principales actividades

2014

Comunicado de Prensa: Lanzamiento campaña "Por un Estado que cumpla con los derechos de las mujeres. Ya es hora, es tiempo"

CLADEM Celebra Premio Nacional de Derechos Humanos a la Casa de la Mujer de Bogota

2013

Carta abierta a Martin Schulz, Presidente del Parlamento Europeo, luego de su visita a Colombia.

Comunicada de Prensa Un año sin Rosa Elvira Cely

Comunicado ante riesgo de retiro del Alto Comisionado de Colombia

Movilización por la paz y la democracia

2012

¡Condenamos enérgicamente las amenazas realizadas a más de 30 organizaciones feministas y de derechos humanos en Colombia!

CLADEM DENUNCIA

Instamos al Estado colombiano a implementar medidas de protección inmediatas

Hacemos un llamado respetuoso a al Comité CEDAW de la ONU y la Relatoría de los Derechos de las Mujeres de la CIDH a dar seguimiento a las mismas

14 de mayo de 2012

Dr. Juan Manuel Santos, Presidente de la República del Colombia

secretaria.privada@presidencia.gov.co

P R E S E N T E

El Comité de América Latina y El Caribe por la Defensa de los Derechos de las Mujeres, CLADEM es una red feminista que trabaja para contribuir a la plena vigencia de los derechos de las mujeres en Latinoamérica y el Caribe, utilizando el derecho como una herramienta de cambio. Cuenta con estatus consultivo en la Categoría II ante las Naciones Unidas desde 1995 y ante la UNESCO desde 2010, además goza de reconocimiento para participar en las actividades de la OEA desde el 2002.

Las organizaciones e integrantes del CLADEM en los 14 países en los que cuenta con representación estamos preocupadas y alarmadas por las amenazas, hostigamientos e intimidaciones realizadas a más de 30 organizaciones de derechos humanos y feministas, en donde se les señala como objetivo militar, así como a la constante ofensa de la que son objeto defensoras (res) de derechos humanos que laboran en las mismas o que se encuentran vinculadas a estas. Asimismo, mostramos nuestra indignación, frente al ataque del 7 de Mayo, en donde una persona no identificada disparó dos tiros a la oficina de Women’s Link Worldwide, donde la defensora, Mónica Roa, y dos de sus colegas estaban trabajando.

CLADEM exige al Estado colombiano que se investiguen estas amenazas y que se provean de medidas de protección expeditas, imparciales y eficaces para garantizar la vida de las personas activistas e integrantes de esas organizaciones así como su derecho a defender derechos.

CLADEM denuncia estas intimidaciones e insta al Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) de las Naciones Unidas y a la Relatoría sobre los Derechos de las Mujeres de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y le solicita de la manera más respetuosa que den seguimiento y estén al tanto de la situación en la que se encuentran estas organizaciones.

¡Por un Estado que garantice los derechos humanos de las mujeres!

CLADEM

CLADEM rechaza amenaza, hostigamientos y ataques a lideresas y defensoras de derechos humanos en Colombia

En nombre del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos Humanos de las Mujeres, CLADEM, articulación feminista de personas y organizaciones dedicada a la promoción y defensa de los derechos humanos de las mujeres en trece países de la región,[1] manifiesta su profunda indignación, rechazo por los reiterados ataques, amenazas y hostigamientos contra lideresas y defensoras de derechos humanos en la Región Caribe en Colombia y exige al Estado Colombiano garantizar los mecanismos y medios efectivos para la investigación, protección a las mujeres víctimas de violaciones de derechos humanos denunciados en la presente ACCIÓN URGENTE, así como también las garantías de no repetición de estos hechos en el país, tal como se ha obligado al ratificar numerosos instrumentos internacionales de derechos humanos.

De acuerdo a la denuncia formulada por el Colectivo Mujeres al Derecho, organizaciones de mujeres, víctimas y campesinas[2], existe un patrón sistemático de hostigamientos, amenazas y ataques hacia las mujeres lideresas de organizaciones y defensoras de derechos humanos de la región del Caribe de Colombia cuyos casos se detallan a continuación:

El jueves 16 de agosto, de 2012, en el corregimiento de Puerto Giraldo del municipio de Ponedera, Atlántico, aproximadamente a las 11:00 A.M. 3 hombres llegaron al barrio Giraldito -donde estaban haciendo ellas las reuniones- preguntando por la señora Gilma Cervantes Rodríguez. Ella es una lideresa de la Asociación de Mujeres de Puerto Giraldo y Espacio Multicultural de Mujeres de la región Caribe, y a su vez una Lideresa visible en el proceso de reclamación del predio de Loma Arena de ese mismo municipio. Actualmente la lideresa Gilma Cervantes se encuentra como beneficiaria de medidas urgentes de protección de la unidad de Unidad Nacional de Protección del Ministerio del Interior, que desde el mes de Marzo en que fueron aprobadas hasta la fecha no han sido implementadas. Estos hombres al no recibir información por parte de los habitantes, siguieron indagando preguntando incluso a niños de la comunidad, presentando en todo momento una actitud hostil contra las personas.

El pasado martes 28 de agosto, Mayerli Angarita, lideresa de la Red de Mujeres Narrar para vivir, fue víctima de un atentado contra su vida, un hombre la sorprendió de regreso a su casa e intento propinarle varios disparos pero el escolta que le fue asignado por la Unidad Nacional de Protección del Ministerio del Interior por las reiteradas amenazas contra su vida y su integridad personal, alcanzó a reaccionar ante este suceso por lo que se produjo un enfrentamiento entre ambos.Mayerli Angarita se lanzó a un barranco que se encontraba cerca salvaguardándose de los hechos por lo que en estos momentos se encuentra bajo observación médica debido a los golpes y traumas que sufrió. El escolta asignado por la Unidad Nacional de Protección del Ministerio del Interior, era compartido junto con otra compañera de la organización que también es víctima de amenazas contra su vida, y que día por medio estaba con ella. Y precisamente el día martes, día de los hechos, se encontraba designado para ella.

El de 30 de agosto, aproximadamente a las 8 horas de la noche, la defensora de victimas de ejecuciones extrajudiciales MARTHA DÍAZ, directora y representante legal de la Asociacion de Familias por un Solo Dolor, AFUSODO, recibió un mensaje de correo por el cual se la advierte a ella y a los organismos que la apoyan como Mujeres al Derecho, les iba a pasar lo mismo, ya que ya sabían que estaba haciendo acciones en contra del Estado, remarcando que ¨ AFUSODO y el Colectivo Mujeres al Derecho se acababan hoy si no salían inmediatamente de Barranquilla¨. AFOSUDO es una organización de familias victimas de ejecuciones extrajudiciales y desaparecidas y a ASOCOLEMAD es una organización defensora de derechos humanos de mujeres en la Región Caribe, que vienen aportando a la defensa de los derechos humanos en la Región Caribe y a la búsqueda de justicia como elemento fundamental para construir un camino para la paz. Las amenazas se produjeron luego de que se entregara los restos de dos jóvenes victimas de ejecuciones extrajudiciales, cuyas familias son parte de AFOSUDO. En medio de una serie de irregularidades por parte Medicina legal y la fiscalía, las cuales obligaron a la señora Martha Díaz, a solicitar a la Unidad de derechos humanos de esta última entidad una reunión urgente para que dieran explicaciones por los inconvenientes que se han venido presentado para la entrega oportuna de los restos humanos a sus familias. Posteriormente de la reunión solo hasta las 6 de la tarde del presente día, se hizo presente un equipo de funcionarios de la Fiscalía para hacer entrega de los restos, en la Iglesia del perpetuo socorro en Barranquilla.

Tal como consta en la denuncia del Colectivo Mujeres al Derecho, organizaciones de mujeres, víctimas y campesinas, estos casos se suman a los hechos recientes de amenazas, ataques y hostigamientos contra las defensoras de derechos humanos en la Región Caribe, hacia Rosario Montoya, integrante de la Fundación Infancia Feliz y defensora de derechos humanos ese mismo día en Barranquilla, así como los robos de información y amenazas contra un gran número de organizaciones defensoras de derechos humanos.

Como CLADEM, nos sumamos a las exigencias del Colectivo Mujeres al Derecho, organizaciones de mujeres, víctimas y campesinas y reiteramos al Estado de Colombia que:

GARANTICE la vida e integridad de las mujeres líderes en situación de desplazamiento y de las mujeres defensoras de derechos humanos a la justicia colombiana la investigación y sanción de los responsables de estos hechos.

RESPETE las normas del derecho humanitario y se abstengan de realizar cualquier acto de agresión contra las mujeres, jóvenes y niñas en Colombia, incluyendo a todos los grupos que participan en el conflicto armado

DISEÑE E IMPLEMENTE el programa de prevención de la violencia contra las mujeres defensoras y líderes de la población desplazada.

CUMPLA con sus compromisos con las mujeres defensoras y líderesas de la población desplazada y las reiteradas recomendaciones emanadas de los mecanismos del sistema interamericano y universal de derechos humanos, a fin de garantizar la vigilancia e investigación de las violaciones, la protección de los derechos humanos de las mujeres en Colombia y brindar todas las garantías de no repetición de las violaciones.

Esperamos que el Estado colombiano cumpla de manera efectiva con su obligación de prevenir, sancionar y erradicar todo tipo de violencias contra las mujeres, en especial los hostigamientos, amenazas, ataques contra las lideresas y defensoras de derechos humanos en la región del Caribe de Colombia, y que cese la impunidad que encubre a las violaciones de los derechos humanos en el país.

[1] Con estatus consultivo para el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (UN ECOSOC), la OEA y la UNESCO. En marzo de 2009, fuimos galardonadas internacionalmente con el Premio Rey de España a los Derechos Humanos en su Tercera Edición y el año 2010 recibimos el Premio Gruber a los derechos humanos de las mujeres.[2] Acciones urgentes: Mensaje amenazante Colectivo Mujeres al Derecho – AFUSODO y atentandos y hostigamientos contra lideresas defensoras de derechos humanos y tierras en la Región Caribe. 30 de agosto de 2012.

Manifiesto de Mujeres por la Paz

La paz sin las mujeres ¡No va!

Nosotras, las mujeres de la Guajira, Bolívar, Atlántico, Sucre, Antioquia, Caldas, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Santander, Meta, Caquetá, Tolima, Bogotá, Boyacá, Risaralda, Cesar, Putumayo, Norte de Santander, Huila, Quindío, Nariño; mujeres afro descendientes, indígenas, campesinas, urbanas, jóvenes, adultas, del arte y de la cultura, de organizaciones de mujeres, feministas, sociales, populares, partidos políticos, sector LGTBI; llegamos a la ciudad de Bogotá para aunar y tejer sueños y acciones, para perfilar una sociedad también a la medida de las mujeres; sociedad en la cual se nos reconozca como sujetos de derechos en lo público y lo privado, se otorgue autoridad a nuestras voces y se validen nuestras experiencias como valor de la condición humana.

En estos dos días de debates, encuentros y de compartir experiencias, reafirmamos nuestro compromiso ético y político con la construcción de la paz; nos declaramos insumisas frente al patriarcado y el capitalismo y nos negamos a continuar siendo las pactadas de la cultura patriarcal, queremos ser pactantes del nuevo contrato social que deriva del proceso de diálogo.

Rechazamos las guerras públicas y privadas en contra de las mujeres, la expropiación de los territorios, del suelo, subsuelo y de los recursos, la concentración de la riqueza en manos de unos pocos y en detrimento de las condiciones de la vida de la mayoría de la población colombiana, la explotación de los bienes comunes, la privatización de los recurso públicos, medioambientales y de los derechos humanos, exigimos un crecimiento sano y un desarrollo inclusivo y sustentable.

Abogamos por la defensa del Estado social de derecho laico garante de los derechos de todas y todos, libre de prejuicios e imposiciones religiosas y, respetuosas de la diferencia sexual, las identidades sexuales, religiosas, étnicas y políticas.

La paz no es el silenciamiento de los fusiles en lo público en lo privado. La paz implica hacer realidad la justicia social para todos y todas sin distinción de etnia, sexo, religión, postura política o condición económica; significa garantizar los derechos de la verdad, la justicia y la reparación de todas las victimas; erradicar la violencia como ejercicio de la política y la negación del otro-a como práctica cotidiana. La paz significa desmilitarizar los territorios, las mentes y la palabra.

Las mujeres reunidas en el Encuentro Nacional de Mujeres por la Paz, demandamos al Gobierno y a la insurgencia no pararse de la mesa hasta no llegar al cuerdo que de fin al conflicto armado, consideramos que debe superar todos los obstáculos y colocar la consecución de la paz como un derecho de todos los colombianos y colombianas. Es imprescindible que las mujeres seamos protagonistas en el proceso de diálogo, en la construcción de la paz y en las decisiones que se tomen para la obtención de estos propósitos. Porque los problemas que nos afectan a las mujeres implican a toda la sociedad y consideramos que deben estar en el centro de la agenda que se discute entre el Gobierno y la insurgencia, en la Habana Cuba,

Proponemos:

  • Ampliar la noción y los objetivos de la construcción de la paz para integrar cuestiones relativas a los derechos de las mujeres.
  • Participar activamamente en las agendas regionales y nacionales para la construcción de la paz con justicia social y que promuevan las voces y agendas de las mujeres.
  • La inclusión de las mujeres excombatientes de la insurgencia en los programas de desarme, desmovilización y reintegración, en igualdad de condiciones a los hombres y con enfoque diferencial.
  • Revisión de las políticas de seguridad para que se garantice la seguridad de las mujeres en lo público y lo privado.
  • Generar espacios abiertos, democráticos y pluralistas para la discusión y la toma de decisiones acerca de la justicia transicional, el fuero militar y los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de las mujeres.
  • Acciones estatales que lleven al desmantelamiento total del paramilitarismo en sus diversas y múltiples expresiones como garantía de una paz duradera.
  • Una distribución justa de la tierra que respete los valores ancestrales de la relación con el territorio, proteja los recursos y garantice el derecho a la tierra para quien la necesite.
  • Acciones afirmativas para que las mujeres puedan acceder, en igualdad de condiciones a los hombres, a la propiedad de la tierra, y garantías para la producción y la soberanía alimentaria.
  • A la comunidad internacional apoyar las iniciativas de las mujeres y sus organizaciones para contribuir al reconocimiento como interlocutoras políticas indispensables en el proceso de diálogo y de construcción de la paz.
  • Que el Estado colombiano y las FARC_EP pacten un cese unilateral al fuego, exigencia para el ELN en la eventualidad que inicie diálogos de paz.
  • Que el Gobierno colombiano cese los bombardeos indiscriminados en los cuales se ve afectada la población civil.
  • El respeto a los objetores de conciencia para la prestación del servicio militar obligatorio.
  • Que el Gobierno colombiano acoja la decisión del ELN de iniciar diálogos con el gobierno.

Nos comprometemos a:

  • Denunciar el militarismo y las diversas formas de fundamentalismo religioso que alimentan y legitiman la violencia y la vulneración de los derechos de las mujeres.
  • Fortalecer en lo nacional y regional a Mujeres por la Paz, construir una agenda en común y diseñar mecanismos efectivos y democráticos para la comunicación y toma de decisiones.
  • Exigir a los medios de comunicación transparencia en la información sobre el proceso de diálogo.
  • Contribuir a posicionar las voces de las mujeres como sujetas políticas y ejercitadoras de derechos a la verdad, la justicia, la reparación y no repetición.
  • Exigir el cumplimiento de las responsabilidades del Estado colombiano
  • Mantener la movilización permanente a favor de los diálogos y la paz.

Dada en Bogotá a los 4 días del mes de diciembre de 2012.

La paz sin las mujeres ¡No va!

Por el derecho a libertad de culto y de expresión

Bogotá, Octubre 2 de 2012

Comunicado de Prensa

Las organizaciones y personas firmantes promovemos la libertad de expresión y reconocemos la libertad de culto como un derecho fundamental de los colombianos y colombianas, y trabajamos para que nuestras acciones políticas y personales sean garantes de estas libertades. Estamos en desacuerdo con actos que limiten o vulneren cualquier derecho constitucional, y en consecuencia, rechazamos actos discriminatorios por razones de género, sexo, orientación sexual, religiosa o políticas.

Las organizaciones y ciudadanas-os que promovemos acciones en contra de la re-elección del procurador Alejandro Ordoñez Maldonado lo hacemos en virtud de garantizar que las funciones otorgadas constitucionalmente a este cargo por el artículo 277 de la Constitución Política[1] y en tanto no se respete dicha disposición atenta contra la democracia y el fortalecimiento del estado laico. Entre muchas otras razones, consideramos que la re-elección de Ordoñez Maldonado es improcedente políticamente por lo siguiente:

Nombramientos en la Procuraduría directamente por Ordoñez Maldonado, dando cargos a familiares y amigos de congresistas y de las altas cortes, como se ha registrado en las últimas semanas en medios de comunicación. (http://www.lasillavacia.com/historia/los-nombres-del-poder-del-procurador-36293 ) Incumplimientos sistemáticos a la normatividad sobre derechos sexuales y derechos reproductivos, lo que generó un pronunciamiento de la Corte Constitucional través de la Sentencia 627 de 2012. En éste se confirmó que el Procurador vulnera y amenaza los derechos fundamentales de las mujeres, preocupación expresada en el Comité de Derechos Humanos de la ONU al Estado colombiano en el 2010.

Falta de transparencia en el actual proceso de designación del Procurador pues sin estar conformada la terna ya se han dado apoyo expresos de algunos partidos políticos para la reelección del Sr. Ordóñez, violando de esta manera el derecho a la igualdad entre los-as candidatos-as.

Por lo anterior, las organizaciones y personas firmantes invitamos a la opinión pública para que el proceso de elección del Procurador General de la Nación se lleve a cabo en un escenario de transparencia política y constitucional que garantice las libertades fundamentales de los y las ciudadanas y que devele que quien dice alzar las banderas de la honestidad tiene en la otra mano el clientelismo político para hacerse re-elegir. NO podemos permitir que Alejandro Ordoñez Maldonado tome el estado de su mano y lo aproveche para su beneficio y el de la clase política cuyos intereses abandera exclusivamente.

Firman:

Alianza Colombiana por los Derechos Sexuales y Reproductivos- La Colectiva, Asociación Periferia, Asociación de Ateos y Agnósticos de Bogotá, Cladem Colombia, Casa de la Mujer, Germán Humberto Rincón Perfetti, ILSA, Red Nacional de Mujeres, La Mesa por la Vida y la Salud de la Mujer, Women´s Link Worldwide

[1] La potestad de vigilar el cumplimiento de la Constitución, las leyes, las decisiones judiciales, los actos administrativos y de proteger los derechos humanos y asegurar su efectividad,

Carta de preocupación frente a las acciones dilatorias para acceso a una menor víctima de violencia sexual

El Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer expresa su profunda preocupación e indignación por las maniobras dilatorias del abogado defensor del subteniente Raúl Muñoz Linares, presunto responsable de la violación sexual de una niña de 14 años, el asesinato de una de ellas junto a sus dos hermanos de 9 y 6 años hechos ocurridos en octubre de 2010 en la zona rural del municipio de Tame, departamento de Arauca.

Durante el juicio que se lleva a cabo en los juzgados de Paloquemao, son muchos los medios para obstaculizar el proceso, la presentación de testimonios de supuesto desmovilizados de las Farc, de pruebas como documentos que como lo señala el Fiscal del caso, no fueron decretados en la audiencia preparatoria como lo indica la ley procesal penal, la solicitud de nulidad del juicio y el retroceso del proceso hasta la audiencia preparatoria, con el objetivo de incluir los documentos afectan los derechos de las víctimas a acceder a la verdad, la justicia y la reparación integral.

Al considerar que la violación sexual hacia las mujeres, niñas y jóvenes es un crimen de guerra y un delito de lesa humanidad, que son evidentes los mecanismos de dilación procesal, que es obligación de los Estados garantizar la debida diligencia, tal como lo señalan los estándares internacionales de los derechos de las mujeres, demandamos de las autoridades competentes, el Consejo Superior de la Judicatura, Fiscalía General de la Nación, las garantías para el desarrollo del proceso y para que este crimen no quede en la impunidad.

Expresamos nuestra solidaridad y apoyo a las familias, a la Corporación Humanidad Vigente y a su trabajo en defensa de los derechos de las víctimas frente a graves violaciones de derechos humanos.

Bogotá, 2 de marzo de 2012

[1] Articulación regional feminista, dedicada a la promoción y defensa de los derechos humanos de la mujer, que agrupa a organizaciones no gubernamentales en 14 países de la región. Contamos con Status Consultivo en la categoría II ante el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas desde el año 1995 y en UNESCO desde mayo de 2011. Organización galardonada internacionalmente en marzo del 2009 con el Premio Rey de España a los Derechos Humanos en su Tercera Edición y en el año 2010 con el Premio Gruber a los Derechos Humanos de las mujeres.

Que no se incluya al Sr. Ordoñez en el cargo de Procurador General Nacional

Bogotá, agosto 28 de 2012

Doctor Juan Manuel Santos Calderón
Presidente de la República de Colombia
Casa de Nariño
E. S. D

Ref. Solicitud ciudadana para que el Presidente de la República no incluya al Señor Alejandro Ordoñez Maldonado en la terna para el cargo de Procurador General de la Nacional

Presidente Santos,

En el ejercicio pleno de nuestros derechos constitucionales y legales y en el ejercicio, las y los abajo firmantes nos dirigimos a usted por ser la autoridad competente y quien a través del voto popular juró proteger y garantizar los derechos humanos del pueblo colombiano, para que NO incluya en la terna para elegir Procurador General de la Nación, al procurador actual,Alejandro Ordóñez Maldonado. Nuestra solicitud se funda en el imperioso respeto al Estado laico colombiano, a los derechos constitucionales y a las normas que protegen derechos humanos en nuestro país.

La Constitución de 1991 en el articulado que desarrolla los principios fundamentales, así como los derechos fundamentales específicamente los artículos 16, 18 y 19 concordantes, determina que Colombia NO se regirá por conciencia, dogma o doctrina religiosa alguna y que las instituciones velarán para quelas ciudadanas y ciudadanos gocen sus derechos constitucionales, algo que ha sido ratificado reiteradamente por la Corte Constitucional.

Sin embargo, el ejercicio público que ha realizado Alejandro Ordoñez, como Procurador General de la Nación, a través de diversos pronunciamientos públicos demuestra, ha expresado su claro rechazo e inobjetable radical oposición al reconocimiento de los derechos sexuales y derechos reproductivos como la interrupción voluntaria del embarazo, el derecho al libre desarrollo de la personalidad y los derechos reconocidos a las parejas del mismo sexo-, así como a la difusión de programas que protejan la salud sexual y reproductiva y en general un rechazo a todo pronunciamiento legal o tratado internacional que reconozca los derechos sexuales y derechos reproductivos. De igual modo se ha pronunciado a favor de las corridas de toros como una expresión cultural, tuvo dudosas actuaciones cuando fue Consejero de Estado, en favorecimiento a algunos militares implicados con el paramilitarismo, entre muchas otras actuaciones que se mencionan a continuación:

Solicitó la nulidad de una sentencia de la Corte Constitucional que ordenaba al Ministerio de Protección Social, al Ministerio de Educación, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación, diseñar y poner en movimiento campañas masivas de promoción de los derechos sexuales y derechos reproductivos de las mujeres, especialmente relacionados con la interrupción voluntaria del embarazo.

Se ha negado a permitir que se conozcan ampliamente los tres casos en los que está despenalizado el aborto en Colombia, según la sentencia C-355 del 10 de mayo del 2006 de la Corte Constitucional y ha equiparado los métodos anticonceptivos con el aborto, teniendo pleno conocimiento de que son diferentes.

Considera a las personas LGBTI como ciudadanos y ciudadanas de segunda clase, oponiéndose a la adopción homoparental y el matrimonio igualitario, a pesar de estar reconocido en la Constitución que todas las personas somos iguales y tenemos los mismos derechos ante la ley, y que cuatro importantes Universidades dieron concepto favorable a este respecto. Alejandro Ordóñez ha hecho gala de su homofobia en su libro “Hacia el libre desarrollo de nuestra animalidad” en el que de manera prejuiciosa arremete contra las personas homosexuales a quienes califica de “antinaturales”, retomando conceptos propios de la moral católica, y de la de Tomás de Aquino,específicamente. Su actuación desconoce la sentencia T-716 del 2011 que ratifica que las parejas del mismo sexo sí son familia, así como los estudios de muchos centros universitarios que ratifican que la orientación homosexual no es una enfermedad y que las parejas del mismo sexo pueden adoptar menores.

Mantiene una ética especicista, en la que considera inferiores a otros organismos sintientes, posicionándose a favor de las corridas de toros, calificándolos como bienes de interés cultural, lo que a nuestro juicio perpetúa la cultura de la violencia, el sadismo y la muerte, en una nación que debería encaminarse hacia la compasión y la bondad, como la vía para alcanzar la paz que Colombia se merece.

Se opone al derecho que le asiste a una persona de poder elegir por una muerte digna de manera que no tenga que soportar una larga agonía, por medio de la eutanasia de libre elección; con esta postura el procurador quiere imponer una visión religiosa particularviolentando con ello la laicidad del estado colombianao y otros derechos fundamentales.

Favorece a la Iglesia Católica en la procuraduría, destinando dineros públicos para actos religiosos, en detrimento de las minorías que no suscriben la religión católica, pero que también pagan impuestos, no precisamente para que se vayan en la promoción de un credo particular.

Los anteriores son solo algunos ejemplos que demuestran cómo las creencias religiosas del actua Procurador General de la Nación condicionan y afectan el ejercicio de sus funciones. Por ello y por las razones expuestas sus actuaciones promocionan los fundamentalismos de la homofobia, la misoginia, la crueldad contra los animales y principalmente violan el principio constitucional del Estado Laico.

Señor Presidente, incluir a Alejandro Ordoñez Maldonado en la terna cierra los caminos abiertos para el ejercicio real y cotidiano de la libertad religiosa en Colombia y riñe con los procesos que hacen efectiva la separación entre los poderes eclesiales y los civiles. Esperamos que sus principios liberales lo guíen en su decisión de NO TERNARLO, lo cual afectará a un país que no puede continuar desangrándose no solo por la guerra, sino por la incapacidad de respetar la diferencia y de no considerar que la aniquilación social, política o vital son la solución para nuestros conflictos.

Atentamente,

Alianza Colombiana por los derechos sexuales y derechos reproductivos- La Colectiva ( vocerías Barranquilla, Bogotá, Buenaventura, Bucaramanga, Cartagena, Cali, Calarcá, Medellín, Pereira, Quibdó, Puerto Caicedo); Anderson Gómez Malpica ACEU; Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz- APSCP; Asociación de Ateos de Cali; Asociación de Ateos y Agnósticos de Bogotá; Asociación de Mujeres de Puerto Caicedo- Putumayo; Asociación Líderes en Acción; Asociación Periferia; ASODEMUC; Casa de la Mujer- Bogotá; Casa de la Mujer Aura María Panneso- Quibdó; Casa de la Mujer Stella Brand- Pereira;
Católicas por el Derecho a Decidir-Colombia; Central Unitaria de Trabajadores CUT- Departamento Mujer;
Centro de Promoción y Cultura – FASOL; Cepalc; Cladem Colombia; Clemencia Jaramillo Patiño- Abogada;
Colectiva Mujer Exideales; Colectivo de Mujeres del Resguardo Cañamomo y Lomaprieta- Riosucio, Caldas;
Colectivo WIWA- Buenaventura; Colombia Diversa; Comunitar- Popayán; Corporación Educativa y Cultural- Simón Bolívar; Corporación Reiniciar

La Corte Constitucional ordena al Estado pago de salario Mínimo a madres comunitarias

El Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho Alternativos -ILSA, el Comité de América Latina y el Caribe para la defensa de los derechos de las Mujeres -CLADEM y el Tribunal de Mujeres tejiendo redes para la exigibilidad de sus DESC saluda la orden de la Corte Constitucional al Estado Colombiano de pagar el salario mínimo legal vigente a las madres comunitarias, un reconocimiento a las demandas históricas del movimiento de madres comunitarias y la Mesa Nacional de organizaciones de Madres Comunitarias apoyadas por ILSA, la Central Unitaria de Trabajadores CUT, SERCOLDES y el Sindicato de trabajadores de Bienestar Familiar entre otras.

Llamamos a la Presidenta de la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer del Congreso de la República, la Alta Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, el Ministerio de Hacienda, el Departamento Nacional de Planeación y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF, implementar la medidas de su competencia para el cumplimiento de las órdenes de la Corte Constitucional.

Llamamos a las organizaciones de madres comunitarias a fortalecer los procesos de exigibilidad de sus derechos, a rodear a la Mesa Nacional de organizaciones de Madres Comunitarias en las tareas que se derivan de esta transcendental decisión de la Corte Constitucional. A las plataformas y redes de mujeres y organizaciones de derechos humanos a acompañarlas en esta tarea.

Fuente: El Mercurio

17.09.2012

http://www.elmercuriodigital.net/2012/09/colombia-la-corte-constitucional-ordena.html

2011

Participando en la Campaña "Nuestras Voces se Multiplican"

Uno de los grandes aportes del feminismo a la sociedad es la acción en defensa del derecho a una vida libre de violencias para las mujeres. Por ello, diversas instituciones, organizaciones y ciudadanos y ciudadanas de la región de América Latina y el Caribe participarán en diversos actos políticos para conmemorar 30 años de promulgación del 25 de Noviembre como Día de la No Violencia contra las Mujeres.

Con el slogan NUESTRAS VOCES SE MULTIPLICAN: POR EL DERECHO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIAS se está convocando a las instituciones, organizaciones y a la ciudadanía en su conjunto a que sigan llevando a cabo acciones sistemáticas para erradicar la violencia contra las mujeres ya que si bien es cierto que ha habido grandes avances en estas tres década, todavía queda mucho trabajo por hacer para erradicar la violencia contras las mujeres en la región.

Continúan los asesinatos y amenazas contra mujeres en Colombia

El Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM) continúa manifestando su indignación y rechazo por las violencias contra la vida y la integridad de las mujeres, en la casa, en la calle, en su lugar de trabajo; por la ausencia de garantías y las medidas para prevenir, sancionar y condenar a los victimarios por parte del Estado y las autoridades competentes; por la impunidad que cobija estos delitos contra las mujeres que dedican su vida a la defensa de los derechos humanos; porque persiste el silencio de la sociedad.

En las últimas semanas han sido víctimas de estos hechos LUZ MILA CHAVEZ, reconocida activista política y sindical del Departamento de Casanare, fundadora del Departamento de la Mujer de la Central Unitaria de Trabajadores CUT, integrante de la Alianza Iniciativa de Mujeres por la Paz y defensora de los derechos de las mujeres, asesinada el 8 de agosto por un hombre en su casa.

2010

Indignación y rechazo ante el asesinato de la empresaria barranquillera Clarena Piedad Acosta Gomez

CLADEM Colombia se suma a las voces de indignación y rechazo del asesinado de la empresaria barranquillera Clarena Piedad Acosta Gomez de 43 años el pasado 1 de enero, a manos de su ex esposo Samuel Enrique Viñas Abomohor. El feminicidio ocurrido en Barranquilla, es la expresión más extrema de las violencias que se ejercen contra las mujeres, como resultado de un orden social basado en la exclusión y la discriminación.

Exigimos a la Fiscalía General de la Nación dar cumplimiento a la ley 1257 de 2008 sobre no violencias contra las mujeres, la cual prevé diversas herramientas para la investigación, sanción y reparación a las víctimas de estas conductas y en tal sentido, que reconsidere la decisión del señor Edilberto Corredor Ropero Fiscal Décimo de la Unidad de Reacción Inmediata quien dejó en libertad al agresor después de cometer el feminicidio. De igual manera, es un imperativo legal para la Fiscalía tomar en consideración que la ley mencionada prevé la agravación del homicidio cuando se comete contra una mujer por el hecho de serlo.

2006

Amicus Curiae del CLADEM: Coadyuvancia a la demanda D6122 presentada por Mónica Roa

CLADEM desarrollará los argumentos de derecho por los cuales considera que la demanda interpuesta por la Dra. Mónica del Pilar Roa López, debe ser declarada FUNDADA por la Corte Constitucional, y por lo tanto inexiquibles los artículos. 122, 123, 124 y 32 (7) de la Ley 599 del 2000, Código Penal de Colombia.

La secuencia de presentación es la siguiente:

  • La penalización del aborto en la legislación penal Colombiana vulnera derechos fundamentales de las mujeres sometidas a su normatividad.
  • El Estado Colombiano, a través de la penalización del aborto, ejerce discriminación por sexo contra las mujeres gestantes, su actuación no aprueba el juicio estricto o intenso establecido para este tipo de casos.
  • Presentación del Caso Karen Llantoy resuelto por el Comité de Derechos Humanos, que da cuenta del sometimiento de las mujeres a tratos crueles e inhumanos por parte del Estado en relación a la negativa de este a un acceso al aborto seguro para las mujeres gestantes.

Corte Constitucional emitió un fallo histórico y reconoció parte de uno de sus derechos tanto tiempo postergado: el derecho al aborto.

A partir del 10 de mayo de 2006, en adelante, constituirá para las mujeres Colombianas un día de júbilo ya que ese día la Corte Constitucional emitió un fallo histórico y reconoció parte de uno de sus derechos tanto tiempo postergado: el derecho al aborto.

Efectivamente, la Corte Constitucional Colombiana estableció que es inconstitucional penalizar el aborto cuando la continuación del embarazo constituye peligro para la vida o la salud de la mujer, cuando exista grave malformación del feto que haga inviable su vida, y cuando el embarazo sea resultado de una violación.

De este modo, con la votación de cinco magistrados a favor y tres en contra la Corte Constitucional acogió el concepto del procurador Edgardo Maya Villazón, quien ratificó la demanda de inconstitucionalidad presentada por la jurista Mónica Roa, estableciéndose la despenalización del aborto en estos tres casos especiales.

Contexto nacional

 

El Estado colombiano, aunque formalmente respalda los tratados internacionales de derechos humanos y es signatario de la mayoría de ellos tanto en el sistema de Naciones Unidas como en el Interamericano, en la práctica muestra un bajo nivel de compromiso para respetar y garantizar las obligaciones contraídas por este.

En Colombia, al igual que en otros países de la región, ha realizado enormes esfuerzos a través de sus leyes para garantizar a las mujeres el principio de igualdad y no discriminación. Estos años se han caracterizado por una significativa producción de normativas y jurisprudencias en la materia, lo que no ha sido, sin embargo, garantía para el ejercicio real de los derechos de las mujeres.

Por otra parte, pese a los esfuerzos que en materia de prevención de violencia contra la mujer realizada en el país, la sociedad colombiana sigue presentando tasas muy altas de violencia doméstica y violencia sexual, aún no existe una sociedad permeada frente a esta problemática que afecta mayoritariamente a las mujeres y en quienes en muchos casos sigue recayendo la culpabilidad de los hechos que enfrenta desconociéndoseles sus derechos.

De especial preocupación es la situación de las mujeres en zonas afectadas por el conflicto armado, pues la violencia contra las mujeres se exacerba en tiempos de guerra profundizándose la discriminación histórica que las afecta. En el caso colombiano se ha documentado que todos los actores armados han utilizado diversas formas de violencia contra la población civil y en el caso de mujeres y niñas modalidades particulares de violencia sexual que también se presenta respecto de sus propias combatientes. No existen políticas públicas diferenciales ni medidas especiales para atender las necesidades de las mujeres como víctimas de la guerra. Tampoco se ha avanzado en incorporar a las mujeres como actoras sociales a los incipientes procesos de negociación y de resolución del conflicto.

Respecto de las mujeres en situación de desplazamiento, la legislación no ha avanzado en la adopción de medidas para garantizar la protección especial de sus derechos. Las mujeres, niñas y adolescentes en situación de desplazamiento han sido víctimas de amenazas, maltratos y abusos y expuestas a la esclavitud sexual, la prostitución forzada, la violencia doméstica y sexual.

En materia de salud, la misma que no está contemplada como derecho fundamental en la Constitución Política de Colombia, pero hace parte de los derechos económicos, sociales y culturales y se considera un servicio público a cargo del Estado; puede ser tutelada, cuando ella tiene conexidad con el derecho a la vida.

Uno de los temas en los cuales se evidencia la falta de acceso a la salud sino también la calidad del servicio es el referido a la salud materna, reducir la muerte y el sufrimiento que conllevan el embarazo y el parto especialmente en las mujeres más pobres continúa siendo una deuda pendiente en el país. A pesar de la atención que ha recibido la problemática en las últimas décadas, el Estado colombiano no ha logrado enfrentar de manera integral la salud materna. La mortalidad materna es casi exclusivamente un problema de las mujeres con menos recursos económicos y educativos.

Respecto a la salud sexual y reproductiva, el 22 de octubre de 2009 el Consejo de Estado suspendió provisionalmente la reglamentación de la interrupción voluntaria del embarazo, IVE, después de que la Corte Constitucional emitiera sentencia que reitera el necesario cumplimiento del aborto legal, y ordena a los Ministerios de Educación y Protección Social poner en marcha un plan de promoción de los derechos sexuales y reproductivos, y de información sobre causales bajo las cuales está despenalizado el aborto. Efectivamente, en 2006, dicha Corte emitió la Sentencia C-355 que despenaliza el aborto en casos de violación o incesto, malformación del feto que haga inviable su vida extrauterina y cuando existen riesgos para la salud mental o física de la mujer. A pesar de ello las mujeres siguen encontrando obstáculos para su aplicación, principalmente por la objeción de conciencia, por lo cual la Corte avanzó en su reglamentación, la que ahora suspendió el Consejo de Estado.

 

ALGUNAS CIFRAS

POBLACIÓN

Población en Colombia

%

Mujeres

%

Hombres

EMPLEO

Población en Edad de Trabajar (PET)

%

Mujeres

%

Hombres

Población Económicamente Activa (PEA)

%

Mujeres

%

Hombres

Población Económicamente Inactiva (PEI)

%

Mujeres

%

Hombres

NIVEL DE POBREZA

Para 2005, el 60% de la población colombiana vivía en condiciones de pobreza, de estos hogares el 26.6% tenían jefatura femenina. Para el mismo año, el 25 % de la población colombiana se encontraba en situación de indigencia (carencia absoluta de recursos para acceder a alimentación básica diaria), de estos hogares, el 31% tenían jefatura femenina. En Colombia, la incidencia de la pobreza en las mujeres pasó de 75.5% a 78.1% entre 2000 y 2004, de la misma manera, la incidencia de la indigencia se incrementó de 41.3% a 43.6% durante este lapso de tiempo.

EDUCACIÓN

En el 2009, se observa que la tasa de analfabetismo en la población total es de 9,7%. Ya entre las mujeres, la tasa fue de 9,8%, mientras que los hombres era de 10,2%. Entre las personas de color negra correspondía al 13,4%. Mientras que las personas de color blanca equivalía a 5,9%. Cuanto a los años de escolarización para la población por encima de los 15 años de edad, en 2009, la media de años para toda la población era de 7,5. Para el sexo femenino en el mismo año, la media era de 7,7 años, mientras que para el masculino era de 7,4 años. E la población blanca la media de años de estudio es de 8,4 años, mientras que la población de color negra tiene, en media, 6,7 años

CIFRAS Y PORCENTAJES DE CASOS DE VÍCTIMA DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

Entre julio de 2006 y junio de 2007, se registró la muerte o desaparición de 127 mujeres a causa de la violencia en el contexto del conflicto armado interno. De ellas, 98 fueron asesinadas o desaparecidas por fuera de combate (en la calle, en su casa o en el lugar de trabajo).

Durante el año 2007 se evaluaron 77.745 víctimas por violencia intrafamiliar. Del total de los eventos, el mayor porcentaje correspondió a casos de violencia de pareja (46.615 casos), seguido por la violencia entre otros familiares (17.510).

Para el año 2006, una cifra de 19.592 dictámenes sexológicos a mujeres.

SALUD

  • En el 2003, la tasa de mortalidad general (por cada 1,000 habitantes) en mujeres era de 346,3 y en varones 541,6.
  • Las causas directas de mortalidad materna, el 35% corresponden a eclampsia, el 25% a complicaciones durante el trabajo de parto y el parto, el 16% a embarazo terminado en aborto, el 9% a otras complicaciones del embarazo, el 8% a complicaciones del puerperio y el 7% a hemorragias. (5) Según cifras del DANE, la tasa de mortalidad por cáncer de seno aumentó de un 7.2 a un 8.58 entre 2000 y 2005, y la tasa de mortalidad por cáncer de útero presentó una disminución poco significativa pasando de 10.05% a 9.7%.

DERECHOS SEXUALES Y DERECHOS REPRODUCTIVOS

  • La tasa global de fecundidad en Colombia continua presentando una reducción importante, pasando de 3 hijos por mujer para el año 1995, a 2.4 hijos por mujeres en el 2005.
  • En el mismo sentido, en la zona urbana la tasa de fecundidad se redujo pasando de 2.3 hijos por mujer a 2.1 hijos por mujer, mientras que en la zona rural pasó de 3.8 hijos por mujer a 3.4 hijos por mujer.

VIVIENDA

De acuerdo con los últimos informes del Departamento Nacional de Planeación se calcula el déficit de vivienda urbana en Colombia en 2.300.000 unidades y el ICAV (entidad que agrupa a las corporaciones de Ahorro y vivienda privadas) basado en la Encuesta de Calidad de Vida del DANE, señaló que el déficit rural sobrepasa el 1.800.000 unidades.

PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS MUJERES

El Senado, de un total de 100 senadores/as, sólo 15 son mujeres.

Composición de la articulación Nacional

Organizaciones

APRODEFA, Casa de la Mujer, ANMUCIC, Proyecto Pasos, ILSA, CEDESOCIAL, VOCES DEL DERECHO, MUJERES AL DERECHO.

Integrantes a título individual

Contacta con CLADEM Colombia

8 + 5 =

Coordinación nacional

Cindy Vanessa Ballestas Coronado

Dirección:
APRODEFA – Calle 72 Nº 35b-38 primer piso, Barranquilla-Atlántico.

Teléfono:
57-3145538337-3012029671