Bolivia

Coordinación Nacional:

Patricia Bráñez

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Bolivia desde octubre 2019 hasta la fecha vive una crisis política y social, con un alto grado de participación de agrupaciones fundamentalista que han logrado incorporarse en el esquema gubernamental y de todas las organizaciones políticas, con el objetivo de intervenir en las elecciones nacionales y de las entidades territoriales autónomas del presente año, lo que constituye un riesgo para los derechos de las mujeres. A lo que se añade los altos índices de pobreza acumulada, aspecto que impacta a las mujeres de todas las edades, teniendo en cuenta que aproximadamente el 70% de las mismas trabajan en el mercado informal.

Con la declaratoria de cuarentena (marzo/2020) para prevenir el contagio del COVID-19, ha desnudado las enormes desigualdades de género en lo económico y social en el país. La declaración de cuarentena en el mes de marzo, ha significado para las mujeres, niñas y adolescentes, convivir con sus agresores en el hogar, donde la violencia se ha incrementado y no ha existido una respuesta institucional estatal para proteger y garantizar sus derechos.

Al contrario, se ha mostrado una persistente debilidad, las instancias de protección no han respondido efectivamente a las demandas de las mujeres, ni a los pedidos de ayuda efectiva y pronta. Desde que se iniciaron las medidas de restricción por el COVID-19, la Fiscalía General de Bolivia ha reportado 8.678 denuncias de violencia ocurridos entre el 22 de marzo al 9 de agosto. De este total los datos más importantes son: 488 casos corresponden a abuso sexual; 266 casos a estupro; 388 por violación a infante, niño, niña o adolescente; violación 398 y violencia familiar o doméstica 6.985 casos. La misma fuente señala que en este periodo han muerto violentamente 44 mujeres víctimas de feminicidio y 21 infanticidios (Fiscalía General del estado Plurinacional de Bolivia, reporte en su página web al 9 de agosto/2020).

A lo que hay que añadir que entre enero y mayo (2020) el Sistema Nacional de información en Salud – SNIS ha registrado que 26 niñas entre 10 y 14 años han ingresado al sistema de salud con hemorragia en la primera mitad del embarazo que terminaron en aborto, lo mismo ocurrió con 628 adolescentes entre 15 y 19 años. En el mismo periodo el sistema de salud ha atendido 663 niñas embarazadas menores de 15 años y 12.867 adolescentes de entre 15 y 19 años. Tristemente ni el gobierno, ni los medios de comunicación, ni el sistema de salud reporta estos embarazos de la violencia sexual.

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