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Activamos una acción urgente dirigida al Presidente de la CIDH y al Fiscal de la Nación de la República del Perú debido a que consideramos que el otorgamiento de beneficios presidenciales a Alberto Fujimori constituye un incumplimiento de la obligación internacional del Estado peruano sobre el deber de investigar las violaciones de los derechos humanos, sancionar a los responsables y reparar a las víctimas. Esta decisión es contraria a los derechos de las víctimas de esterilizaciones forzosas y de sus familiares, y sienta un grave precedente para el Perú y para toda América Latina y el Caribe.

Por lo tanto, peticionamos:

– Que la CIDH emita un pronunciamiento público en el que se reconozcan los efectos negativos que tuvo esta decisión sobre el cumplimiento del ASA según informe N° 71/03.
– Que ante la gravedad de la decisión adoptada, la CIDH otorgue audiencia pública de supervisión de cumplimiento del cumplimiento del Acuerdo de Solución Amistosa en el presente caso que fuera solicitada por las organizaciones copeticionantes, para el próximo periodo de sesiones que se celebrará en Bogotá el 22 de febrero al 2 de marzo de 2018 para recibir mayor información, incluyendo la perspectiva de las víctimas del caso y sobre la implementación del ASA en general.
– Urgimos a que la Fiscalía General de la Nación, se pronuncie sobre la
resolución, igualmente resuelva las quejas por archivo pendiente,
inaplique la resolución y concluya las investigación de las
esterilizaciones forzadas en el Perú denunciadas por las víctimas de
esta flagrante violación de derechos humanos y delito de lesa
humanidad.

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